Otra autoridad que tendrá que rendir cuentas a la justicia. En un nuevo operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido la madrugada de este viernes 6 de febrero por presuntamente liderar la organización criminal 'Los elegantes del Gore'.
La intervención que fue dirigida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, no solo investiga a la máxima autoridad de la región fronteriza, también hace lo propio contra otras tres personas muy cercanas él, entre las que destacan: Zoila Cuéllar Garay, pareja sentimental del gobernador, Luis Peña Alburquerque y Carmen Guerrero Jaime.
Ordenan detención preliminar por 15 días contra los investigados
De acuerdo con la resolución N.º 1 del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, el operativo simultáneo se desarrolló en 14 inmuebles de la región Tumbes, donde el equipo fiscal incautó bienes, a fin de que ayuden a esclarecer la imputación contra los investigados por el presunto delito de lavado de activos.
Del mismo modo, el juez autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones en un plazo máximo de 96 horas. El fiscal Manuel Eduardo Apolo Casariego estará a cargo de la diligencia, procediendo a la visualización y extracción de información de los teléfonos móviles y diversos aplicativos de mensajería de las personas en mención.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una investigación destinada a desarticular presuntas redes de blanqueo de capitales y corrupción dentro del Gobierno Regional de Tumbes, bajo las modalidades de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia; transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito.
La disposición judicial también dispone la detención preliminar por 15 días hacia los imputados, mientras se desarrollan las diligencias que puedan avalar la teoría fiscal, quedando la opción de requerir prisión preventiva contra quienes lo consideren necesario.
Bajo estado de emergencia
El 19 de enero último, el Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes, con el objetivo de hacerle frente a los delitos de contrabando, trata de personas, lavado de activos, tráfico de armas, sicariato, lesiones por arma de fuego, entre otros.
Según el Decreto Supremo N.º 007-2026-PCM, el gobierno de José Jerí dispuso que la Policía Nacional del Perú siga manteniendo el control del orden interno; mientras que, las Fuerzas Armadas continuarán brindando su apoyo operacional, determinando las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
Cabe señalar que, durante la duración de la medida, continúa la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad, y seguridad personales.
Asimismo, la intervención de la PNP y de las FF. AA. se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Título II del Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Pese a que el Ejecutivo ordenó la continuación de la medida para hacerle frente al crimen organizado, su propia autoridad regional está acusada de atentar contra su institución y confianza de sus vecinos.
Fuente: Exitosa, 6/02/26
