Los implicados en el caso del Liceo Naval Almirante Guise sostienen que el hecho fue un "juego", mientras la Fiscalía avanza con las diligencias legales y la Defensoría del Pueblo supervisa los protocolos.
La Policía Nacional del Perú intervino a diez estudiantes de quinto año de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise por su presunta participación en una agresión sexual contra un menor de cuarto de secundaria.
El hecho ocurrió a las 4:30 p.m. durante el trayecto de regreso de un torneo de fútsal hacia el distrito de San Borja. Los implicados habrían retenido y agredido físicamente a la víctima en el interior del transporte escolar.
La Fiscalía y la comisaría del sector asumieron las diligencias del caso para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en las instalaciones de la dependencia policial.
Investigaciones policiales y medidas legales en curso
La Policía trasladó a los menores retenidos bajo custodia para someterlos a exámenes de medicina legal e identificación biométrica antes de dejarlos a disposición judicial.
Padres de familia de los implicados se presentaron en la sede policial para definir la estrategia de defensa técnica ante el inicio del proceso legal.
El abogado especialista en derecho penal, Luis Gutiérrez Oliva, explicó que al tratarse de menores de 14 a 17 años, no aplica una pena privativa de la libertad en un centro penitenciario convencional.
Según la normativa vigente, la Justicia de menores contempla medidas socioeducativas, entre las cuales figura el internamiento en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, conocido como Maranguita.
El periodo de internamiento preventivo o sancionatorio puede extenderse entre cinco y siete años en función de las agravantes establecidas durante las pesquisas.
Estrategia defensiva y reacciones tras los hechos en San Borja
Docentes y padres de la institución educativa manifestaron su preocupación respecto al avance de las investigaciones y el tratamiento dispensado durante el procedimiento técnico.
Testimonios recogidos en el entorno escolar indican que la defensa argumentará la ausencia de intencionalidad, catalogando lo sucedido como una conducta no premeditada o juego entre compañeros.
Expertos del sector legal precisaron que la calificación del delito dependerá de si se determina la búsqueda de satisfacción sexual o si los hechos se encuadran en lesiones graves.
Representantes de la Defensoría del Pueblo acudieron al plantel para verificar el cumplimiento de los protocolos institucionales y la atención brindada a los involucrados.
Los encargados del transporte escolar y el personal a cargo de la delegación del equipo deportivo durante el traslado rinden sus declaraciones ante la Comisaría de San Borja.
El menor afectado se encuentra bajo acompañamiento médico y psicológico por parte de las entidades estatales competentes mientras continúan los actuados fiscales.
Fuente: Willax: 17/09/26