El recinto penitenciario de Ate se convierte en la nueva oficina política donde el recluso Pedro Castillo dicta pautas electorales.
La situación en el penal de Barbadillo ha generado una alerta por el presunto uso de instalaciones públicas con fines partidarios.
Lo que inició en una casa en Sarratea, distrito de Breña, parece haberse trasladado a una celda de máxima seguridad bajo financiamiento estatal.
Diversas fuentes señalan que este recinto opera actualmente como una extensión de la oficina política del exmandatario Pedro Castillo.
Desde allí se estarían ungiendo candidatos y dictando pautas para la campaña electoral de Roberto Sánchez.
La dinámica interna de la cárcel muestra una actividad constante de figuras vinculadas a Juntos por el Perú.
Esto ha llevado a calificar el lugar como la versión actualizada del búnker de Sarratea.
Coordinaciones políticas desde Barbadillo
El abogado Raúl Noblecilla confirmó que sus ingresos al centro de reclusión tienen un carácter estrictamente político.
El jurista indicó que sus visitas buscan apoyar el proceso electoral para enfrentar a otras fuerzas políticas.
Se ha detectado la presencia de Catherin Palomino, virtual diputada, en días que no corresponden al cronograma de visitas establecido.
Estas irregularidades sugieren un trato diferenciado dentro del sistema penitenciario peruano.
Otros visitantes frecuentes incluyen a Roger Nájar, quien ingresa con regularidad al pabellón ocupado por el exjefe de Estado.
El congresista José Cueto sostiene que el local se ha convertido en la sede de facto de un partido.
Responsabilidades en el INPE
La gestión de Henry Cotos al frente del INPE ha sido cuestionada por la supuesta permisividad ante estas reuniones políticas.
Existen reportes sobre presuntas presiones para mantener al funcionario en su cargo actual.
Fuentes periodísticas mencionan que el presidente José María Balcázar habría intercedido para evitar la remoción de Cotos.
El titular del INPE sostiene que los ingresos de congresistas se realizan bajo el marco de sus funciones.
Por su parte, el legislador Carlos Zeballos ha solicitado que todas las instituciones públicas mantengan una postura de absoluta neutralidad.
Se ha notificado a los funcionarios para evitar cualquier injerencia en situaciones electorales.
La congresista Elizabeth Hermosilla señaló que el Ministro de Justicia es quien debe brindar explicaciones sobre estas visitas.
Sin embargo, la parlamentaria calificó las denuncias de coordinaciones como simples dichos sin mayor sustento.
El penal de Barbadillo sigue bajo el escrutinio público mientras se define si las audiencias judiciales son usadas como tribunas políticas.
El incidente del logo de JP mostrado ante el Juez Checkley refuerza esta hipótesis de propaganda.
Las denuncias por abuso de autoridad y otras sanciones previas contra Henry Cotos incrementan la tensión administrativa.
El costo del mantenimiento de esta infraestructura recae directamente sobre el presupuesto de los ciudadanos.
Fuente: Willax Noticias, 12/05/26