Anatomía del poder ilegal (Planeta, 2025), el nuevo libro de la socióloga Lucía Dammert, es un viaje por Latinoamérica para entender cómo se enfrenta la criminalidad y a las crecientes economías ilegales en cada nación. Los mismos problemas que hay en nuestras calles, las muertes por extorsión que nos asustan y nos indignan, se replican en Colombia o Ecuador. La corrupción es también un sello de toda la región. ¿Nos convertiremos en un enorme territorio dominado por mafias o hay manera de salir de este espiral? Dammert, responde.
Sí, en realidad vengo estudiando este tema hace 25 años, pero hace 10 que empecé con la idea de escribir algo distinto por lo que veía que estaba pasando en América Latina. Y empecé a trabajar en esto porque me di cuenta que era una temática de la que había muy poquito estudio en esa época. Y también que estaba muy dominada por el mundo de los abogados. Y después vinieron los economistas. Entonces, vi que valía la pena empezar a mirar este fenómeno que, hace 25 años, parecía emergente. Y a mí siempre me ha gustado la política pública. Entonces, era un área que me permitía también hacer las dos cosas.
Para hacer esta investigación ha recorrido buena parte de los países del continente. ¿En algún momento vio alguna cosa dramática que tuviera que ver directamente con su investigación? ¿Alguna cosa que la conmoviera?
Todo es bien conmovedor en realidad. Por eso es que decidí hacer este libro, que no es un libro académico, con solamente números, sino que hay mucha historia de vida, porque te encuentras con mujeres que han sido víctimas de tráfico de inmigrantes o de trata de personas. Y también te encuentras con muchos latinoamericanos, dentro de ellos bastantes peruanos, que son víctimas, de extorsión. Y ves cómo la extorsión va impactando en tu calidad de vida, en la forma como ves el futuro, en la forma como ves el régimen, la política. Yo partí pensando un poco en la calidad de la democracia, en el juego de los actores políticos e institucionales, y terminé hablando de ciudadanos, y cómo este fenómeno los afecta directamente. Mira, estuve en Bolivia, y allí es cuestión de ver cómo a los campesinos, a los pobladores más pobres del país, los afecta la minería ilegal. A veces, uno habla de minería ilegal como si ocurriera en el planeta Venus, pero hay gente que vive allí, en una situación casi de secuestro permanente.
Claro, hay una dimensión cotidiana de la inseguridad y de la violencia.
Sí. Mira, el libro se llama Anatomía del Poder Ilegal, y no quería ponerle, digamos, anatomía del crimen organizado, porque creo que el desafío de América Latina no es solo el crimen organizado, sino esta mesa sobre la que estamos todos sentados, donde hay mercados ilegales muy fuertes que están corrompiendo la política en su totalidad, arriba y abajo, en todos los espacios. No solo es un tema de corrupción de la Policía, o de la justicia, o de las cárceles, sino que hay un deterioro muy grande de la calidad y cualidad del sector público y el privado. Y nuestros estados son paupérrimos en casi todas las áreas, pero principalmente en las áreas de fiscalización. Entonces, tú no podrías tener el negocio de la minería ilegal, en Perú, en Colombia, si no tuvieras los niveles de corrupción que hay, y no tuvieras que los fiscalizadores son dos pobres personajes que están dando vueltas por ahí, que se mueren de susto, o que los amenazan.
Ahora, hay algunas cifras impactantes en el libro. Por ejemplo, usted dice que desde el 2000, más de 3 millones de latinoamericanos han sido víctimas de homicidio. ¿Eso nos convierte en este momento en la región más violenta de todo el planeta?
Si, somos la región más violenta de todo el planeta, tenemos el 8% de la población, pero representamos el 30% de los homicidios. Y si bien ha bajado en algunos países, en la mayoría la tasa de homicidio es muy alta. Nos mata el crimen organizado y nos matamos también por otros motivos. En muchos países, las peleas entre vecinos se están resolviendo a balazos, en la calle.
¿En países de Latinoamérica muere más gente que en países que están en guerra?
En América Latina eufemísticamente nos llamamos un territorio en paz, pero en realidad tenemos más muertos que algunos territorios que están en guerra, tenemos unas situaciones de población que están bajo una gobernanza criminal importante, tenemos muchos jóvenes que son reclutados para estas organizaciones criminales. Entonces, si tú quieres hacer un símil con una situación de guerra, hay varios elementos que podrían mostrarlo. Ahora, dicho eso, no hay que llevar esta retórica a la retórica de la guerra, porque acá lo que estamos viendo es un mercado. Es un mercado que tiene demanda, que tiene una estructura ilegal y otra legal, y solo si lo vemos como un mercado, que mueve muchos intereses, vamos a poder terminarlo o regularlo.
En la región siempre hemos visto a Uruguay, a Costa Rica y a Chile como ejemplos por su capacidad de atraer inversiones, porque tienen altos índices de competitividad, porque tienen los servicios más o menos eficaces, pero usted dice que, en este momento, en estos países el tema de la violencia criminal es el eje del debate público. ¿Cómo pasó esto?
Te diría tres cosas. Primero, ya no hay países de excepción en América Latina respecto a los mercados ilegales. Segundo, los mercados ilegales se mueven con mucha facilidad. O sea, tú generas algún tipo de control mayor en el Callao y empiezan a salir por otros puertos. Y el hecho de la explosión de violencia en Ecuador está muy vinculado a la firma de paz en Colombia. Y algunos espacios de violencia en el Brasil tienen que ver con la cocaína peruana que está saliendo por ahí. Entonces, tú tienes hoy día que no hay ningún país que pueda decir mira: Yo soy una isla de paz, por acá no hay ningún mercado ilegal. Lo segundo es que la gran mayoría de países latinoamericanos han aumentado su consumo de productos ilegales, ya sea cigarrillos robados o contrabandeados, ya sea cobre, oro ilegal, personas, y por supuesto droga. Entonces, eso también lleva a la constitución de mercados locales. Y esa constitución de mercados locales hace que los grupos se peleen y sube la tasa de homicidios. En Costa Rica es tres veces el promedio mundial, en Uruguay es dos veces el promedio mundial, y en Chile está un poquito por encima del promedio mundial, pero es el doble de lo que estaba diez años atrás.
Sudamérica tuvo buenas cifras de crecimiento la primera década de este siglo, luego esto se ha estancado en la mayoría de países. ¿Eso tiene que ver también con el fortalecimiento de las estructuras criminales?
Sí, hay varios académicos, colegas míos, que están por esa teoría, de cómo el crecimiento económico y la generación de riqueza en los sectores medios pudo influir. Pero es una riqueza, digamos, de consumo, es una gente que empieza a consumir lo que pueda consumir. Y muchas veces eso también lleva a la informalidad y la ilegalidad, porque en vez de comprar un reloj que te cuesta 100 mil dólares, te ofrecen el mismo reloj a 20 mil y no preguntas de dónde sale. Entonces, yo creo que hay de eso un poco. Y el modelo de desarrollo nuestro, es un modelo que pone mucho énfasis en los beneficios económicos, en el logro, te lleva a tratar de tener mayores niveles de demostración de consumo. Pero lo que también hay que tener claro es que esta década de crecimiento, y creo que Perú es un claro ejemplo, es un tiempo donde a un porcentaje de gente le fue muy bien, pero una mayoría no recibió resultados evidentes de ese crecimiento
Y se abrió una brecha.
Digamos que hay un 50% pobre, que ve que ya se venden autos de lujo, relojes, y también ve que hay droga, prostitución a escala grande. Y esa gente empieza a ver en la ilegalidad una forma de conseguir ese preciado logro que es el dinero.
Hay una afirmación en el libro sobre el caso de El Salvador. Usted dice: “El modelo Bukele no es un escalón más en la estrategia de seguridad pública, sino un salto en un proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho”. Explíqueme por qué.
Lo primero que hay que decir es que El Salvador es un país que no tiene casi similaridad con ningún otro de América Latina, por el tamaño, por los niveles de pobreza, por los niveles de población que está fuera del país. Y luego, también es un país que tenía problemas enormes de violencia, pero mucho más parecido a estos pequeños grupos que están extorsionando gente y matando gente en sectores populares, más que grandes carteles transnacionales de cualquier mercado. Eso es muy importante, porque si no uno dice: “Es que en Perú deberíamos hacer lo mismo”. Bueno, no, porque Perú es el primer productor de cocaína del mundo. Entonces, hay otros intereses. Si no, hay que mirar lo que pasa en Ecuador, que han tratado de implementar esos mecanismos y no funcionaron. Lo más importante, creo yo, es que el modelo Bukele es un modelo político, no es un modelo de política criminal. Y el modelo político se basa en gobernar en un estado de excepción, donde las libertades de todos están limitadas, con unos niveles de transparencia mínimos en muchas cosas, por ejemplo en los acuerdos con las organizaciones criminales.
En el diagnóstico general del libro el principal problema de esta crisis de seguridad es la debilidad del Estado frente a las estructuras criminales. Lo curioso, y también lo menciona en el texto, es que esto se hizo evidente en la pandemia, cuando estas organizaciones tuvieron que asumir el rol del Estado y subsanar algunas carencias para la población, en temas de alimentación, por ejemplo.
Sí, mira, te diría que allí estuvo la debilidad del Estado y la corrupción. Creo que, dado el nivel de corrupción que hay en la obra pública, muchos países no estaban preparados para enfrentar la pandemia. Y luego tomaron decisiones muy malas, sobre todo para los sectores populares. Y por eso es que nosotros tenemos los tres o cuatro países con más muertos per cápita del mundo. Y Perú es uno de ellos.
El que encabeza esa relación.
Sí, y sí creo que en muchos sectores donde había organizaciones criminales presentes, el abandono del Estado, la no llegada, la incapacidad, todo, dio un espacio para que estas organizaciones criminales, que también estaban pasando por su propia crisis, porque no podían sacar la coca para ningún lado, y ya no podían recuperar plata de ningún mercado porque estaba cerrado todo, en muchos casos tuvieron que aumentar su control territorial, pero también fidelizar a la gente. Y no son pocos los casos donde se ve que ayudan económicamente, que generan comida, que establecen un cierto control social, un capital social, con la población.
Una de las propuestas para vislumbrar alguna solución con este problema es que el Estado se fortalezca y retome un poco el control del uso de la fuerza. ¿Eso no choca con todos estos discursos que quieren un Estado pequeño, un Estado caso invisible?
Sí, no sé, el que quiera un Estado pequeño va a tener que vivir en un Estado criminal o ilegal, porque no existe posibilidad de controlar los incentivos de los mercados ilegales sin fiscalización estatal. Yo no estoy diciendo un Estado militarizado, porque la verdad es que uno puede militarizarlo, pero eso solo aumenta el precio de los productos. Porque hay gente que consume drogas y si eso no fuera un mercado, la guerra contra las drogas ya hubiera terminado con la producción de cocaína, pero producimos más cocaína que cuando empezó la guerra. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que evidentemente en la discusión de los mercados ilegales tenemos que salir de la discusión medio vacía de decir yo quiero más Estado o menos Estado. Uno tiene que tener el Estado para alguna cosa. Uno, cobrar impuestos. Dos, monopolio del uso la fuerza, y en este caso fiscalización de fiscalizadores, porque, ¿quién va a fiscalizar a los que están mirando el problema de la tala ilegal en la Amazonía? ¿Vas a tercerizar eso? ¿Vamos a tener, no sé, mercenarios de la fiscalización del oro? Ahí hay una discusión. O sea, ¿necesitas un Estado? No un Estado gigante, ineficiente, corrupto. Pero el Estado es necesario, un mejor Estado, mucho más moderno. Si no, los incentivos a los mercados ilegales van a terminar tomando control.
¿ Hay algún modelo eficiente de lucha contra las drogas en la región?
Eso depende de qué significa eficiente. Si tú dices, mira, eficiente es bajar los niveles de violencia respecto a los que consumen droga. Bueno, tú tienes, por ejemplo, Uruguay, donde el consumo de marihuana está permitido, en formatos medicinales. ¿Eso terminó con la delincuencia? No, eso terminó con una parte del fenómeno. Y eficiente en el sentido de bajar los niveles de homicidio, hay algunos casos. Brasil bajó los casos de homicidio. Ciudades como Cali y Medellín bajaron las tasas de homicidio en algún minuto. Ahora suben por otras cosas. Pero claramente la guerra contra las drogas como estrategia de política pública no ha funcionado. Eso no está funcionando porque, además, cada día hay más gente que consume más drogas químicas.
Un dato interesante del libro es que los mercados ilegales no quieren permanecer como tales, sino que quieren ganar dinero y luego pasarlo al mundo legal. No es que existan en un mundo paralelo.
¡Son verdaderas industrias! Lo que están viendo es el bottom line (la línea de los estados financieros), si es azul o rojo, y bueno, si es azul, van invirtiendo. No son pocos los casos que estamos viendo en América Latina de organizaciones que tienen algún pasado vinculado a mercados ilegales que luego entran a comprar industrias del aguacate, el limón, la palta, empiezan a diversificarse en áreas, compran muchos terrenos, porque la plata no se puede esconder.
De hecho, se da la situación de que a veces mandan a sus hijos a las universidades para pensar cómo van a pasar su dinero al mundo legal.
Sí, porque llega un momento donde esto es muy peligroso, sobre todo lo en el mundo de las drogas. Y si uno ya está ahí y no quiere necesariamente que sus hijos sean el próximo muerto. Por eso, yo lo que planteo es que hay que mirar esto como una cosa económica en términos de mercados y como una cosa política en términos de poder ilegal.
Ahora, siempre veíamos con desconfianza algunos partidos porque pensábamos que tenían conexiones con el mundo ilegal. Pero ahora lo que se ve es que el mundo ilegal ya tiene sus propios partidos, ya no necesita de uno o dos representantes, porque tienen bancadas completas. ¿Esa es una tendencia?
Es difícil saber. Lo que sí te puedo decir es que hay muchos países que tienen exministros, expresidentes, exalcaldes, exgobernadores presos por corrupción, por lavado, por vinculaciones con organizaciones criminales de diverso nivel, entonces todo eso te demuestra que hay un problema. Luego tienes cientos de casos diarios en América Latina de situaciones de corrupción más específicas, individuales. Y en paralelo tienes partidos políticos cada vez más debilitados, con menos arraigo ciudadano. Los militantes antiguos de los 70 no existen más. En este escenario, los partidos juegan un rol mucho menos pedagógico, y juegan un rol principalmente electoral.
Cuando estuvo en el Perú recogió información sobre el fenómeno de la extorsión, sobre todo en el mundo de la construcción, hoy ese modelo de red criminal en realidad se aplica a casi todas las actividades económicas de las urbes. ¿Qué pudimos hacer para frenar eso?
Mira, al comienzo yo quería escribir un libro sobre la extorsión, nada más, porque me parece increíble cómo hay gente que paga para salir de su casa, y hay personas en América Latina a las que las pandillas criminales las extorsionan sexualmente. En el caso del Perú también hay casos de profesores universitarios y de colegios que extorsionaban sexualmente a las alumnas a cambio de notas. Es un fenómeno realmente terrible. Ahora, el fenómeno extorsivo crece porque hay una total impunidad. Yo quiero decirte que en el Perú vi carpetas judiciales de casos de extorsión, que al final eran vecinos, que se habían enterado de que el vecino iba a recibir una herencia, entonces le ponían una piedra, diciendo que lo iban a matar, a cambio de plata. Y allí hay un deterioro en las relaciones sociales.
Fuente: La República, 28/9/25