Imágenes revelan que el abogado Castillo Alva burló protocolos de seguridad para acceder a oficinas de la alta cúpula fiscal.
El sistema de justicia peruano enfrenta un nuevo cuestionamiento tras la difusión de imágenes que muestran a José Luis Castillo Alva, pieza clave en las investigaciones de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y el caso de la cúpula de Patricia Benavides, ingresando de forma clandestina a la sede principal del Ministerio Público.
El pasado lunes 2 de marzo, las cámaras registraron al abogado caminando por el jirón Santa Rosa con un semblante desalineado, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, lo más grave ocurrió a las 10:36 a. m., cuando Castillo Alva evitó el ingreso principal y optó por el acceso vehicular.
Según el reporte, el investigado ingresó a pie hacia la zona de estacionamientos para utilizar el ascensor privado, un elevador de uso exclusivo para Fiscales Supremos que conecta directamente con los pisos 9 y 10.
José Luis Castillo Alva, investigado por corrupción
Castillo Alva no es un visitante cualquiera. La fiscalía sostiene la hipótesis de que integró una red criminal dedicada a manipular decisiones judiciales en complicidad con el exjuez César Hinostroza. Además, se le vincula con el presunto pago de $60,000 dólares a los asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao para influir en investigaciones sensibles durante la gestión de Benavides.
La abogada penalista Romy Chang advirtió que este tipo de ingresos sin registro podrían configurar delitos contra la administración pública. “La autoridad fiscal tiene que responder por qué permitió el ingreso de un particular por la parte trasera y con quién se entrevistó”, señaló la especialista.
El silencio del Ministerio Público
Pese a que se solicitó información oficial a la Gerencia Central de Comunicaciones de la institución, no hubo respuesta. La situación se vuelve más tensa al recordar los vínculos de Castillo Alva con el actual fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, con quien fue visto almorzando meses atrás. Coincidentemente, Gálvez dio por concluida la designación de la fiscal que documentó dicho encuentro.
Este episodio deja una pregunta abierta sobre la integridad de la institución: ¿Cómo puede un investigado por organización criminal y tráfico de influencias caminar libremente por los pasillos de quienes deben acusarlo? Cuando el protocolo se rompe, la justicia queda bajo sospecha.
Fuente: Willax Noticias, 6/03/26
