Normativa innecesaria tiene paralizada la mitad de la cartera de proyectos de inversión minera y también afecta sector inmobiliario.
La desidia del actual Gobierno de Perú, liderado por Dina Boluarte, se ha convertido en un factor determinante que obstaculiza la reducción de la burocracia y tramitología en el país, generando un clima desfavorable para la inversión privada. Desde su llegada al poder, se ha evidenciado una falta de voluntad política y acción concreta para abordar este problema crucial que afecta la competitividad y el desarrollo económico del país.
En primer lugar, la falta de liderazgo por parte del gobierno de Boluarte se refleja en la ausencia de iniciativas claras y contundentes para simplificar los procesos burocráticos. A pesar de las promesas de campaña y las demandas de la sociedad, no se han implementado políticas efectivas para reducir la carga administrativa que enfrentan las empresas al establecer y operar en Perú.
La negligencia del Gobierno se manifiesta también en la falta de coordinación entre las distintas entidades gubernamentales responsables de los trámites y regulaciones. La desarticulación y la burocracia interna dentro de la administración pública contribuyen a la complejidad y lentitud de los procesos, lo que desanima a los inversores y obstaculiza el desarrollo empresarial en el país.
Además, la corrupción sigue siendo un problema endémico en el Perú, y la pasividad del gobierno de Boluarte para combatirla agrava aún más la situación. La falta de medidas efectivas para prevenir y castigar los actos de corrupción dentro de la administración pública alimenta la desconfianza en las instituciones y ahuyenta a los inversionistas que buscan un entorno empresarial transparente y justo.
La falta de visión estratégica por parte del Gobierno también se refleja en la inacción para mejorar la infraestructura nacional. La escasez de inversiones en proyectos de infraestructura clave, como carreteras, puertos y telecomunicaciones, limita la capacidad de las empresas para operar de manera eficiente y acceder a nuevos mercados, lo que reduce su interés en invertir en Perú.
Asimismo, la inestabilidad políticay la falta de consenso en el gobierno de Boluarte han generado un clima de incertidumbre que desalienta aún más la inversión privada. La falta de continuidad en las políticas y la ausencia de un plan económico claro aumentan el riesgo para los inversores y dificultan la toma de decisiones a largo plazo.
La burocracia y tramitología excesivas en Perú representan una barrera significativa para la inversión privada y el desarrollo económico del país. Sin embargo, la desidia y la falta de acción por parte del actual gobierno de Dina Boluarte han contribuido a perpetuar este problema en lugar de abordarlo de manera efectiva.
MILLONES PARALIZADOS
Para el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, la tramitología y la burocracia en el Perú tiene paralizado la mitad de la cartera de proyectos mineros del Perú, que según la última actualización del Ministerio de Energía y Minas (Minem), supera los 54,556 millones de dólares. Es decir, la burocracia tiene paralizado inversiones por más de 27,000 millones de dólares.
“Las inversiones, especialmente las de mayor envergadura, requieren de condiciones básicas para su desarrollo. El aumento del riesgo y la incertidumbre juegan un papel fundamental en este ámbito. Si bien la pandemia ha tenido un duro impacto en la economía y las expectativas, la reactivación de otros países demuestra que es posible avanzar. Sin embargo, nosotros estamos quedando atrás. La inestabilidad política, la tramitología y la conflictividad social son los componentes que nos diferencian negativamente”, lamentó en entrevista al diario EXPRESO.
En otro momento, el especialista explicó que existen tres grandes grupos de trabas burocráticas. “El primer grupo, a mi juicio, se encuentra ligado a la regulación laboral, la cual ha experimentado un aumento en su rigidez. Considero que, si bien durante la gestión del exministro de Trabajo Íber Maraví se observaron ciertos retrocesos en algunos aspectos, no ha habido un esfuerzo sostenido por revertir la rigidez general que se ha generado en este ámbito”, señaló.
“Otro extenso grupo de normas, especialmente atractivas para el sector empresarial, se relaciona con el cumplimiento de la normativa municipal. Si bien la normativa municipal no es uniforme en todo el territorio nacional, lo cual se justifica por las diferentes características de cada región, tampoco debería presentar diferencias abismales. Sin embargo, la capacidad para crear normas y regulaciones carentes de fundamento es considerablemente alta. Como consecuencia, observamos un panorama en el que numerosas municipalidades clausuran locales comerciales por no haber solicitado autorización para colocar cuadros decorativos”, apuntó.
“Un tercer grupo de medidas, sin duda, estará determinado por el sector minero y de hidrocarburos. Se trata de la normativa ambiental sectorial, que en numerosas ocasiones presenta superposiciones. Si bien es posible promulgar una regulación ambiental efectiva, esta no debe obstaculizar la viabilidad de los proyectos de inversión”, indicó.
Fuente: Expreso.