De puño y letra. Los titulares de las carteras ministeriales dejaron constancia de las pesquisas abiertas en su contra en sus declaraciones juradas internas. Los procesos en trámite en el Ministerio Público van desde el abuso de autoridad hasta el tráfico de influencias.
Más de la mitad de los ministros que componen el Gabinete Arana tiene cuentas pendientes con la Fiscalía.
Son en total 11 titulares de las 19 carteras del Poder Ejecutivo los que han reconocido tener carpetas de investigación vigentes en las declaraciones juradas que presentan antes de asumir sus cargos. Entre todos ellos suman 40 indagaciones. Y al menos a tres de ellos se les paga la defensa legal con fondos públicos.
LAS 12 DE SANTIVÁÑEZ
Juan José Santiváñez se posiciona como el personaje más investigado del gabinete.
Una de estas causas pendientes lo vincula a Miguel Salirrosas, un expolicía sentenciado en 2021 por haber integrado una organización criminal.
De acuerdo con el Ministerio Público, Santiváñez pidió US$20,000 a un allegado a Salirrosas, asegurándole que gracias a su cercanía con los magistrados del Tribunal Constitucional se emitiría un fallo que le devolvería la libertad al encarcelado.
Estos ofrecimientos los hizo cuando fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter), según la hipótesis fiscal.
Pese a que no logró la liberación de Salirrosas, la relación entre ellos no terminó ahí, pues según las pesquisas, Santiváñez, ya como ministro del Interior, ofreció interceder ante el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para evitar que el expolicía sea cambiado a otro penal.
Lejos de ser el único cuestionamiento que pesa sobre él, la Fiscalía también investiga al ministro de Justicia por haber pedido al capitán de la Policía, Junior Izquierdo ‘Culebra’, que “controle” a un periodista crítico hacia su gestión.
Además, se le atribuye el delito de abuso de autoridad por haber utilizado el cargo de viceministro de Orden Interno para coordinar la desactivación del equipo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.
Por si fuera poco, el Mininter está corriendo con los gastos de la defensa legal de Juan José Santiváñez en estos casos.
SUMAS QUE RESTAN
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, no se queda atrás; tiene ocho investigaciones pendientes en la Fiscalía, la gran mayoría de ellas, por abuso de autoridad (5) y por negociación incompatible, peculado y delitos contra la administración pública.
El tercer lugar se lo lleva el ministro de Educación, Morgan Quero, quien afronta seis investigaciones, de las cuales, cuatro son por discriminación, según su declaración jurada.
Este delito se le imputa por haber llamado “ratas” a las víctimas mortales de las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 e inicios de 2023 en un medio de comunicación. En este caso la cartera de Educación asumió los costos de la defensa de Quero Gaime.
Aunque un detalle dentro de la declaración de Quero llama la atención; en el documento deja en claro que “estos casos son los que ahora recuerdo”. Dejando abierta la posibilidad a que tenga más casos abiertos.
Por su lado, el titular de Salud, César Vásquez, consignó en su declaración jurada que tiene cuatro investigaciones en curso; tres por omisión de actos funcionales y una por negociación incompatible.
En cambio, el titular de Defensa, Walter Astudillo, enfrenta investigaciones por peculado, lesiones graves y por usurpación agravada.
Mientras tanto el titular de Vivienda, Francisco Whittembury tiene una carpeta por cohecho pasivo propio y otra por colusión agravada que data de cuando fue director de un programa de la cartera que hoy dirige. El Estado también le paga la defensa legal.
El premier Eduardo Arana también afronta una investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Según la Fiscalía, el ahora titular del Gabinete ofreció una dádiva al exjuez Walter Ríos para que influya en un proceso en el que Arana estaba interesado.
La lista de los ministros investigados la completan Fanny Montellanos (MIDIS), quien tiene una carpeta fiscal vigente por negociación incompatible; Carlos Malaver (Interior) por lesiones leves; y Daniel Maurate (Trabajo) por delito contra la fe pública.
El exprocurador anticorrupción Yván Montoya dijo a Perú21 que no se ha visto a tantos ministros investigados en un solo gabinete en anteriores gobiernos y consideró que su permanencia en estos puestos es un comportamiento falto de ética.
“Creo que aquí hay un mal mensaje de normalización sobre el comportamiento no ético y es un pésimo mensaje al resto de funcionarios del país y a la ciudadanía en general, de que la ética pública y la ética de las personas no interesa”, sostuvo.
Fuente: Perú 21, 30/8/25