La baja representación se replica en todos los niveles: solo 95 de los 1.696 distritos serán liderados por alcaldesas y apenas 7 de las 196 provincias del país contarán con una alcaldesa provincial. A nivel macro, solo una mujer fue elegida como gobernadora regional, frente a las 25 jurisdicciones.
En lo que respecta a municipalidades distritales, la situación más crítica se registra en cuatro regiones donde no fue elegida ni una sola alcaldesa: Apurímac (79 alcaldías), Pasco (26 alcaldías), Ucayali (15 alcaldías) y Madre de Dios (8 alcaldías).
En el otro extremo, la concentración más alta de alcaldesas electas ocurrió en Lima, con 21 de 160 distritos, Amazonas con 10 de 78 y Arequipa con 8 de 101. Aun así, estas cifras demuestran que la brecha se mantiene prácticamente intacta, pues en ninguno de estos departamentos las mujeres llegan a ocupar ni el 15% de las alcaldías.
Las siete alcaldesas provinciales electas son: Marcelina Carbajal (Bolognesi, Ancash); Edna Juárez (Pallasca, Áncash); Patricia Hidalgo (Camaná, Arequipa); Miriam Huerta (Chincha, Ica); Zulema Belú (Huarochirí, Lima); Chenny Ramos (Mariscal Nieto, Moquegua) y Yessenia Pereda (Paita, Piura).
La selección de candidaturas
La baja representación de mujeres en los cargos subnacionales no ocurre al azar, sino que se origina en las etapas iniciales del proceso electoral. Según el monitoreo de la Red Micaelas, solo el 8,6% de las candidaturas nacionales para encabezar listas ejecutivas correspondieron a mujeres, lo que evidencia una barrera de acceso desde la fase de inscripción de candidaturas.
Mientras que las postulaciones femeninas para regidurías y consejos regionales alcanzaron la paridad gracias a la cuota legal de 50%, la historia fue muy distinta para los cargos municipales y regionales.
En el caso de las alcaldías provinciales, las candidaturas femeninas se ubicaron en un 9%, mientras que en los Gobiernos Regionales (GORE) 9 de las 25 jurisdicciones no presentan a ninguna mujer encabezando fórmulas y ninguna región alcanza la paridad.
Del mismo modo, en las alcaldías distritales la brecha es crítica, registrándose más de 1.170 distritos sin ninguna candidata mujer. Bajo este esquema, la mayoría de las postulaciones a las alcaldías siguen estando lideradas por hombres.
¿Por qué falla la Ley 31030 de Paridad y Alternancia?
Para analizar los factores detrás de estos resultados, la politóloga e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Anamilé Velazco señaló a La República que la Ley de Paridad obliga a los partidos a incluir igual cantidad de hombres y mujeres en las listas de regidores y consejeros, pero no exige lo mismo cuando se trata de elegir a un solo candidato para encabezar una alcaldía o gobernación. Por ello, la decisión de poner candidatos hombres a la cabeza sigue quedando a total criterio de las organizaciones políticas.
"Es un avance positivo definitivamente, pero aún queda espacio para asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres en la política. La paridad se exige en la conformación de las listas, pero no en quién las encabeza ni en las candidaturas a alcaldía y gobernación. Por eso los partidos cumplen con el 50% colocando a mujeres en las posiciones de regiduría o consejería, y reservan a los hombres las candidaturas ejecutivas", señaló Velazco.
Al ubicar a las candidatas en las partes bajas o secundarias de la lista, sus posibilidades reales de ganar la elección disminuyen drásticamente.
"Además, la alternancia se aplica a las listas, pero no obliga a que las mujeres las encabecen en una proporción determinada. Como resultado, la paridad en la postulación no se traduce en paridad en los resultados: al ocupar posiciones menos competitivas, las mujeres tienen menos probabilidades de ganar, y en cargos uniponderales no existe un arrastre de lista que compense esa desigualdad inicial”.
Trayectoria previa, herencia política y barreras para las mujeres
Como en las alcaldías gana una sola persona, los partidos tienden a recurrir a perfiles con experiencia previa o apellidos conocidos, espacios donde históricamente han predominado los hombres debido a las barreras del pasado.
“Los cargos de alcaldía y gobernación son uniponderales: gana una sola persona, por lo que no operan los mecanismos que sí ayudan en listas plurinominales como el Congreso. Esto empuja a los partidos a apostar por perfiles con trayectoria, que suelen ser hombres que ya han postulado antes o que han ocupado algún cargo electoral, o por perfiles con arrastre de apoyo, como familiares de autoridades conocidas. Un ejemplo es el de Manuel Vidal, virtual alcalde de Ate, padre de Franco Vidal, alcalde de Ate 2023 a 2026”.
Además de que las mujeres enfrentan un menor historial en cargos públicos, también tienen menos acceso a financiamiento para sus campañas.
“Las mujeres acceden menos a cargos previos (regidurías, gestión pública, dirigencia partidaria), que son la cantera habitual de los candidatos ejecutivos. También tienen menor acceso a financiamiento y a redes de aportantes, y los partidos invierten menos en sus campañas (…). Finalmente, pesan los estereotipos sobre el liderazgo y los controles internos de partidos dominados por hombres, que perciben a las candidatas como menos competitivas”.
Reformas para lograr una representación real
Las barreras no concluyen con la elección. Velazco señala que las pocas autoridades electas enfrentan un entorno machista durante el ejercicio de sus funciones.
"Una vez en el cargo, las autoridades mujeres enfrentan el acoso político, que se expresa en descalificaciones personales, rumores, ataques a su vida privada y amenazas orientadas a desacreditar su gestión por el hecho de ser mujeres. A ello se suma el cuestionamiento permanente de su capacidad, así como un mayor escrutinio y un menor margen de error que el de sus pares hombres, lo que las obliga a demostrar constantemente su legitimidad. Todo esto ocurre, además, en un contexto de doble jornada y escaso respaldo: cuentan con pocas redes de apoyo y poca protección de sus propios partidos”.
Para cambiar este panorama, Velazco sostiene que es indispensable obligar por ley a incluir mujeres en las candidaturas a alcaldes y darles un acceso justo al dinero de campaña.
Para revertir esta brecha, la politóloga considera indispensable reformar la ley para exigir que una proporción obligatoria de las candidaturas ejecutivas sea ocupada por mujeres o imponer fórmulas paritarias con sanciones efectivas. Asimismo, propone que la entrega de fondos públicos a los partidos esté condicionada a la inversión real en campañas femeninas y a un mayor acceso a la franja electoral.
Asimismo, la experta manifiesta que la formación política dentro de las agrupaciones debe ir acompañada de mecanismos efectivos para frenar la violencia política.
"A ello debe sumarse el fortalecimiento de las trayectorias políticas de las mujeres, mediante programas de formación y liderazgo desde los partidos y reglas de democracia interna que garanticen su participación en la designación de candidaturas. Asimismo, es fundamental reforzar la protección frente al acoso político, con protocolos claros de denuncia, sanciones efectivas y mayor difusión de la Ley 31155 [norma que previene, erradica y sanciona la violencia política contra las mujeres]”.
JNE: El fracaso de la paridad en los sillones municipales
De acuerdo con un informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la aplicación por primera vez de la paridad y alternancia evidenció que las normas cumplieron su propósito en las listas de regidores, pero mostraron limitaciones en las alcaldías.
Mientras los puestos de consejo regional alcanzaron cerca del 48% de participación femenina, las alcaldías provinciales registraron un 8.7% y las distritales un 8.1%.
Esto se alinea con los datos de la Red Micaelas, que advierten que las mujeres representaron apenas el 8,6% de las candidaturas a alcaldías y gobiernos regionales.
Ante este panorama, queda en evidencia que si bien la ley impulsó la presencia de mujeres en los cargos de regidurías y consejos, las agrupaciones políticas continuaron reservando los cargos ejecutivos principales exclusivamente para los hombres.
Así, la falta de reformas estructurales para exigir paridad en las cabezas de lista sitúa a las mujeres en una constante desventaja, prolongando proceso tras proceso el dominio masculino en los gobiernos subnacionales.
Fuente: La República, 24/10/26
