El candidato presidencial enfrenta acusaciones de exmilitantes por presunta falsificación de actas y alianzas estratégicas para asegurar su postulación.
El panorama electoral se sacude tras las revelaciones sobre la candidatura de Roberto Sánchez, quien lidera la plancha presidencial de Juntos por el Perú entre cuestionamientos internos.
Diversos integrantes del partido señalan que el proceso de selección de candidatos estuvo marcado por presuntas irregularidades en la documentación oficial.
Existen testimonios que vinculan al actual congresista con una estrategia para modificar los estatutos que inicialmente impedían su participación en la contienda.
Vanesa Chihuanhaylla, exsecretaria de Ética de la agrupación en Arequipa, sostiene que se creó un nuevo reglamento para anular las atribuciones de control.
Según la denuncia, el marco normativo anterior fue desplazado para evitar sanciones por procesos internos que estaban en curso contra el aspirante.
Cuestionamientos contra Roberto Sánchez
La integridad del sistema democrático partidario es el foco de la controversia debido a la supuesta adulteración de documentos durante las elecciones internas.
Diógenes Alvarado, militante en Huaraz, detectó diferencias sustanciales entre el acta primigenia con 52 firmas y una segunda versión con 62 asistentes.
En este segundo documento no aparecen las huellas digitales ni firmas físicas de los participantes, sino una lista elaborada por la dirigencia.
Estas acciones habrían tenido el objetivo de alcanzar el quorum necesario para mantener la presidencia del partido y validar la lista presidencial.
Debido a estas prácticas, se han reportado renuncias masivas de militantes en regiones como Áncash y Arequipa, alegando falta de transparencia institucional.
Las acusaciones incluyen presuntos delitos contra la fe pública, falsedad ideológica y falsa declaración en procedimientos administrativos ante los entes electorales.
Vínculos políticos y blindaje en el Congreso
La trayectoria de Roberto Sánchez también genera debate por su rol como exministro y su permanencia en el Parlamento tras el intento de autogolpe.
A diferencia de otros altos funcionarios del periodo de Pedro Castillo, el legislador no enfrenta medidas de prisión preventiva ni desafuero vigente.
Registros del Congreso muestran que el 22 de marzo de 2023, la bancada de Fuerza Popular fue clave para evitar su salida del cargo.
Quince congresistas de la agrupación naranja votaron en contra del desafuero, lo que permitió que el actual candidato conserve su inmunidad.
Esta situación es descrita por antiguos aliados como un operador político que ha logrado transitar entre diversas fuerzas para asegurar su cuota de poder.
Actualmente, el candidato recorre el interior del país utilizando símbolos de identidad rural que son criticados por sus propios partidarios regionales.
Las denuncias por la presunta toma del partido fundado por Yehude Simón permanecen bajo análisis, mientras el proceso electoral sigue su curso oficial.
Fuente: Willax, 6/04/26