Las democracias no se miden por la forma en que tratan a los periodistas que elogian a quienes ostentan el poder.
Las democracias no se miden por la forma en que tratan a los periodistas que elogian a quienes ostentan el poder. Se miden por la forma en que tratan a los periodistas que los investigan. Una prensa libre no es un privilegio concedido a los periodistas.
Es una de las salvaguardias más importantes que posee una sociedad democrática. Sin periodistas dispuestos a investigar la corrupción, la negligencia, el abuso de autoridad y las fallas dentro de las instituciones públicas, los ciudadanos pierden la información necesaria para exigir cuentas a quienes ejercen el poder. Cuando el periodismo es silenciado, la democracia comienza a debilitarse.
La Obligación del Perú con la Libertad de Prensa
La Constitución Política del Perú reconoce este principio. El artículo 2, inciso 4, garantiza a toda persona el derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante cualquier medio de comunicación, sin censura previa. Estas protecciones existen porque quienes redactaron la Constitución comprendieron una verdad fundamental: los ciudadanos no pueden supervisar de manera efectiva a su gobierno si los periodistas temen ser castigados simplemente por formular preguntas incómodas.
El compromiso del Perú con la libertad de expresión va más allá de su Constitución. Como Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Perú está obligado por el artículo 13, que protege el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Esta protección adquiere especial importancia cuando la información se refiere a asuntos de interés público o a la conducta de funcionarios públicos.
Casos Históricos
Durante las últimas dos décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado repetidamente estos principios. En Herrera Ulloa v. Costa Rica (2004), la Corte sostuvo que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de escrutinio porque la supervisión democrática depende del debate abierto. En Kimel v. Argentina (2008), advirtió que las sanciones penales impuestas a periodistas pueden generar un efecto inhibidor que desaliente el periodismo de investigación. En Claude Reyes y otros v. Chile (2006), reconoció que el acceso a la información pública constituye, por sí mismo, un componente fundamental de la libertad de expresión.
Estas decisiones reflejan un principio esencial de toda democracia. Quienes deciden ocupar un cargo público aceptan voluntariamente un mayor nivel de escrutinio ciudadano. Jueces, fiscales, congresistas, altos mandos policiales, ministros y autoridades elegidas ejercen un poder delegado por la población. Toman decisiones que afectan la vida de millones de personas. Sus acciones involucran recursos públicos, la confianza ciudadana y el ejercicio del poder estatal. Precisamente por esa responsabilidad, están sujetos a un nivel de crítica que normalmente no se aplica a los ciudadanos particulares. La democracia exige nada menos que eso.
Sin embargo, las garantías constitucionales, por sí solas, no aseguran un entorno saludable para el ejercicio del periodismo.
Otras organizaciones también han expresado inquietudes similares. Defensores de la libertad de prensa han documentado un aumento de la presión judicial contra periodistas, el uso de acciones legales estratégicas, intentos por obligar a revelar fuentes confidenciales de información y propuestas legislativas que, según sus críticos, podrían restringir aún más el periodismo de investigación.
Estos hechos deberían preocupar a todos los peruanos. No porque afecten únicamente a los periodistas, sino porque comprometen el derecho de toda la ciudadanía a estar informada. Mi propia experiencia demuestra por qué estas garantías son tan importantes.
Experiencia Personal
Durante el último año investigué la historia de Transportes Palomino, revisando expedientes judiciales, documentos oficiales del Estado, resoluciones de Indecopi, registros policiales, testimonios de testigos y numerosas otras fuentes documentales. Mi trabajo periodístico examinó reiterados accidentes fatales de transporte, sanciones administrativas y la búsqueda constante de justicia por parte de las familias de las víctimas.
La respuesta no se limitó al desacuerdo con mis conclusiones. En cambio, fui objeto de múltiples denuncias penales en las que se me atribuyeron delitos que iban desde coacción y acoso hasta tentativa de homicidio calificado y otras acusaciones graves.
Rechazo categóricamente todas esas imputaciones y sostengo que mi trabajo periodístico está respaldado por evidencia documental. Que alguien comparta o no mis conclusiones es, en última instancia, secundario.
Conclusión
Los periodistas deben ser cuestionados cuando los hechos son incorrectos. La evidencia debe examinarse de manera crítica. Los errores deben corregirse. Así es como funciona un periodismo responsable. Pero la evidencia debe responderse con evidencia. El debate público debe responderse con más debate público. El sistema de justicia nunca debe convertirse en un sustituto para responder a hechos incómodos. El mayor peligro de la intimidación judicial no es únicamente el daño que puede causar a un periodista. Es el efecto que produce sobre el siguiente periodista que decide no investigar.
Cada vez que un reportero opta por no publicar porque un proceso judicial parece inevitable; cada vez que un denunciante decide guardar silencio; cada vez que una víctima elige no hablar públicamente por miedo, la sociedad pierde información que pertenece al interés público. La mayor víctima no son los periodistas. Es la ciudadanía.
La historia demuestra de manera constante que la corrupción prospera con mayor facilidad en la oscuridad. El periodismo de investigación existe precisamente para iluminar aquello que los intereses poderosos preferirían mantener en silencio. La libertad de prensa no fue concebida para proteger a los periodistas de las críticas; existe para proteger a los ciudadanos del secretismo. La democracia no puede funcionar cuando quienes formulan las preguntas difíciles terminan sentados en el banquillo de los acusados mientras esas mismas preguntas permanecen sin respuesta.
Al final, lo verdaderamente importante es preservar una sociedad en la que los periodistas puedan seguir formulando esas preguntas sin temor a que el propio acto de investigar asuntos de interés público se convierta en el castigo. Porque cuando el periodismo es llevado a juicio por revelar asuntos de interés público, es la propia democracia la que queda en entredicho.
Las Libertades en Retroceso en el Perú
En los últimos años, el Perú ha experimentado un deterioro significativo en la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026, informó que la libertad de prensa a nivel global ha alcanzado su nivel más bajo en veinticinco años, ubicando al Perú entre los países que registraron uno de los descensos más pronunciados de las Américas. RSF señaló que el entorno jurídico para el ejercicio del periodismo se ha deteriorado considerablemente y advirtió que la criminalización del periodismo se está convirtiendo en una preocupación cada vez mayor.
Fuente: Expreso, 4/08/26