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PEDRO GAMIO ADVIERTE PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR FALTA DE PAGOS DE PETROPERÚ

 


Petroperú enfrenta dificultades de pago a suministradores de combustible, situación que, según Pedro Gamio, afecta el abastecimiento en Loreto y Ucayali.

La situación financiera de Petroperú genera un problema adicional para el abastecimiento de combustible en el país. Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas, señaló en comunicación con Exitosa que la empresa no habría cumplido con pagos a suministradores, dificultando el envío de combustible hacia regiones como Loreto y Ucayali.

Pagos pendientes afectan el abastecimiento

Pedro Gamio explicó que los problemas de pago de Petroperú están relacionados con las dificultades para atender el suministro de combustible en determinadas zonas del país. Entre ellas mencionó a Loreto y Ucayali, regiones donde el abastecimiento requiere una distribución constante para mantener el servicio.

El exviceministro señaló que la situación representa una dificultad adicional para el mercado de combustibles, debido a que los retrasos en los pagos a los suministradores terminan afectando la posibilidad de trasladar el producto hacia algunos puntos del territorio nacional, especialmente en regiones de la Amazonía peruana.

La situación financiera de Petroperú ya había sido advertida anteriormente por Gamio. En declaraciones recogidas por Gestión, sostuvo que la empresa atraviesa dificultades de caja y retrasos en pagos a proveedores, factores que generan problemas para mantener sus operaciones y participar normalmente en el mercado de combustibles.

Gamio también indicó que los problemas de Petroperú tienen efectos sobre el abastecimiento, debido a que la empresa cumple un papel dentro de la cadena de distribución de combustibles. La falta de recursos para cumplir obligaciones con sus suministradores puede dificultar las operaciones necesarias para atender determinados mercados regionales.

El exviceministro hizo referencia a las consecuencias que esta situación viene generando fuera de Lima. Loreto y Ucayali fueron señaladas como regiones que no han podido ser abastecidas de manera adecuada.

Próximo presidente de Petroperú deberá afrontar el problema

Ante este escenario, Pedro Gamio manifestó su expectativa de que el próximo presidente de Petroperú pueda resolver la situación financiera de la empresa. El exviceministro se refirió específicamente a quien asumirá la conducción de la compañía estatal y deberá atender las dificultades relacionadas con los pagos.

Gamio señaló que los problemas de Petroperú ya tienen efectos en el abastecimiento de combustible, especialmente en regiones como Loreto y Ucayali. Por ello, espera que la nueva administración de la empresa pueda adoptar medidas para solucionar las dificultades con los suministradores.

La situación mantiene como uno de los principales puntos pendientes el cumplimiento de las obligaciones de Petroperú con sus suministradores de combustible. Según lo señalado por Gamio, estos retrasos han impedido abastecer normalmente algunas regiones del país.

Fuente: Exitosa, 13/08/26

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PRESIDENTES DE LAS CORTES SUPERIORES DENUNCIAN ATAQUES DE CONGRESISTAS ANTE LA JNJ

 


La medida busca frenar presuntas injerencias políticas en el criterio de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron un pronunciamiento oficial para rechazar las recientes expresiones públicas y la presentación de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte de actores políticos con representación parlamentaria contra magistrados del Poder Judicial.

Petición para salvaguardar la independencia de la JNJ

En el documento, los titulares de las cortes superiores expresaron que la medida busca la salvaguarda irrestricta de la independencia judicial y el criterio jurisdiccional de los jueces del país frente a intentos de amedrentamiento, injerencia o condicionamiento externo.

Asimismo, remarcaron que el uso de mecanismos disciplinarios e institucionales no debe desnaturalizarse para ejercer presión sobre el sentido de las decisiones adoptadas por los magistrados en los distintos procesos en curso.

El pronunciamiento sostiene que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado Constitucional de Derecho. Según lo expresado por los magistrados, esta garantía está reconocida en el artículo 139°, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, disposición que prohíbe de manera categórica que cualquier autoridad, poder del Estado o actor social o político interfiera directa o indirectamente en el ejercicio autónomo de la función de juzgar.

Exigencia de respeto a las instancias procesales y apelaciones

Frente a la escalada de cuestionamientos formulados por los miembros del Parlamento, los titulares de los distritos judiciales del país recalcaron que el marco legal establece procedimientos específicos para impugnar o revisar las resoluciones.

"Exigimos el respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional, recordando que todo cuestionamiento a las decisiones judiciales debe canalizarse a través de los mecanismos procesales y las instancias de apelación previstas en el ordenamiento jurídico", señala el documento.

Con este llamado, se busca delimitar las competencias constitucionales y evitar que las discrepancias respecto a decisiones jurisdiccionales escalen a controversias disciplinarias ante la JNJ.

Finalmente, las autoridades del sistema judicial expresaron la necesidad de preservar el equilibrio de poderes y evitar la desestabilización de los órganos encargados de impartir justicia en el territorio nacional.

"Exhortamos a los actores políticos y autoridades en general a abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento, injerencia o instrumentalización de las instituciones públicas contra los magistrados que cumplen la función de juzgar con apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales", señala el pronunciamiento de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú.

El pronunciamiento cierra con un llamado a la madurez democrática de las instituciones y al respeto hacia la JNJ, reiterando que el fortalecimiento del Estado de derecho requiere un compromiso colectivo para respetar el principio de separación de poderes y la labor autónoma de los jueces a nivel nacional.

Fuente: Exitosa, 13/08/26






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PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ EL RETORNO A ACTIVIDADES PRESENCIALES

 


La medida que aprobó la Cámara de Diputados busca eliminar las dinámicas de trabajo a distancia adoptadas en periodos anteriores y garantizar la asistencia física de los legisladores

La Cámara de Diputados ratificó este jueves, por unanimidad y con 118 votos a favor, el acuerdo de la Junta de Portavoces que establece la presencialidad obligatoria para las sesiones del Pleno y de las comisiones parlamentarias. 

El respaldo de la Cámara de Diputados al trabajo presencial 

La decisión, adoptada el pasado 11 de agosto, alcanza a las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias, así como a las reuniones de las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales.

El presidente de la cámara baja, Óscar Reto, sostuvo que la medida busca fortalecer el debate parlamentario y favorecer el intercambio directo entre los legisladores. Además, indicó que la presencialidad fortalece el debate democrático, dinamiza el intercambio de ideas y optimiza la producción de leyes en beneficio directo de la ciudadanía.

De esta manera, el Parlamento busca asegurar un seguimiento más riguroso de la labor de cada representante en la formulación y aprobación de proyectos de ley.

Excepciones reguladas para la participación remota y el voto electrónico

La norma establece que la participación remota y el voto electrónico quedarán restringidos a cuatro situaciones excepcionales, siempre que exista una justificación y autorización correspondiente.

La primera contempla a los diputados que se encuentren fuera de Lima por el cumplimiento de funciones de representación. La segunda corresponde a quienes tengan problemas de salud y cuenten con un descanso médico debidamente acreditado.

La tercera excepción comprende las licencias por maternidad o paternidad. La cuarta se aplica en casos fortuitos o de fuerza mayor ajenos a la voluntad del legislador, siempre que estos se encuentren debidamente sustentados.

En cualquiera de estos supuestos, el presidente del órgano parlamentario correspondiente será quien autorice al diputado a participar y emitir su voto de manera remota durante la sesión, según el acuerdo.

El planteamiento alcanza a ambas cámaras del Congreso bicameral y comprende tanto las sesiones plenarias como las reuniones de las comisiones. También busca incorporar expresamente el deber de participación presencial dentro de las obligaciones funcionales de diputados y senadores.

Con esta disposición, el Poder Legislativo formaliza el marco regulatorio sobre la asistencia, obligando a los integrantes de ambas cámaras a priorizar la labor presencial en la sede institucional.

Fuente: Exitosa, 13/08/26

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KEIKO FUJIMORI SOBRE REAPARICIÓN DE VLADIMIR CERRÓN : "HUBIESE SIDO BUENO QUE ENFRENTE LA JUSTICIA DANDO LA CARA"

 


La presidenta cuestionó que el líder de Perú Libre no haya afrontado a la justicia durante los tres años que permaneció en la clandestinidad y deslindó responsabilidad de su gobierno en la fallida captura.

La reaparición pública de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, tras casi tres años en la clandestinidad, generó pronunciamientos en el Ejecutivo.

Desde Tumbes, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó que el exgobernador de Junín no haya enfrentado a la justicia durante ese tiempo y sostuvo que la responsabilidad por su no captura corresponde a los gobiernos anteriores.

"Hubiese sido bueno, señor Cerrón, que enfrente la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho", señaló la mandataria en declaraciones a la prensa.

Reaparición de Cerrón y su mensaje a la PNP

Cerrón, quien reapareció este jueves 13 de agosto en Lima luego de que el Tribunal Constitucional anulara su prisión preventiva, aseguró que nunca salió del país y que su no captura reflejaba la deficiente inteligencia de la Policía Nacional.

Durante su discurso, negó haber recibido apoyo de autoridades y calificó como "telenovela" las versiones sobre un supuesto traslado en el vehículo presidencial durante la gestión de Dina Boluarte. También cuestionó el caso Mikonos, al que describió como un "cuento armado con fines mediáticos y económicos".

¿Arriola seguirá a la cabeza de la PNP?

Consultada sobre si el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, le había informado sobre los avances de la búsqueda de Cerrón antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, Fujimori respondió que no era un tema tratado dentro de su gestión.

"Yo no he hablado con el general Arriola sobre la situación del señor Cerrón. Ha habido varios gobiernos y serán esos gobiernos en estos tres años los que tendrán que responder", afirmó.

La presidenta evitó confirmar si mantendrá su respaldo al general Arriola, en medio de los cuestionamientos por la captura de Cerrón nunca concretada, la inseguridad y los recientes ataques contra buses de transporte público, y señaló que su labor es evaluada tanto por su despacho como por el ministro del Interior, César Astudillo.

"Esa decisión va a depender no solo de mí sino también del ministro del Interior, con quien estamos en constante comunicación. Por ahora, en los últimos días, hemos visto que ya hay resultados", indicó.

La reaparición de Cerrón ocurre en medio de una creciente presión social para la nueva gestión. Mientras gremios de transporte evalúan un paro nacional como protesta por los ataques y extorsiones, el Ejecutivo enfrenta críticas por la falta de medidas contundentes contra el crimen organizado.

En paralelo, el retorno del líder de Perú Libre puso nuevamente en tela de juicio la capacidad del Estado para procesar a figuras políticas de alto perfil y sobre el rol de la Policía en la búsqueda y capturas de estas mismas.

Fuente: Exitosa, 13/08/26

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KEIKO FUJIMORI RETIRA A VICEMINISTRO DE JUSTICIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

 


La mandataria dejó sin efecto la designación del viceministro de Justicia, Juan Falconi, tras las críticas que advertían que su nombramiento contravenía la normativa vigente.

El Gobierno dejó sin efecto la designación de Juan Falconi, viceministro de Justicia, como integrante del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE). La decisión fue oficializada mediante la publicación del dispositivo legal correspondiente en el diario oficial El Peruano. 

Gobierno retira a viceministro de Justicia

La medida se adoptó luego de las críticas surgidas contra el nombramiento de Falconi, al considerarse que contradecía los requisitos legales vigentes para ocupar dicha posición dentro del ente rector de la defensa jurídica del Estado.

A través del diario oficial, se confirmó la remoción formal del funcionario de la institución encargada de velar por los intereses públicos. De esta forma, el Ejecutivo dio marcha atrás en la incorporación del viceministro en la cúpula directiva de la entidad.

"Dejar sin efecto la designación del señor Juan Teodoro Falconi Gálvez como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, en su calidad de representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", señala la resolución.

La norma, firmada por las autoridades del sector, busca dar por concluido la controversia generada por la designación y reestructurar de forma inmediata la representación de la cartera de Justicia en el órgano del Estado. 

El polémico nombramiento de Falconi era irregular

La incorporación del viceministro de Justicia Juan Falconi Gález como integrante del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado era irregular, según el Decreto Supremo 018-2019-JUS. 

En ese sentido, el reglamento que reestructura la defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado (PGE), prohíbe explícitamente que funcionarios públicos ejerzan como miembros del Consejo Directivo mientras continúen en sus cargos.

"Están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo, mientras ejerzan función pública y hasta doce (12) meses luego de haber cesado en el cargo", señala el documento.

Ante la controversia generada, especialistas advirtieron que la permanencia de un funcionario en ejercicio dentro del máximo órgano de la Procuraduría ponía en riesgo la autonomía de la defensa jurídica del Estado, vulnerando los principios de neutralidad e independencia operativa.

En ese sentido, la rápida rectificación por parte del Ejecutivo busca mitigar los cuestionamientos sobre presuntas interferencias políticas en los procesos de fiscalización y selección de procuradores públicos que mantiene la entidad a nivel nacional.

Tras mantenerse apenas 1 día en el cargo, la salida de Falconi obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a nombrar a un nuevo representante. La persona designada asumirá funciones clave, entre las cuales destaca la conducción de los procesos de selección de los procuradores públicos a nivel nacional.

Fuente: Exitosa, 13/08/26

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EXPERTO SEÑALA REPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA EN PROYECTOS INCONCLUSOS

 


El experto Martín D'Azevedo cuestionó la ineficiencia de las unidades ejecutoras en el uso del presupuesto estatal, lo que ha derivado en múltiples obras paralizadas en la región.

La gestión pública enfrenta una severa crisis debido a las obras paralizadas en el país. El Gobierno Regional de Cajamarca ha sido señalado como el principal responsable de estos retrasos. En entrevista con Exitosa, el experto Martín D'Azevedo cuestionó la administración de los proyectos asignados.

La responsabilidad de las regiones

El experto Martín D'Azevedo sostuvo que las autoridades regionales poseen el deber legal de gestionar correctamente el presupuesto estatal. Al ser quienes reciben los fondos para ejecutar las obras, cualquier retraso o irregularidad recae directamente sobre su admiración, afectando el desarrollo de la población.

"En el caso de Cajamarca, es responsable la propia autoridad que ha recibido el dinero y que ha ejecutado, a través de sus funcionarios, las obras que han quedado inconclusas, ineficientes o fuera de lugar", señaló el experto.

La supervisión de estas obras exige una fiscalización constante por parte de los órganos competentes. Cuando los convenios suscritos no alcanzan dichos objetivos programados, se generan brechas sociales. Por ello, se busca identificar las causas exactas que impiden la finalización exitosa de los diversos trabajos públicos.

Análisis de las unidades ejecutoras

D'Azevedo cuestionó directamente sobre quién recae la responsabilidad institucional ante estas fallas, abarcando al gobierno central, los gobiernos regionales y los organismos de control competentes para determinar las acciones administrativas y penales necesarias.

El especialista explicó que la cadena de pagos y responsabilidades incluye al gobernador regional y a las gerencias o direcciones encargadas, las cuales canalizan los recursos destinados a infraestructura de gran impacto.

Asimismo, puntualizó que estas deficiencias se reflejan concretamente cuando las edificaciones en el piso, tales como hospitales, puentes o vías de interconexión entre distritos, quedan paralizadas o inconclusas en las distintas localidades.

El experto detalló el concepto administrativo de la unidad ejecutora en la gestión pública, precisando cómo opera la cadena de pagos que finaliza en la ejecución de infraestructuras.

Además, se indicó que el proceso abarca desde las gerencias o direcciones regionales hasta el gobernador, abarcando las responsabilidades administrativas frente a edificaciones paralizadas. Asimismo, mencionó que estos problemas afectan directamente la culminación de estas obras en diferentes sectores locales e interdistritales.

El experto en gestión publica pidió a las autoridades asumir su responsabilidad frente a las obras paralizadas. Esta gestión pública eficiente dependería directamente del GORE de Cajamarca y sus unidades ejecutores. Solo optimizando el presupuesto estatal será posible culminar los proyectos que impactan directamente en la sociedad.

Fuente: Exitosa, 12/08/26

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OODEBRECHT : CÉSAR AZABACHE NO SOLO LE OFRECIÓ DEFENSA LEGAL

 


El registro documentario consigna el cobro de 350 dólares por hora de consulta legal y técnica.

Nuevos documentos sacan a la luz los detalles de un contrato de locación de servicios firmado entre el estudio Azabache Caracciolo EIRL y la empresa Odebrecht Latinvest Peru Ductos SA. 

La documentación revela un vínculo contractual que trascendió la representación en los tribunales.

El acuerdo comercial se ejecutó durante los años 2015 y 2016 con el objetivo de brindar asistencia integral a la alta dirección de la firma. 

El alcance de la contratación incluía manejo de crisis, relaciones públicas y consultoría estratégica de comunicación.

Las revelaciones muestran la estructura operativa y financiera desplegada por la constructora en el Perú para gestionar los cuestionamientos corporativos.

La información expone los montos facturados y el tipo de servicios contratados durante el periodo clave de investigaciones. 

Honorarios en dólares y servicios de consultoría a Odebrecht 

Durante la primera etapa de la relación contractual, fijada entre junio y diciembre de 2015, la firma legal percibió un pago mensual de 5 mil dólares. 

Este monto fijo cubría las labores de orientación en asesoría de imagen y contingencias reputacionales. 

Para enero de 2016, el esquema de facturación cambió hacia una tarifa por hora de trabajo. 

El registro documentario consigna el cobro de 350 dólares por hora de consulta legal y técnica, promediando montos de casi 3 mil dólares mensuales. 

Las declaraciones vertidas en la comisión Lava Jato por exintegrantes del Congreso refieren que la empresa extranjera mantuvo acuerdos con diversos buffets limeños. 

En ese contexto, se identificaron servicios vinculados a intervenciones públicas y posicionamiento mediático. 

Reacciones y señalamientos sobre los conflictos de interés

La exprocuradora Katherine Ampuero sostuvo que el objeto del contrato demuestra una relación directa con la alta dirección corporativa. 

Asimismo, cuestionó el respaldo manifestado posteriormente por el abogado hacia la exprocuradora ad hoc Silvana Carrión, a quien señaló como su exalumna. 

Por su parte, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que la constructora brasileña implementó una estrategia con múltiples firmas de abogados. 

El esquema abarcaba tanto la redacción de contratos contractuales como la defensa legal ante denuncias penales. 

Actualmente, las intervenciones públicas de César Azabache en espacios digitales abordan el análisis técnico sobre delitos de lavado de activos. 

En dichos pronunciamientos, el jurista analiza la actuación fiscal y los vacíos en el seguimiento de los flujos de dinero de Odebrecht.

El conocimiento de estos contratos privados reabre el debate sobre el alcance de las asesorías corporativas en el caso Lava Jato. 

Las autoridades evalúan la información surgida a fin de determinar si existieron implicancias procesales en las investigaciones en curso.

Fuente: Willax, 12/08/26




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BETO ORTIZ ARREMETE CONTRA ERNESTO ZUNINI POR DEFENDER VISITAS A PEDRO CASTILLO : “A OTRO PERRO CON ESE HUESO DEL NELSON MANDELA DE CAJAMARCA”

 


Beto Ortiz rechazó la justificación de Juntos por el Perú sobre la supervisión carcelaria y acusó una maniobra para victimizar al exmandatario golpista.

Beto Ortiz arremetió duramente contra el parlamentario Ernesto Zunini tras las justificaciones brindadas por este último sobre las recurrentes visitas de la bancada de Juntos por el Perú al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. 

Zunini sostuvo que las casi 70 visitas registradas corresponden al ejercicio de sus facultades constitucionales para fiscalizar las condiciones de carcelería de cualquier recluso y denunció una presunta campaña mediática para fragmentar a su grupo político. Sin embargo, el conductor televisivo desestimó categóricamente dicho argumento, calificándolo como una estrategia explícita para victimizar al exmandatario tras su fallido golpe de Estado. 

La defensa de Zunini y las acusaciones de persecución mediática 

En sus declaraciones, el diputado Zunini rechazó que existan irregularidades en los ingresos al recinto penitenciario y argumentó que la labor de los legisladores abarca la constatación del respeto a los derechos humanos de los internos.

Asimismo, arremetió contra un sector de la prensa, al que acusó de informar de manera parcializada y de atentar contra la democracia, el pluralismo informativo y la libertad de expresión. Según el parlamentario, la exposición mediática sobre las visitas de su bancada busca generar divisiones internas e inducir una percepción pública negativa sobre su labor legislativa. 

La dura respuesta de Beto Ortiz frente al relato de la victimización 

La postura de Zunini fue rechazada de inmediato por Beto Ortiz, quien tildó de “risible” y “ridículo” que pretendan dar lecciones sobre libertades civiles quienes respaldaron una interrupción del orden democrático. El periodista sostuvo que la narrativa impulsada por la izquierda busca convertir a un golpista en una especie de mártir o héroe político para despertar empatía e identificación en la ciudadanía.

Ortiz cuestionó la frecuencia de las visitas e ironizó sobre la supuesta necesidad de inspeccionar el Penal Barbadillo de día, noche y madrugada, recordando que las condiciones de reclusión de los expresidentes son dignas, austeras y superiores al promedio de la población penal del país.

“A otro perro con ese hueso”: El rechazo al mito del campesino abusado 

Finalmente, el comunicador afirmó que estas acciones buscan alimentar el mito del “pobrecito campesino abusado”, narrativa que, según sus palabras, fue la misma que los llevó al poder y que hoy intentan sostener a falta de argumentos políticos. Ortiz remarcó que en el penal de la DINOES no existen abusos ni torturas, sino instalaciones que cuentan con lo necesario para una vida decorosa. Con la frase “a otro perro con ese hueso”, concluyó que la opinión pública ya no se deja engañar por intentos de presentar al exmandatario como un líder perseguido.

Fuente: Willax, 12/08/26


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LA JOYA EN PELIGRO: INSTALAN PLANTA DE EXPLOSIVOS A ESCASOS METROS DE ZONAS URBANAS Y AGRÍCOLAS DEL DISTRITO AREQUIPEÑO

 


Los vecinos del centro poblado San Isidro manifiestan no haber sido informados cabalmente.

Un conflicto de gran magnitud amenaza la tranquilidad ciudadana en el distrito de la Joya, región Arequipa. 

A pocos metros de zonas de cultivo y asentamientos poblacionales se ubica una infraestructura dedicada a insumos químicos.

Esta situación ha encendido la alarma entre los residentes del distrito de La Joya. Los habitantes conviven a diario con la presencia de esta planta de alta visibilidad. 

El tránsito vehicular en las carreteras aledañas convive con la actividad de esta multinacional. La preocupación radica en la manipulación continua de nitrato de amonio y materiales de alto riesgo. 

La compañía multinacional MAXAM opera en este predio catalogado como centro industrial. Sus operaciones abarcan el suministro y elaboración de componentes para minería pesada. 

No obstante, la cercanía con viviendas habitadas incrementa el nivel de riesgo industrial.

Incongruencias en la licencia de funcionamiento en La Joya 

En el año 2022, el Ministerio de la Producción aprobó un proyecto específico. Dicho documento contemplaba la puesta en marcha de la fabricación de dinamita en la zona. 

Sin embargo, los trámites emitidos a nivel local mostraron inconsistencias significativas.La administración local emitió certificados de seguridad para un espacio exclusivo de almacenaje. 

Posteriormente, otorgó una licencia de funcionamiento bajo ese mismo concepto operativo. Existe una diferencia técnica de peso entre guardar insumos y procesarlos directamente. 

El expediente administrativo de la Municipalidad de La Joya genera serios interrogantes legales. Representantes del municipio señalan que se debe verificar el origen de las autorizaciones otorgadas. 

Las autoridades vigentes deberán precisar bajo qué condiciones opera la infraestructura actual. Los vecinos del centro poblado San Isidro manifiestan no haber sido informados cabalmente. 

El crecimiento urbano continuo incrementa la cantidad de pobladores expuestos al entorno. Esta descoordinación institucional acentúa un latente conflicto socioambiental en la zona. 

Antecedentes internacionales y alerta por seguridad ciudadana 

La firma extranjera registra antecedentes de siniestros severos en otros países. En el año 2022, un vehículo cargado con material reactivo detonó en Ghana. 

El evento generó víctimas mortales y sanciones millonarias por faltas al reglamento. Asimismo, en el año 2024 se reportó otra deflagración en una instalación asociada en Bolivia. 

Aquel incidente dejó trabajadores fallecidos durante las labores operativas internas. Estos antecedentes globales reavivan la inquietud en la población local. 

Especialistas en fiscalización advierten que las licencias deben ser revisadas exhaustivamente. Proteger la seguridad ciudadana requiere una supervisión rigurosa sobre los permisos vigentes.

Corresponde a las entidades competentes determinar las acciones legales sobre este complejo caso. Actualmente, el distrito de La Joya mantiene el desarrollo de sus actividades agrícolas y cotidianas. 

La convivencia entre agricultura, urbanismo e industria pesada permanece bajo observación permanente. El desenlace de esta evaluación técnica definirá el futuro operativo de la controvertida planta.

Fuente: Willax, 12/08/26






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KEIKO FUJIMORI NOMBRA A VICEMINISTRO DE JUSTICIA EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA PROCURADURÍA PESE A IMPEDIMENTO LEGAL

 


Resolución publicada en El Peruano nombra en el Consejo Directivo de la PGE al viceministro Juan Falconí. Sin embargo, el reglamento de la institución incluye una prohibición expresa.

La presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, nombraron al viceministro Juan Falconí Gálvez como integrante del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. La medida fue oficializada este miércoles mediante una resolución suprema en el diario oficial El Peruano . 

La polémica designación del viceministro

La incorporación de Falconi Gálvez se produce inmediatamente después de aceptarse la renuncia de Magno Abraham García Chávarri, quien cesó en sus funciones mediante la Resolución Suprema N.º 158-2026-JUS.

"Designar al señor Juan Teodoro Falconi Gálvez, como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, en su calidad de representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", indica la resolución.

Sin embargo, un informe periodístico de Latina advierte que se trataría de un nombramiento indebido que contraviene de forma expresa la normativa vigente. En 2019 se aprobó el Decreto Supremo 018-2019-JUS, reglamento que reestructura la defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado (PGE), cuyo marco prohíbe explícitamente que funcionarios públicos ejerzan como miembros del Consejo Directivo mientras continúen en sus cargos. 

"Están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo, mientras ejerzan función pública y hasta doce (12) meses luego de haber cesado en el cargo", señala el documento.

El nombramiento de Falconi en el Consejo Directivo de la Procuraduría se concretó apenas una semana después de haber asumido como viceministro de Justicia, el pasado 4 de agosto. Cabe recordar que el abogado ya había ejercido este viceministerio en 2017, durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski 

¿Cuáles son las funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado?

Según establece el Decreto Legislativo 1326, el Consejo Directivo constituye la máxima instancia de la Procuraduría General del Estado. Su conformación abarca a tres integrantes designados por un periodo de cinco años: el procurador general del Estado, quien ejerce la presidencia y posee voto dirimente, un representante de la Contraloría General de la República y otro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). 

Entre las funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado está la de dirigir el proceso de selección de procuradores, quienes defienden los intereses del Estado en todas las instituciones públicas. 

Con este nombramiento, el viceministro Juan Falconi asume un rol clave dentro del máximo órgano de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, su cuestionada incorporación en el Consejo Directivo deja en evidencia un directo desacatamiento a la normativa vigente que prohíbe el ejercicio simultáneo de funciones en dicha entidad.

Fuente: Exitosa,12/08/26

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