La Comisión Agraria del Congreso impulsa un dictamen que soslaya la participación de los pequeños agricultores frente a las grandes agroexportadoras, que además pagarán menos impuestos.
El gremio agrario advierte un inminente golpe contra la seguridad alimentaria del país. La nueva ley agraria, impulsada desde la Comisión Agraria del Congreso para reducir los impuestos para las empresas agroexportadoras, ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones y especialistas del sector agrícola, especialmente para la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), que representa a la agricultura familiar.
Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, ha expresado su rechazo a esta ley, argumentando que pone en riesgo la sostenibilidad de los pequeños productores. Este gremio destaca que la agricultura familiar abastece el 80% de los alimentos en el mercado nacional y representa el 97.6% de las unidades agropecuarias del país.
Según Rojas, la ley permite que pequeñas exportadoras, en alianza con las grandes, compitan en igualdad de condiciones con las organizaciones de agricultura familiar en el mercado de Compras Estatales de Alimentos, lo que distorsiona una política pública diseñada para fortalecer la economía de los productores familiares.
Conveagro critica que el dictamen extiende beneficios de programas estatales, como los de AGROIDEAS y AGRORURAL, a pequeños exportadores, lo que podría desplazar a las micro y pequeñas empresas (MYPE) y formas asociativas de la agricultura familiar. Esta medida, según el gremio, contradice los objetivos de la Política Nacional Agraria al 2030 y profundiza las desigualdades en el sector.
Otro perjuicio es la posibilidad de que las empresas agroexportadoras accedan a regímenes tributarios más beneficiosos, diseñados para sectores de baja capacidad contributiva. Esto vulnera el principio de igualdad tributaria y afecta la competitividad de los pequeños productores, debilitando la seguridad alimentaria del país.
El dictamen también propone un modelo de asociatividad contractual que, según el gremio, favorece a las agroexportadoras al permitirles consolidar su dominio territorial mientras los costos y riesgos recaen en los productores. Este esquema perpetúa la inequidad y podría desencadenar conflictos sociales de alta intensidad.
Finalmente, Conveagro señala que los incentivos propuestos carecen de sustento técnico y evaluación previa, lo que podría comprometer la eficiencia del gasto público y perpetuar inequidades sin asegurar resultados concretos como nuevas inversiones o aumento de la productividad. Por ello, exige al Pleno rechazar el dictamen y establecer una mesa técnica que incluya a representantes del MEF, SUNAT, MIDAGRI, la academia y expertos en políticas públicas, para garantizar un dictamen inclusivo y técnicamente viable.
La Ley Chlimper 2.0 y su impacto fiscal
Eduardo Zegarra, asesor de Conveagro, ha advertido que la nueva ley agraria aprobada por la Comisión Agraria del Congreso podría costar al Estado cerca de S/20.000 millones en un periodo de diez años, de 2025 a 2035. Esta legislación, que reduce el impuesto a la renta al 15% para las empresas agroexportadoras, ha generado preocupación por su impacto fiscal, estimado en S/1.850 millones anuales, según el MEF.
La propuesta incluye un paquete de aproximadamente 15 medidas tributarias, entre las cuales destaca la reducción del IR para las agroexportadoras. Este beneficio fiscal se aplicará durante una década, desde 2025 hasta 2035, lo que ha suscitado un debate sobre la equidad y el impacto en las finanzas públicas.
Zegarra subrayó que las agroexportadoras han visto un incremento del 74% en sus ganancias en 2023, lo que plantea interrogantes sobre la necesidad de otorgarles beneficios adicionales. La discusión sobre la nueva ley se centra en la distribución de los recursos fiscales y su efecto en el desarrollo del sector agrícola en su conjunto.
Fuente: Exitosa, 3/12/24.