Meta: descongestionar Lima. La solución es el Anillo Vial Periférico, un megaproyecto que reducirá los viajes e inicia en el óvalo 200 Millas del Callao.
El Anillo Vial fue presentado como una Asociación Público-Privada (APP). Inicialmente, se dijo que sería “autosostenible”. Esto significaba que los ingresos del concesionario pagarían la obra.
No se comprometería dinero del Estado. Sin embargo, esta autosostenibilidad no sería del todo cierta. El contrato establece una obligación clave para el concesionario. Debe encargarse de liberar más de 1,600 predios en el trazo de la ruta.
A pesar de esto, existe una cláusula fundamental. El Estado debe reembolsar todos los gastos de ese proceso. Esto incluye tasaciones, negociaciones y costos administrativos. El privado paga primero, pero el Estado devuelve después.
La obligación del Estado va más allá del reembolso. Si el pago se retrasa, el concesionario puede cobrar intereses. Esta figura garantiza la ganancia del privado. El concesionario obtiene beneficios aun si la obra se paraliza.
El tercer gran cuestionamiento es la empresa a cargo. Se trata de Acciona, una multinacional de origen español. La corporación tiene presencia en varios países. Posee un historial en megaproyectos de infraestructura.
Sin embargo, Acciona también tiene antecedentes de corrupción en España. Ha sido vinculada a favores políticos. En su país, se le ha acusado de ser favorecida en contratos de infraestructura.
Cuando las regulaciones cambiaron, Acciona demandó al Estado español. Esto lo hizo para asegurar su rentabilidad. En otros países, como México y Chile, también acumula denuncias. Estas incluyen retrasos, sobrecostos y arbitrajes. Este patrón corporativo genera preocupación.
En teoría, Lima debería tener un moderno anillo vial en pocos años. En la práctica, existe un contrato cuestionable. Está lleno de cláusulas favorables al concesionario. Además, miles de familias no saben si sus casas serán expropiadas.
El peligro de que el megaproyecto se convierta en un elefante blanco es latente. Se anunció con gran expectativa. Pese a esto, el Estado peruano ya asume gastos y obligaciones contractuales.
ProInversión estimó que los predios se expropiarían en dos o tres años. La experiencia local genera dudas sobre esa estimación. El Aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, tardó 30 años para 200 predios.
Fuente: Exitosa, 25/9/25