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DONACIONES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY SE HICIERON HUMO: A TRES MESES QUE LOS HUAICOS AZOTARA DICHAS ZONAS




DONACIONES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY SE HICIERON HUMO: A TRES MESES QUE LOS HUAICOS AZOTARA DICHAS ZONAS 

La Municipalidad de Huarmey liderará el proceso de reconstrucción de la provincia en medio de denuncias por la entrega irregular de donaciones y por un cuestionado contrato para aplicar fotopapeletas. El Ministerio Público investiga ambos casos.

—¡Estamos bajo el agua, bajo el agua!
El grito del alcalde de Huarmey, Miguel Ángel Sotelo, sorprendió al presidente Kuczynski y al primer ministro Zavala, quienes replicaron que la ayuda estaba en camino.
—¡No nos mientan!, reclamó el alcalde.
La situación era crítica. El pasado 17 de marzo, dos días después del desborde del río, Huarmey estaba inundada e incomunicada. Miles de personas abandonaron sus casas y no tenían dónde dormir. El alcalde pedía apoyo de todas las maneras posibles, ayuda que eventualmente llegó en forma de maquinarias, presupuesto y víveres, entre otros.
Tres meses después de la inundación, las irregularidades en la entrega de donaciones, además de otro caso de presunta corrupción, dejan a la gestión municipal de Sotelo con el agua hasta el cuello.

Las donaciones fantasmas

Huarmey, con sus 14 mil damnificados por El Niño Costero, recibió donaciones de particulares. Una parte fue entregada por las empresas Tottus y Sodimac a fines de marzo. El 28 de ese mes, la Gerencia Municipal comunicó que recibió estas donaciones, cuyo valor sumado era de 88 mil 554 soles.
Los donativos de ambas empresas incluían víveres como leche, atún, agua, galletas, frijoles; además de herramientas, utensilios de cocina, sacos de dormir y edredones.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal se encarga de aceptar las donaciones. Una vez aprobadas, dispone la entrega a la población. El procedimiento busca evitar irregularidades en la entrega de donaciones.
Pero esto no ocurrió así. Las donaciones salieron del almacén sin una fiscalización adecuada, sin registro de a quién fueron entregadas, y sin aprobación del Concejo Municipal.
“No hay evidencia de que se hayan entregado”, dijo a RPPData María García, teniente alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Huarmey. El Concejo Municipal pidió al alcalde la documentación de la recepción y entrega de los donativos, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
No son los únicos que pidieron explicaciones. Tottus y Sodimac solicitaron las actas de recepción, pero tampoco recibieron respuesta. José Márquez, el ingeniero que coordinó la entrega de donaciones en Huarmey, comenta que ni el alcalde ni el gerente municipal le contestaban el teléfono.
“Lo más correcto hubiera sido que nos entreguen los documentos. Nunca los entregaron”, dijo Márquez a RPPData. “La empresa estuvo dispuesta a entregar más donaciones. Computadoras para colegios y Policía”. Tras las irregularidades, optaron por no hacerlo.
No fue el único caso de cuestionamientos en la entrega de donativos.
El 31 de marzo pasado, la Intendencia de Aduanas de Tacna adjudicó bienes a la Municipalidad Provincial de Huarmey. Se trataba de electrodomésticos, ropa, zapatillas y frazadas que habían sido incautados, decomisados o declarados en abandono. El valor total aproximado era de 126 mil 660 soles.
El alcalde Sotelo firmó un acta de recepción de las donaciones el 27 de abril. Tras esto, se dispuso que los productos se coloquen en almacenes ubicados en el primer y segundo piso del local de la Municipalidad.
                      Inspección y denuncia
El pasado 25 de mayo a las 12:45 p. m., un grupo conformado por los regidores Martha Muñoz, Julio Gonzales y Nilz Rondán, el entonces jefe de la Oficina de Control Interno René Cacha Ríos, y el propio alcalde Sotelo inspeccionó en el almacén donde deberían haber estado las donaciones. Encontraron bolsas abiertas y al menos dos cajas vacías.
Al igual que con Tottus y Sodimac, los donativos salieron de los almacenes sin la aprobación del Concejo Municipal y sin padrón de beneficiarios.
De acuerdo al acta levantada ese día, firmada por todos los participantes de la inspección, el alcalde señaló que “se está haciendo entrega a personas que llegan solicitando su ropa, previa firma de entrega”. Sotelo se comprometió a regularizar la situación, pero hasta el momento no lo ha hecho.
Esa misma tarde, los regidores presentaron una denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarmey, que derivó el caso a la Fiscalía Anticorrupción del Santa. Allí se abrió una investigación preliminar por el presunto delito de peculado, actualmente en curso y a cargo del fiscal Ronald Aquino Pajares.
“Ya la fiscalía va a determinar qué pasó”, respondió el alcalde Sotelo a RPPData ante el cuestionamiento por las donaciones que, sumadas, alcanzan un valor de 214 mil soles. “Pero nosotros tranquilos, hemos presentado todas las pruebas”.
                                       ‘Fotopapeletas’ con trampa
Al caso de las donaciones se suma el cuestionamiento por la firma de un contrato que permitió imponer fotopapeletas de manera irregular.
El 20 de abril del 2015 la Empresa Mun. Provincia de Canta EIRL, a través de su gerenta general Zaida Karina Fernández Morales, propuso a la Municipalidad Provincial de Huarmey brindar el servicio de administración de fiscalización electrónica -las conocidas ‘fotopapeletas’- en el tramo de la carretera Panamericana ubicado dentro de los límites de la provincia.
A pesar del nombre, la empresa no tiene mayor relación con la Municipalidad de Canta. El parecido no es casualidad, como se verá más adelante.
El expediente de la Empresa Mun. Provincia de Canta EIRL estaba compuesto en buena parte por documentación de otra empresa. La experiencia previa, los equipos y el certificado de calibración de los mismos le corresponden a la Empresa de Servicios Tecnológicos de Radares Zaikafer EIRL.
Si bien Zaikafer y la Empresa Mun. Provincia de Canta EIRL comparten a la misma gerenta general, presentar un expediente con documentos de una empresa distinta debió haber provocado, por lo menos, algún reclamo por parte de la Municipalidad de Huarmey.
No fue así. Por el contrario, el expediente siguió su trámite en la gerencia de Transporte y Seguridad Vial y en la Comisión de Regidores de Transporte, Seguridad Vial y Ciudadanía, que en marzo del 2016 autorizó al alcalde suscribir el acuerdo.
Aquí es cuando se produce la siguiente irregularidad, relacionada con el nombre de la empresa.
A pesar de que la propuesta de Zaida Fernández fue por el servicio de fotopapeletas, el 17 de marzo del 2016 el alcalde de Huarmey, Miguel Ángel Sotelo, y la Empresa Mun. Provincia de Canta firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, como si ambas fueran municipalidades provinciales.
En la práctica, se disfrazó un contrato de servicios como convenio interinstitucional para burlar la Ley de Contrataciones del Estado, que obliga a iniciar un proceso de contratación para un servicio mayor a las tres Unidades Impositivas Tributarias, el equivalente a 11 mil 850 soles.
En el momento de la firma del acuerdo, la Empresa Mun. Provincia de Canta EIRL tampoco figuraba en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, pero esto no impidió que las fotopapeletas se empezarán a imponer… y a cobrar. Según el convenio, el 60% de los ingresos por las papeletas iban a la empresa, y el 40% a la Municipalidad de Huarmey.
Es así que el 23 de septiembre del 2016 se emitieron las órdenes de servicio a favor de Muncanta, por un valor de 22 mil 609 soles.
Investigación y vacancia
“Dichas papeletas devienen en nulas, por lo tanto está generando que los afectados soliciten la devolución de su dinero”, señala el documento de apertura de investigación preliminar de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa. La investigación por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado está a cargo del fiscal Carlos Zárate Medina.
El caso, además, ha sido presentado por el ciudadano Bernardo Magallanes Pachas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedir la vacancia del alcalde Sotelo y siete regidores.
El abogado que asesoró la solicitud de vacancia fue Alberto Egúsquiza. El pedido de vacancia se presentó ante el JNE el 20 de enero del 2017. Seis días después, unos explosivos detonaron en la puerta de su casa en Huarmey.
Tras el ataque, el abogado se distanció de la vacancia. Su familia se mudó a otra ciudad.
Al menos dos regidores opositores y un periodista de Huarmey señalaron a RPPData haber recibido amenazas y agresiones en los últimos meses. Pidieron, por seguridad, no ser identificados.
El Concejo Municipal acordó el pasado 17 de febrero dejar sin efecto el convenio.
          Sotelo: “Fiscalía va a determinar qué pasó”
Una radio local intentó comunicarse con Zaida Fernández, gerenta general de la Empresa Mun. Provincia de Canta, pero José Rey Rey, asesor legal de la empresa y esposo de Fernández, indicó que no podía por un problema de salud.
Rey sí accedió a responder nuestras preguntas sobre el caso de las fotopapeletas. Señaló que “era un proyecto piloto” que duró un par de días. Pero en el convenio firmado con la Municipalidad el plazo para el servicio era de cuatro años.
Agregó que, en caso de que las papeletas se declaren nulas, “regresar 20 mil soles no es un tema que nos preocupe”.



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