Contraloría investiga a la ONPE por más de 30,000 laptops e impresoras sin usar almacenadas en condiciones deficientes en Lurín.
La eficiencia del sistema electoral peruano se encuentra bajo la lupa tras una revelación alarmante de la Contraloría General de la República. Más de 41 millones de soles invertidos en equipamiento tecnológico para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habrían quedado en el olvido dentro de un almacén en Lurín, sin cumplir la función para la cual fueron adquiridos: optimizar el procesamiento de votos.
Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría, confirmó la existencia de evidencia sólida que demuestra que un contingente superior a 30,000 computadoras y material de cómputo no fue distribuido en su integridad durante el último proceso electoral. Según el ente de control, esta falta de despliegue anula el propósito de la compra, que era garantizar celeridad y transparencia en el escrutinio.
ONPE hace gasto innecesario: Contraloría pone la lupa
La inversión se desglosa en dos contratos principales:
SICCORP S.A.C.: Más de S/ 31 millones en laptops.
Alfa & Omega S.A.C.: Más de S/ 9 millones en impresoras.
A pesar de la magnitud de estas cifras, los equipos permanecen resguardados en instalaciones que, según las inspecciones preliminares, no cuentan con las condiciones óptimas para el almacenamiento de tecnología sensible. El riesgo de deterioro se suma a la negligencia administrativa de mantener activos críticos inactivos.
Responsabilidades y presuntos sobrecostos
Vera Coronel señaló que la investigación ya ha identificado áreas críticas dentro de la ONPE involucradas en esta omisión. Desde gerencias hasta jefaturas están bajo escrutinio para delimitar el nivel de responsabilidad en la cadena de mando que impidió la distribución del material.
“Si encontramos un gran contingente de equipos que no han sido utilizados y se encuentran almacenados, significa que no cumplieron esa finalidad”, enfatizó el vocero.
Además de la falla logística, la Contraloría no descarta la existencia de sobrecostos en el proceso de adquisición. Aunque el análisis de precios sigue en curso, la prioridad inmediata es el inventario físico y la evaluación de daños en los equipos. Esta semana, equipos técnicos realizarán una intervención directa en los almacenes para determinar si hubo fallas estructurales o delitos que ameriten sanciones penales contra los funcionarios implicados en esta millonaria pérdida de recursos públicos.
Fuente: Willax Noticias, 20/04/26