Entre los años 2021 y 2023, el organismo electoral recibió recursos destinados a promover el diálogo político y la integridad del voto.
‘Contra Corriente’ reveló que la APCI no fiscalizó el dinero proveniente de la cooperación internacional gestionado para el entorno electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostuvo mantener un déficit presupuestal crítico para organizar comicios regionales y municipales.
Sin embargo, en paralelo se inyectaron montos millonarios que no figuran en los registros públicos de rendición de cuentas ante el Estado.
Entre los años 2021 y 2023, el organismo electoral recibió recursos destinados a promover el diálogo político y la integridad del voto.
A través de la entidad IDEA Internacional, la agencia estadounidense USAID aportó un total de 9.6 millones de dólares al proyecto electoral.
Asimismo, la Unión Europea desembolsó 2.5 millones de euros adicionales para los mismos fines de fortalecimiento institucional y participación ciudadana.
Pese a estas cifras, las declaraciones oficiales presentadas por el organismo electoral muestran balances en cero dentro del rubro de ejecución financiera.
Esta situación ocurre porque la entidad se registra como institución receptora y no ejecutora de los recursos de la cooperación técnica no reembolsable.
Bajo dicha figura legal, la administración de los caudales recae directamente en la entidad internacional intermediaria y no en el ente estatal.
Distribución de fondos y convenios institucionales
Los documentos revisados indican que los convenios suscritos por USAID e IDEA Internacional incluyeron la participación de diversos medios masivos.
Entre las empresas de comunicación figuran RPP, El Comercio y La República, con asignaciones por conceptos de difusión masiva y campañas informativas.
El reporte detalla que RPP sumó compromisos de apalancamiento que superaron el millón de dólares mediante sus plataformas radiales, televisivas y digitales.
Por su parte, El Comercio registró aportes contratados por 480 mil dólares divididos entre su edición impresa y su portal web institucional.
En convenios posteriores, otras plataformas de periodismo de investigación digital como La Encerrona, Epicentro y Ojo Público recibieron subvenciones directas.
Los montos asignados oscilaron entre los 32 mil y los 104 mil dólares para ejecutar componentes específicos del programa de fortalecimiento democrático.
Representantes parlamentarios indicaron que la normativa impulsada desde el Congreso busca fiscalizar el destino de la cooperación internacional.
El legislador Alejandro Aguinaga señaló que cerca del 85% de los proyectos no reembolsables gestionados por ONG no cumplen con inscribirse debidamente.
La propuesta legislativa plantea exigir transparencia electoral e integridad en el registro de cada sol o dólar ingresado al país.
Debate sobre la fiscalización de la APCI
Especialistas e integrantes de diversas organizaciones sociales expresaron posiciones diversas frente a la aplicación de la norma que regula a las ONG.
Por un lado, sectores periodísticos sostienen que el financiamiento extranjero resulta indispensable para sostener investigaciones independientes al margen de corporaciones.
Por otro lado, se recalca que el uso de recursos públicos o de agencias externas en el ámbito estatal requiere mecanismos estrictos de control.
En el marco de la fiscalización pública, la falta de reportes detallados impide conocer el alcance real de los contratos celebrados con terceros.
Las autoridades competentes han solicitado que se auditen las declaraciones anuales presentadas durante los periodos electorales recientes.
El objetivo declarado por los fiscalizadores es garantizar que los recursos destinados a la democracia mantengan estándares claros de integridad pública.
Diversos analistas advierten que la transparencia institucional debe ser el principio rector en cualquier entidad encargada de velar por el voto ciudadano.
La omisión de montos en los formularios oficiales genera incertidumbre respecto al volumen de capitales extranjeros que influyen en el debate nacional.
Se espera que las autoridades del sistema electoral emitan pronunciamientos oficiales para esclarecer los mecanismos de recepción de fondos.
La falta de supervisión por parte de la APCI deja vacíos informativos sobre el manejo real del dinero.
Mientras el organismo electoral solicita mayores partidas del presupuesto nacional, los convenios internacionales continúan ejecutándose fuera del escrutinio público regular.
La discusión se traslada ahora al fuero parlamentario para determinar los cambios legales requeridos en materia de rendición de cuentas.
Fuente: Willax, 30/07/26