El Consejo Fiscal advirtió que más de 300 leyes promulgadas por este Parlamento afectan el erario público.
El panorama electoral hacia el 2026 posiciona a la bancada de Fuerza Popular como una estructura que busca la permanencia en el Poder Legislativo.
Actualmente, 19 de sus 21 congresistas intentarán la reelección, marcando un cambio de postura frente a la prohibición que ellos mismos lideraron en la década de los 90.
Para exparlamentarios como Juan Sheput, este partido convirtió al Congreso en un mecanismo de cogobierno sin asumir responsabilidades ejecutivas directas.
Desde esta posición, la agrupación habría mantenido una hegemonía política que influye en las crisis de la última década.
En contraste, analistas como Iván Arenas sostienen que la permanencia de cuadros como Tania Ramírez responde a una necesidad de profesionalismo y gestión parlamentaria.
Según esta visión, un partido organizado requiere figuras con experiencia para garantizar la gobernabilidad en un entorno de improvisación política.
Alianzas estratégicas de la bancada de Fuerza Popular
La bancada naranja fue señalada por sus críticos como el sostén de los gobiernos de turno, compartiendo la Mesa Directiva con Perú Libre.
Esta relación permitió al Legislativo influir en la designación de ministros y en cambios presidenciales de facto.
Juan Sheput afirmó que existe una cercanía estrecha con Alianza para el Progreso (APP), evitando confrontaciones con César Acuña.
Según el exlegislador, ambas agrupaciones utilizarían el aparato estatal como una herramienta para intereses partidarios y presupuestales.
En el ámbito económico, el Consejo Fiscal advirtió que más de 300 leyes promulgadas por este Congreso afectan el erario público.
A pesar de su perfil de derecha, la agrupación participó en una “competencia de populismo” para no perder espacio electoral.
Keiko Fujimori defendió su postura indicando que los congresistas no tienen iniciativa de gasto según las normas reglamentarias.
No obstante, ha instado al Tribunal Constitucional a evaluar estas medidas para retornar a un control del déficit fiscal.
Financiamiento bajo la lupa y pactos judiciales
Las investigaciones de Ojo Público revelan que Fuerza Popular y Perú Libre son los partidos con más militantes trabajando en el Congreso.
Estos trabajadores destinan parte de sus sueldos a financiar las campañas del partido, lo que genera cuestionamientos éticos.
El abogado Christian Guzmán señala que, si bien no es ilegal que un militante aporte a su partido, el riesgo es la coacción.
Para la oposición, el uso de recursos logísticos y semanas de representación otorga una ventaja desigual en la contienda electoral.
La bancada fujimorista también ha protagonizado votaciones sorpresivas, como el salvataje de la suspensión contra Roberto Sánchez.
Asimismo, respaldaron la denominada ‘Ley San Martín’, que extendió la edad de jubilación de magistrados en el Poder Judicial.
Analistas sugirieron que estos votos representan “guiños” estratégicos hacia el sector judicial debido a las investigaciones vigentes de sus líderes.
Personajes como Alejandro Aguinaga y Martha Moyano mantienen expedientes fiscales abiertos por casos de esterilizaciones y el caso Jaime Villanueva.
Fuente, Willax Noticias, 8/04/26