Fiscalía archivó escandaloso caso Cajagas, ocurrido durante gestión de Castañeda
Como muchas otras denuncias documentadas, el caso Cajagas, que hace un año implicó el destape de escandalosos manejos financieros en la Caja Metropolitana de Lima –como el otorgamiento de créditos a los familiares de uno de los gerentes más importantes de la gestión de Luis Castañeda–, ni siquiera llegó al Poder Judicial. Una fiscalía lo archivó hace unos meses sin que nadie, según parece, se haya enterado.
El 9 de octubre pasado, el fiscal Edward Escobar Arrese, titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, archivó el delito de negociación incompatible y su decisión fue confirmada en diciembre por una fiscalía superior.
En el mismo acto, el fiscal Escobar dejó abierta la posibilidad de investigar el otro presunto delito: el de estafa. Pero como este no califica como hecho de corrupción, el expediente no continuó más en el despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción y más bien fue derivado a una sede común: la 52ª Fiscalía Provincial Penal de Lima.
De ese modo, quienes fueron denunciados por haber presuntamente favorecido a sus familiares con millonarios convenios y créditos quedaron libres de toda sospecha, pues el sistema anticorrupción ya no los investigará por su aparente accionar como funcionarios ediles.
En su momento, las investigaciones periodísticas y los propios hallazgos de la comisión investigadora de la Municipalidad de Lima que presidió el regidor Pablo Secada apuntaron como principal implicado a quien fuera gerente general de la Caja Metropolitana durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, el experto financiero Julio Lazo Manrique.
Lazo, inicialmente, se defendió, pero las evidencias pesaron más en su contra, sobre todo cuando se supo que las acciones por las que se le denunció implicaron serios reveses financieros para la caja, y posteriormente cuando aparecieron un primo hermano y un sobrino suyos como suertudos beneficiarios de importantes adelantos y créditos. Nada de eso parece haberse tenido en cuenta en el despacho del fiscal anticorrupción.
SOLO PÉRDIDAS
Entre febrero y marzo de 2013, el caso Cajagas hizo ebullición cuando la comisión que presidió Pablo Secada, así como algunos medios de comunicación, dieron a conocer un escándalo tras otro.
El primero fue que pese a las reiteradas advertencias que en su momento hizo la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) al programa Cajagas, la caja siguió colocando créditos que muchos taxistas no tenían cómo pagar después.
Al existir una alta morosidad, el producto estrella de la administración de Luis Castañeda para que los taxistas conviertan sus vehículos a gas o adquieran uno nuevo con ese combustible se fue desfinanciando y, en consecuencia, perjudicando a la institución crediticia.
La SBS hizo más de 41 observaciones que, según la comisión de Secada, la gestión municipal de entonces nunca esclareció.
La comisión investigadora determinó que además del perjuicio a la caja, la gestión edil anterior también perjudicó a los taxistas. El programa de crédito bandera terminó siendo una presunta estafa para quienes debieron ser más bien sus beneficiarios.
El informe final de la comisión Secada llegó a concluir que el manejo financiero de la caja al año 2010 era “muy malo”, y que para febrero de 2013, de los S/.159 millones por créditos colocados, S/.65.2 millones ya eran incobrables.
¿Cuánto le costó ese programa a la Caja Metropolitana? En su peor momento registró una pérdida de S/.92 millones por el asunto Cajagas, que equivalía al 35% de los créditos colocados en el mercado de taxistas. Una bicoca.
LA EMPRESA DEL SOBRINO
Pero lo escandaloso arreció cuando se reveló que en 2010 el entonces gerente general, Julio Lazo Manrique, firmó un convenio con una recientemente creada empresa Global Intel, para que esta se haga cargo de la operación y el monitoreo de los taxis pertenecientes al sistema Cajagas.
A cambio, la novata compañía recibiría la suma de S/.5 millones, a la par –se suponía– del servicio brindado. Pero sin siquiera haber iniciado su trabajo, la caja le adelantó a la empresa S/.1.2 millones. ¿Por qué? Quién sabe, pero había algo que bien pudo haber contribuido a encontrar la respuesta: el gerente general de Global Intel, José Aguilar Sotero, era sobrino de Julio Lazo, el gerente de la caja. ¿Por qué el fiscal anticorrupción no tuvo en cuenta este importante elemento?
Tampoco parece haber sido importante para el fiscal que en la fecha en la que el sobrino de Lazo se hizo de ese apetitoso convenio este tenía solo 22 años y casi ninguna experiencia en el rubro del monitoreo de vehículos con GPS. Menos aún mostraba solvencia y respaldo económicos. ¿Esto no evidenciaba nada para el fiscal?
Lazo no era cualquier funcionario en la organización edil de Castañeda. Fue nada menos que el apoderado de las cuentas bancarias del municipio y el asesor financiero de la alcaldía, y cuando el gerente de Finanzas de la municipalidad, Juan Blest, cayó en desgracia al descubrirse el caso Comunicore, Lazo se hizo más importante aún.
De hecho, su importancia para el entonces alcalde de Lima quedó demostrada el 3 de marzo de 2010, día en que se sentó al lado del burgomaestre cuando este tuvo que acudir a la Comisión de Fiscalización para responder por la turbia operación Comunicore.
Fuente: Diario 16 Pàg. 5