El Gobierno niega la adquisición de aeronaves mientras que en los pasillos de la Fuerza Aérea de lo único que se habla es del acuerdo suscrito en absoluto secreto.
El mediodía del lunes 20 de abril, la Base Aérea de Las Palmas en Lima se convirtió en el escenario de un evento trascendental.
Mientras la atención pública se centraba en los resultados de las recientes elecciones, se gestionaba una compra de aviones sin anuncios oficiales ni presencia de medios.
En los pasillos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el tema central es la adquisición de modernos cazas F-16 de fabricación estadounidense.
Fuentes internas aseguran que el proceso no es solo una intención, sino que ya existe un contrato debidamente firmado por las partes involucradas.
La reunión para esta suscripción ocurrió bajo un régimen de estricta reserva y con documentos técnicos sobre la mesa.
En la cita participaron directamente altos oficiales de la FAP y representantes internacionales de la empresa Lockheed Martin.
Los detalles de la compra de aviones
La transacción económica y militar que se habría pactado no tiene precedentes cercanos en la historia de las Fuerzas Armadas.
El acuerdo contempla un primer lote de 12 aviones F-16, distribuidos en diez unidades monoplazas y dos biplazas.
El monto aproximado de esta operación asciende a 1,540 millones de dólares, lo que representa un compromiso presupuestario de largo aliento para el Estado.
Esta decisión estratégica busca renovar el parque aéreo nacional que actualmente depende de aeronaves Mirage.
A pesar de la magnitud de la cifra y el impacto en la defensa nacional, el presidente José María Balcázar negó públicamente la existencia del acuerdo.
Esta postura generó una contradicción directa con la información que circula dentro de las instituciones militares.
Marco legal y autonomía de las Fuerzas Armadas
La negativa presidencial podría tener un sustento técnico que no implica la inexistencia del compromiso.
Según el Manual de Contrataciones de las Fuerzas Armadas, el mandatario no está obligado a firmar este tipo de acuerdos específicos.
La normativa vigente indica que el contrato puede ser suscrito por el titular del Órgano de la Administración de Contratos (OBAC).
Asimismo, el jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) tiene la competencia delegada para formalizar la compra de aviones.
Por lo tanto, cuando el Ejecutivo afirma que “no se ha firmado nada”, se refiere estrictamente a la rúbrica del despacho presidencial.
Sin embargo, la validez del contrato de Estado se mantiene firme bajo la autoridad de los funcionarios delegados por ley.
Factores políticos y presión internacional
El exministro de Defensa, César Díaz Peche, señaló que el cronograma de esta adquisición ya no dependía de una decisión presidencial individual.
Al ser considerado un asunto de Estado, el proceso siguió su curso administrativo para evitar desaires diplomáticos.
La suspensión de esta firma habría generado tensiones directas con la administración de Estados Unidos y sus representantes comerciales.
Existe la percepción en el actual gobierno de que este acuerdo fue estructurado y preparado por la gestión anterior.
Díaz Peche descartó que existiera favoritismo durante el proceso de selección y negociación de las nuevas unidades de combate.
La compra de aviones responde, según los especialistas técnicos, a un cronograma de modernización que ya estaba en marcha.
Actualmente, el contrato posee actores identificados, montos establecidos y las firmas de los funcionarios responsables.
Mientras la negativa pública persiste, el sector defensa espera la integración de los F-16 para reemplazar finalmente a los antiguos Mirage.
Fuente: Willax Noticias, 21/04/26