El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó prisión preventiva contra José Alberto Tinco Luján y su esposa, investigados por presunta corrupción y organización criminal dentro del Poder Judicial.
El caso que sacude al Poder Judicial en Apurímac dio un nuevo giro el 20 de julio, cuando el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, y su esposa, Elionora Yntusca Janampa.
Ambos son investigados por presuntos delitos de abuso de autoridad y corrupción, en el marco de la organización criminal denominada "Las Corbatas Negras", que habría operado al interior del sistema judicial para manipular procesos y designaciones.
Contrataciones ilegales en el sistema judicial
La investigación, liderada por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, señala que Tinco habría realizado contrataciones ilegales en la Corte de Apurímac, mientras que su esposa ejercía influencia directa en la designación de personal.
El caso incluye además a Alexander Puma Valer, coordinador de Servicios Judiciales, y a Marco Antonio Cerón Trujillo, coordinador de Recursos Humanos, junto con otras 25 personas presuntamente contratadas de manera irregular.
El megaoperativo del 2 de julio, ejecutado por la Dircocor y el Ministerio Público, incluyó 21 allanamientos simultáneos en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno, y permitió la detención preliminar de Tinco, su esposa y otros funcionarios.
Según la Fiscalía, la red habría ejercido presiones sobre magistrados, promovido designaciones irregulares de jueces supernumerarios y manipulado sistemas informáticos para direccionar expedientes.
Medidas diferenciadas
Mientras Tinco y su esposa cumplirán 18 meses de prisión preventiva, el Poder Judicial dispuso 12 meses de prisión preventiva para Puma Valer, y ordenó que Cerón Trujillo y Mario Ramos sigan el proceso en libertad.
El caso "Las Corbatas Negras" ha generado alarma nacional, pues expone cómo una red de funcionarios judiciales habría operado para manipular decisiones y beneficiarse de designaciones irregulares. La prisión preventiva contra Tinco Luján y su esposa busca garantizar que las investigaciones avancen sin interferencias y refleja la gravedad de las imputaciones.
La decisión del Poder Judicial marca así otro hito en la lucha contra la corrupción dentro del sistema de justicia peruano. Con al menos 14 hechos bajo análisis que revelan un esquema de tráfico de influencias y abuso de autoridad, el caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia institucional.
Para la ciudadanía, la medida representa un paso hacia la recuperación de la confianza en un sistema judicial sumamente golpeado por la sospecha y la inconducta funcional.
Fuente: Exitosa, 20/07/26
