Dificultó que reporteros tengan a abogado en audiencia. Fiscal del entorno de Harvey Colchado en la trama.
Extrañas maniobras para perjudicarlos, denunciaron periodistas de Willax, respecto a la jueza supernumeraria Yurianne Pese Ruiz.
Ella está a cargo de una de las tantas demandas que miembros de las ONG IDL y Kené presentaron contra los profesionales de prensa.
“Nosotros hemos sido enjuiciados por IDL, en el caso de Lucila Pautrat, y les hemos ganado en las cinco veces. Los pusimos en evidencia porque esta mujer, Lucila Pautrat, de la ONG Kené, tenía cuentas offshore de dinero que recibe para criminalizar actividades extractivas en la selva”, señaló Augusto Thorndike en Contracorriente.
A lo Kafka
En esta ocasión, los oenegeros habían denunciado que los dirigidos por Carlos Paredes habían incurrido en falsificación de documentos. Cuando se probó que esto no tenía fundamento, la fiscal provincial Janet Bernal Loayza archivó el caso.
Sin embargo, los de IDL y Kené lograron que la fiscal superior Noemí Gil Cruz ordene que se reabra la investigación pero por otro cargo. Es decir, varió el tipo penal en medio de las diligencias.
Amigos políticos
“Resulta que es amiga íntima de Marcelita Gutiérrez Vallejos, que es la esposa de Harvey Colchado. ¿Y ella qué dice? Ya no los investiguen por falsificación de documentos, sino por uso de documento falsificado. Esto se llama prevaricato”, cuestionó Thorndike.
El caso llegó a Pese Ruiz. Esta abogada no es jueza de carrera, sino colocada para suplir el vacío de una titular. De igual manera, había trabajado en el Ministerio Público como provisional.
Otro punto llamativo es que ha llevado una maestría en la Universidad Católica, donde el sector caviar de IDL tiene gran influencia.
Además, cuando se desempeñó como fiscal provisional, lo hizo por designación directa de Delia Espinoza, quien acusaba a Willax de desinformar.
Como el caso de presunta falsificación solo tiene dos partes (los periodistas demandados y la Fiscalía), la ONG Kené ha solicitado participar como actor civil. Es decir, quiere dinero.
En breve conversación con EXPRESO, Paredes recordó que el colega Ricardo Uceda había escrito una columna en El Comercio criticando que un grupo que recibe donaciones, no paga impuestos, y además debe hacer acción social, tenga cuentas off shore.
“Les hemos ganado cinco veces querellas y denuncias penales. Esta es la sexta, pero ya vemos que lo maneja una fiscal amiga de la esposa de Colchado, contra quien hemos sacado denuncias”, puntualizó el comunicador.
Incluso, en una audiencia anterior, la jueza Pese hizo que se registre como ausente a Paredes, cuando este ya tenía a un abogado.
“La semana pasada no permitió que entre mi abogado. Puso a uno de oficio, pero este tuvo el tino de aclarar que no había sido notificado a tiempo, y todo se reprogramó”, añadió Paredes.
Como si fuera poco, a última hora (cuando faltaban quince) se le notificó al personal de Willax que habría temas adicionales en la audiencia del 31 de agosto.
Ese mismo día había otra, pero por control de plazos. El mismo Ministerio Público había fijado un tiempo para las diligencias por supuesta falsificación, pero este se cumplió con creces hace meses.
Plazo cumplido
“A las once de la mañana hubo una audiencia donde no nos presentamos, y mi abogado presentó un escrito que había sido mal notificado. Fue reprogramada para el diez de agosto”, refirió.
Por la tarde, hubo la de control de plazos. La Fiscalía está pidiendo seis meses más, pero sin justificar con precisión qué actos de investigación requieren ese tiempo adicional para concretarse.
Esto también se realizará en una nueva fecha: once de agosto.
Fuente: Expreso, 2/08/26
