65 % de aportantes a campaña de Ciro Castillo firmó contratos con el Gobierno Regional.
Una investigación revela que el 65 % de los aportantes de campaña de Ciro Castillo, hoy gobernador del Callao, obtuvo contratos o servicios con el Gobierno Regional tras su elección. Muchos de estos proveedores no tenían historial previo en el Estado, pero fueron beneficiados con pagos por montos significativos.
¿Quiénes son los aportantes y qué contratos ganaron?
Entre los casos identificados figura Transpoeco SAC, empresa de Jorge Quispe, que pasó de no registrar vínculos con el Estado a obtener un contrato por más de 129 mil soles. También está Mattco Soluciones, que tras donar materiales como globos y llaveros, logró encargos por más de 442 mil soles en la actual gestión.
¿Qué patrones se repiten en estas contrataciones?
El informe revela que varios aportantes realizaron contribuciones menores, de entre 1,200 y 6,500 soles, pero luego obtuvieron contratos que superan los 100 mil soles. Es el caso de Walter Tincopa, quien figura como aportante aunque él lo niega. No obstante, firmó órdenes de servicio por más de 100 mil soles con el Gobierno Regional.
Un patrón similar se observa en la familia Salluca, donde al menos cuatro integrantes donaron a la campaña y luego recibieron contratos individuales. En conjunto, superan los 200 mil soles en pagos por servicios.
¿Se ofrecieron trabajos a cambio de apoyo político?
Algunos aportantes reconocieron que apoyaron la campaña con la expectativa de recibir trabajo. “Se dijo que quienes colaboraran podrían obtener un contrato”, declaró uno de ellos bajo reserva. Otros negaron cualquier vinculación directa, aunque sus nombres aparecen en los registros oficiales de la ONPE.
¿Qué dicen los expertos sobre este caso?
La abogada Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones públicas, señaló que el patrón de aportes seguidos de beneficios podría ser una forma de direccionamiento indebido. “No se trata solo de conflicto de interés, sino de posibles delitos contra la administración pública”, indicó.
Ruiz remarcó que la existencia de contratos posteriores a las donaciones no es ilegal en sí misma, pero exige una revisión exhaustiva del proceso de selección y adjudicación en cada caso.
Fuente: América Noticias, 2/11/25