Tras su reclusión en la Base Naval, el historial criminal de Moreno Hernández enfrenta limitaciones legales internacionales que condicionan sus sentencias.
El traslado de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo‘, hacia el Perú se ejecutó bajo un despliegue de seguridad extrema. Equipos especiales de la Policía Nacional, resguardados por helicópteros y patrullas de la SUAT, custodiaron al detenido desde su llegada hasta la sede de la Dircote.
Posteriormente, el investigado fue conducido a la Base Naval del Callao, donde permanecerá recluido junto a líderes terroristas. El operativo confirmó el retorno al país de uno de los sujetos considerados de alta peligrosidad por las autoridades peruanas.
En territorio nacional, Moreno Hernández deberá responder por un extenso prontuario que incluye secuestro, robo a mano armada, sicariato y extorsión. Según los registros fiscales, el detenido presenta más de 60 procesos en trámite distribuidos en diversas jurisdicciones.
'El Monstruo': El historial delictivo y las investigaciones pendientes
La carrera criminal de alias ‘El Monstruo‘ involucra delitos de alto impacto social cometidos en Lima. Entre los casos más graves figuran los secuestros de la menor Valeria Vásquez en Comas y de Lucero Trujillo.
También se le vincula con la retención y tortura de Jackeline Salazar, perpetrada por la banda “Los Injertos del Cono Norte”. Actualmente, el Ministerio Público registra 22 procesos en el Distrito Fiscal de Ventanilla y 35 en Lima Norte.
Adicionalmente, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada mantiene tres procesos abiertos contra el extraditado. A pesar de la gravedad de estas imputaciones, el marco legal de la extradición impone condiciones específicas para su juzgamiento.
El abogado penalista Jenner Cáriga señaló que el sujeto ya cuenta con una condena previa de 32 años de prisión. Esta sentencia corresponde a los delitos de tráfico ilícito de drogas y robo agravado.
Limitaciones legales y el tratado con Paraguay
El futuro judicial del líder de ‘Los Injertos del Cono Norte‘ depende estrictamente del tratado de cooperación entre Perú y Paraguay. El Poder Judicial paraguayo autorizó la entrega del procesado bajo lineamientos que restringen las penas aplicables.
Especialistas explican que, en Paraguay, el delito de extorsión agravada tiene una sanción máxima de 15 años. Por el contrario, la legislación peruana contempla la cadena perpetua para casos de sicariato y extorsión bajo condiciones agravantes.
Debido al principio de reciprocidad internacional, el Estado peruano no podrá imponer penas que superen los marcos legales del país que concede la extradición. Esto impediría la aplicación de la prisión vitalicia en los procesos derivados de este trámite.
¿35 años de prisión contra 'El Monstruo'?
El abogado Andy Carrión precisó que las autoridades peruanas deben someterse a los límites establecidos por las leyes paraguayas. Por ello, las nuevas condenas podrían sumarse hasta un tope máximo de 35 años de pena privativa de libertad.
Existe la posibilidad de que el investigado eligiera Paraguay estratégicamente para evitar la reclusión perpetua en el Perú. No obstante, el avance de las investigaciones en los despachos fiscales determinará la sumatoria final de sus años en prisión.
Fuente: Willax Noticias, 29/1/26