El registro documentario consigna el cobro de 350 dólares por hora de consulta legal y técnica.
Nuevos documentos sacan a la luz los detalles de un contrato de locación de servicios firmado entre el estudio Azabache Caracciolo EIRL y la empresa Odebrecht Latinvest Peru Ductos SA.
La documentación revela un vínculo contractual que trascendió la representación en los tribunales.
El acuerdo comercial se ejecutó durante los años 2015 y 2016 con el objetivo de brindar asistencia integral a la alta dirección de la firma.
El alcance de la contratación incluía manejo de crisis, relaciones públicas y consultoría estratégica de comunicación.
Las revelaciones muestran la estructura operativa y financiera desplegada por la constructora en el Perú para gestionar los cuestionamientos corporativos.
La información expone los montos facturados y el tipo de servicios contratados durante el periodo clave de investigaciones.
Honorarios en dólares y servicios de consultoría a Odebrecht
Durante la primera etapa de la relación contractual, fijada entre junio y diciembre de 2015, la firma legal percibió un pago mensual de 5 mil dólares.
Este monto fijo cubría las labores de orientación en asesoría de imagen y contingencias reputacionales.
Para enero de 2016, el esquema de facturación cambió hacia una tarifa por hora de trabajo.
El registro documentario consigna el cobro de 350 dólares por hora de consulta legal y técnica, promediando montos de casi 3 mil dólares mensuales.
Las declaraciones vertidas en la comisión Lava Jato por exintegrantes del Congreso refieren que la empresa extranjera mantuvo acuerdos con diversos buffets limeños.
En ese contexto, se identificaron servicios vinculados a intervenciones públicas y posicionamiento mediático.
Reacciones y señalamientos sobre los conflictos de interés
La exprocuradora Katherine Ampuero sostuvo que el objeto del contrato demuestra una relación directa con la alta dirección corporativa.
Asimismo, cuestionó el respaldo manifestado posteriormente por el abogado hacia la exprocuradora ad hoc Silvana Carrión, a quien señaló como su exalumna.
Por su parte, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que la constructora brasileña implementó una estrategia con múltiples firmas de abogados.
El esquema abarcaba tanto la redacción de contratos contractuales como la defensa legal ante denuncias penales.
Actualmente, las intervenciones públicas de César Azabache en espacios digitales abordan el análisis técnico sobre delitos de lavado de activos.
En dichos pronunciamientos, el jurista analiza la actuación fiscal y los vacíos en el seguimiento de los flujos de dinero de Odebrecht.
El conocimiento de estos contratos privados reabre el debate sobre el alcance de las asesorías corporativas en el caso Lava Jato.
Las autoridades evalúan la información surgida a fin de determinar si existieron implicancias procesales en las investigaciones en curso.
Fuente: Willax, 12/08/26