La responsabilidad de impedir que se infiltren elementos del narcotráfico en la política local pasa por no dejar el control de este tema solo en los organismos del sistema electoral, dijo hoy el secretario técnico de la Asociación Transparencia, Gerardo Távara.
En tal sentido, señaló a la Agencia Andina, que es necesario vincular a entidades como la Contraloría, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras a dicha supervisión.
"La hoja de vida de cada candidato se presenta ante el JNE pero se necesita vincular esa información con la de otras entidades", como las anteriormente mencionadas, subrayó.
Otra manera de lograr esto es darle a los organismos electorales más atribuciones para sancionar a quienes infrinjan principios de transparencia o se vinculen con el crimen organizado, explicó Távara.
"La ONPE tiene la potestad de hacer que los partidos rindan cuentas de dónde proceden sus dineros, pero no tiene posibilidad de sancionarlos de manera efectiva", anotó.
Recordó que cuando se den deficiencias en este ámbito, la penalidad implica "la suspensión de recibir financiamiento público".
"Pero como este nunca se ha hecho efectivo, se trata de una sanción ficticia", reconoció.
Távara, recordó que el financiamiento público a los partidos siempre ha estado condicionado a la capacidad de la caja fiscal, por lo que nunca ha podido concretarse.
Por ello, expresó su esperanza de que el dictamen que aprobará la Comisión de Constitución para quitar dicho condicionamiento, sea convertido en Ley.
Insistió en que brindar financiamiento público directo a los partidos políticos les dará a estos un arma más para evitar que las bandas del crimen organizado infiltren sus fondos en ellos.
"Hay que fortalecerlos, y mientras sigamos postergando este tema, las posibilidades de penetración de dinero sucio serán cada vez más altas", indicó.