Dina Boluarte pidió pensión vitalicia, vehículo, personal y gasolina tras dejar el cargo. Su pensión podría superar los S/ 30 mil, según decida el Congreso
Diez días después de dejar la presidencia, Dina Boluarte envió una solicitud formal al Congreso de la República para activar su pensión vitalicia como expresidenta. En la carta, dirigida al titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, pidió también que se le otorguen los beneficios logísticos y de personal contemplados en el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016.
Entre los beneficios que exige están el acceso a un vehículo oficial de por vida, sin restricciones de uso, así como la contratación de un trabajador personal bajo la modalidad CAS, con sueldo de 3.700 soles mensuales, elegido directamente por ella. La normativa también prevé el suministro mensual de 150 galones de gasolina, valorizados entre 2.200 y 2.500 soles, además de mantener su acceso al seguro de salud privado que tuvo como jefa de Estado.
¿La ley le permite recibir pensión vitalicia tras ser vacada?
Según el régimen actual, Boluarte puede acceder a la pensión y beneficios mientras no exista una acusación constitucional aprobada por el Congreso. Si se iniciara un juicio político y se aprobara una sanción, el pago se suspendería hasta que la sentencia sea no condenatoria. De momento, el Congreso no ha iniciado un procedimiento de ese tipo, por lo que legalmente no hay impedimento para que reciba estos beneficios.
La pensión vitalicia que le correspondería estaría entre 26.000 y 35.000 soles mensuales, según cómo se determine el cálculo. Esto depende del Consejo de Ministros y de si se reconoce el incremento salarial aprobado en su propio mandato, cuando su sueldo pasó de 15.600 a 35.568 soles. Aunque ese aumento fue autorizado por sus funcionarios en medio de la crisis política, aún debe ser validado por el Congreso.
¿Qué otros cobros ha realizado Boluarte al Estado?
Antes de asumir la presidencia, Dina Boluarte trabajaba en el RENIEC. Tras dejar ese cargo, exigió pagos por conceptos sindicales y beneficios laborales que no le correspondían, según esa entidad. Reclamó el pago de 428.905 soles, pero un fallo del Poder Judicial determinó que el monto válido era de 239.000 soles.
Además, el Estado peruano sigue cubriendo los costos de su defensa legal en varios procesos fiscales. Los abogados que la representan en investigaciones en curso, según consta en los informes, continúan siendo financiados con recursos públicos.
¿Qué impacto político tiene esta solicitud?
Aunque su salida fue producto de una vacancia por incapacidad moral, la legislación vigente no contempla ese motivo como obstáculo para el cobro de pensiones. Sin embargo, el hecho de que gestione una pensión vitalicia junto con beneficios logísticos, personales y legales ha generado cuestionamientos.
Críticos señalan que su caso evidencia un vacío legal en torno a las condiciones de acceso a beneficios estatales tras una vacancia. Además, su propio incremento salarial podría influir en que reciba una pensión mayor a la habitual, un hecho sin precedentes entre exmandatarios.
Fuente: Cuarto Poder, América Noticias.,23/11/25