El Minjus adjudicó una obra de 192 millones de soles para el penal de Arequipa a un consorcio que no existía ante la Sunat
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) se encuentra en el centro de la controversia tras adjudicar un millonario contrato de 192 millones de soles para la ampliación del penal de Arequipa a una estructura empresarial bajo sospecha. El beneficiario de la millonaria obra fue el Consorcio Infra Penal Arequipa, una entidad que oficialmente no existía ante la SUNAT al momento de ser convocada y que formalizó su inscripción institucional el mismo día en que fue declarada ganadora. El proyecto busca mitigar el severo hacinamiento del recinto penitenciario sureño ampliando su capacidad para 1,600 personas, una obra emblemática cuyo presupuesto inicial en 2011 era de 65 millones de soles y se quintuplicó hasta alcanzar los 366 millones de soles en enero de este año.
¿Quiénes integran el consorcio ganador y cuál es su historial de sanciones con el Estado?
El Consorcio Infra Penal Arequipa está integrado por las empresas Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC y Constructora M&J SAC. La investigación periodística reveló que estas compañías arrastran un oscuro historial de inhabilitaciones temporales por haber presentado documentación falsa e información inexacta en licitaciones pasadas. La abogada especialista en contrataciones públicas, Cecilia Ruiz, calificó la situación como una falta de gravedad extrema, señalando que las empresas prácticamente esperaron el vencimiento de sus castigos para volver a contratar. Ahren Contratistas Generales SAC registra dos sanciones previas (una de 40 meses que culminó en julio de 2024 y otra posterior de 4 meses), mientras que Constructora M&J SAC cumplió una inhabilitación de 37 meses que venció apenas dos meses antes de esta adjudicación, sumando una nueva suspensión de 3 meses el mes pasado por incumplir las reglas estatales.
¿Qué vínculos políticos y presuntas irregularidades rodean la designación de los representantes legales?
El proceso no se realizó mediante un concurso público abierto, sino a través de una invitación directa gestionada desde las dependencias del MINJUS. En octubre de 2025, el entonces presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció públicamente la existencia de un ganador cuando el proceso ni siquiera figuraba en el sistema oficial. Coincidentemente, el representante legal del consorcio es el abogado Pierre Escobar Otoya, quien carece de experiencia en contratación pública y admitió haber sido "recomendado" para el puesto. Escobar Otoya trabajó en el estudio jurídico de Juan José Santiváñez, exministro de Justicia que dejó el cargo apenas dos meses antes de la adjudicación y desde cuya cartera se impulsaba el proyecto. Además, se verificaron coordinaciones y mensajes de felicitación personal entre el extitular del INPE, Paredes Yataco, y el propio Escobar, configurando una red de conexiones que, junto a una dirección fiscal del consorcio donde nadie atiende, viene siendo cuestionada por los organismos de control.
Fuente: América Noticias, 14/06/26
