Analistas y juristas debaten la viabilidad legal de una gracia presidencial para el exmandatario, tras su condena por el golpe de Estado.
Han transcurrido más de tres años desde que Pedro Castillo Terrones emitió el mensaje a la nación para disolver el Congreso de la República. Tras no recibir el respaldo de las Fuerzas Armadas, el expresidente fue detenido por la Policía Nacional mientras intentaba dirigirse a la embajada de México.
Actualmente, Castillo enfrenta una condena en primera instancia de 11 años de prisión por el delito de rebelión, tipificado en el artículo 346 del Código Penal. No obstante, el proceso judicial continúa en curso, ya que la sentencia aún no es firme y podría ser confirmada, anulada o revocada en una segunda instancia.
Los obstáculos legales para la gracia presidencial a Pedro Castillo
Para que un pedido de indulto prospere, debe seguir un canal administrativo que inicia en la Comisión de Gracias Presidenciales. Según el abogado penalista Andy Carrión, bajo el escenario actual, Castillo no cumple con los requisitos necesarios. El exmandatario solo podría acceder a este beneficio si retira su apelación y acepta la sentencia emitida.
A pesar de los impedimentos técnicos, existe un debate sobre el uso de facultades políticas para omitir procedimientos. Walter Gutiérrez señala que algunas posturas sugieren que la facultad presidencial de indultar no tiene límites, lo que permitiría modificar la conformación de la comisión o los informes técnicos en un plazo breve.
Cuestionamientos a la Comisión de Gracias Presidenciales
La actual conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales ha generado atención en el sector jurídico. El grupo es presidido por Magno Abraham García Chávarri e integrado por Ivar Calixto Peñafiel y Martín Salgado Arroyo. Recientemente se incorporó a Lesli Roxana Gonzales Cabanillas, abogada oriunda de Chota, Cajamarca.
El parentesco y origen de los integrantes ha despertado suspicacias, dado que los padres de la nueva comisionada son docentes de la misma UGEL que Pedro Castillo. Ante este panorama, especialistas sugieren que el Congreso debería legislar para establecer límites claros y evitar que delitos que atenten contra el sistema democrático sean sujetos de este beneficio.
Fuente: Willax Noticias, 12/05/26