La legisladora Milagros Jáuregui enfrenta cuestionamientos por su patrimonio y denuncias legales relacionadas con la exposición pública de menores víctimas.
La trayectoria de Milagros Jáuregui de Aguayo, actual congresista de la República, se encuentra marcada por una intersección entre el activismo religioso y su rol legislativo en el Parlamento.
Su ascenso político se consolidó bajo la bandera de Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga, donde ha impulsado una agenda vinculada a grupos evangélicos. Sin embargo, detrás de su imagen pública como pastora evangélica y defensora de la familia, existen episodios legales que han generado atención en la opinión pública y medios de comunicación.
Milagros Jáuregui y las disputas familiares
La historia de la legisladora incluye un prolongado conflicto judicial que involucra a su madre, Piedad Martínez Navarro, y una millonaria herencia tras el fallecimiento de su esposo.
En 2008, Martínez contrajo matrimonio con Jesús Becerra, un ciudadano de 73 años, a pesar de que ella aún mantenía un vínculo legal vigente con el padre de la congresista.
Este caso de bigamia fue el punto de partida de una serie de demandas penales contra los hijos de Becerra por la posesión de una vivienda en el distrito de La Molina.
Patrimonio inmobiliario
Tras años de litigio, la organización de Jáuregui devolvió la propiedad a sus dueños originales en 2025, luego de haberla usado para impartir talleres religiosos.
La declaración jurada de la parlamentaria en 2025 revela un patrimonio superior al millón de soles, incluyendo vehículos de alta gama y propiedades adquiridas junto a su esposo.
Entre los bienes declarados figuran una residencia en Las Lagunas de La Molina, valorizada en 470,000 dólares, y una flota de camionetas de marcas como Mitsubishi y Honda.
Milagros Jáuregui: Cuestionamientos por exposición de menores
Actualmente, Milagros Jáuregui de Aguayo enfrenta investigaciones por la presunta exposición pública de menores víctimas de violencia sexual en eventos vinculados a su entorno.
La denuncia señala que niñas obligadas a continuar con su gestación habrían sido presentadas en actos públicos, lo que podría constituir una infracción a los derechos fundamentales de la niñez.
Especialistas en derecho penal advierten que esta exhibición podría interpretarse como una forma de instigación, dado el soporte mediático que reciben estas actividades religiosas.
La situación legal de la parlamentaria continúa bajo escrutinio, mientras se debate el límite entre la libertad de culto y el cumplimiento de las normativas de protección al menor.
Fuente: Willax Noticias, 11/02/26