Piden medidas de protección para fiscal que ordenó escuchas
El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, solicitó al Ministerio del Interior las medidas de protección necesarias para la fiscal Rocío Sánchez Saavedra quien investiga una organización criminal en el Callao y cuyas escuchas telefónicas derivaron en casos de investigación contra magistrados. El Ministerio del Interior confirmó la aceptación del pedido.
El Fiscal de la Nación también ha dispuesto brindar todas las facilidades logísticas para el desarrollo de dicha investigación que lleva adelante la Fiscalía especializada contra la criminalidad organizada del Callao. El Fiscal de la Nación informó que el Ministerio del Interior ha confirmado que el pedido sobre medidas de seguridad será atendido
En un comunicado, el Ministerio Público sostuvo que fue la fiscal Rocío Sánchez quien solicitó, en el marco de una indagación, que el juez de Investigación Preparatoria del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor, autorice interceptaciones telefónicas.
Tras la autorización del magistrado se procedieron a las interceptaciones cuyas grabaciones han sido publicadas por IDL-Reporteros y el programa de TV “Panorama”, y de ellas se han desprendido cuestionamientos contra los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Aguila; el titular de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; y el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, por supuestos actos irregulares.
La versión del juez Cerapio Roque Huamancondor
El juez Cerapio Roque Huamancondor, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de asuntos de corrupción y crimen organizado el Callao aseguró en un comunicado que su medida fue legal y no ha violado ningún procedimiento.
Señaló que en el momento en que la fiscalía del crimen organizado del Callao solicitó el levantamiento de las comunicaciones de los números telefónicos que fueron intervenidos se desconocían los nombres de sus titulares y los cargos que estos tenían.
El juez indica que los números telefónicos solicitados correspondían, según la fiscalía, a personas, presuntamente involucradas con una organización criminal, conocidas solo con un nombre o un alías.
La fiscalía pidió intervenir los teléfonos con los cuales los miembros del brazo legal de la banda dedicada al narcotráfico, extorsión y sicariato se comunicaba y que se sospechaba pertenecerían a miembros del sistema judicial que vendrían dando información a la organización.
“En tales requerimientos fiscales se peticionaban sobre números telefónicos involucrados en presuntos actos delictivos y no se señalaban nombres y apellidos de las personas (solo un nombre, sobrenombre y siglas), menos los cargos públicos que ejercían”, aseveró el Ministerio Público en el comunicado.
Fuente: Agenda Paìs.com