Policías montaban operativos de tránsito simulados para exigir pagos a conductores con documentación vencida
Una flagrante red de corrupción policial en la zona este de Lima fue desmantelada tras una exhaustiva investigación fiscal y de inspectoría. El fiscal anticorrupción, Dacio Felles, denunció que un contingente de agentes de la Policía Nacional utilizó la institución y sus uniformes para estructurar un grupo criminal dedicado a la extorsión. La organización no ejecutaba labores de prevención del delito, sino que montaba operativos de tránsito simulados con el único fin de exigir pagos ilegales a conductores con documentación vencida. El operativo policial de contrainteligencia culminó con el arresto directo de 10 efectivos.
¿Quiénes lideraban la red delictiva en Ate Vitarte y cuál era el tarifario de cobros?
Las pesquisas fiscales identificaron como cabecilla de esta organización al comandante José Humberto Velásquez Céspedes, comisario de Ate Vitarte, quien operaba en complicidad con un alférez de la sección de patrullaje y ocho suboficiales. A pesar de no pertenecer a la policía de tránsito, los agentes usurpaban funciones utilizando chalecos refractarios y varas de control en la Carretera Central, frente al mercado Yuli. De acuerdo con el fiscal Felles, la red fijó un tarifario interno: cada suboficial que participaba en los falsos controles debía depositar una cuota fija de 20 soles por hora al comisario, dinero recolectado por el alférez Diego García. El remanente de las coimas obtenidas quedaba en poder de los subalternos, registrándose depósitos diarios dirigidos al comandante que oscilaban entre los 80, 500, 530 y hasta 800 soles.
¿Cuáles eran las modalidades de extorsión y cómo se filtraba la información de inteligencia?
Los policías implementaron tres modalidades para capturar las dádivas: dinero en efectivo directo, cobros ocultos debajo de la tablilla de infracciones, o el direccionamiento hacia agentes bancarios cercanos si las víctimas no portaban efectivo, reteniendo los vehículos hasta por 40 minutos. Casos judicializados, como el del furgón naranja intervenido el 17 de abril de 2026, demuestran cómo se exigían montos de 300 a 500 soles para evitar multas por revisiones técnicas vencidas o falta de lunas polarizadas. Además, las conversaciones de WhatsApp del comandante Velásquez revelaron una grave filtración de información proveniente de la propia Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR). Mensajes del 7 de abril alertaron al comisario sobre operativos de control interno en la entrada de Huachipa, ante lo cual el comandante ordenó textualmente al alférez suspender las intervenciones ilegales para evitar ser capturados.
Fuente: América Noticias, 14/06/26