Más de 20 empresarios peruanos y seis comunidades de cuatro regiones del país fueron estafados por la empresa colombiana OROCOM, dejando obras de internet sin culminar y deudas.
Más de 20 empresarios peruanos y seis comunidades han sido afectados en cuatro regiones del interior del país por una empresa colombiana.
Esta situación pone en alerta sobre cómo empresas extranjeras consiguen millonarios contratos con el Estado peruano, utilizan empresas peruanas para ejecutar las obras y, posteriormente, desaparecen sin concretar los pagos.
La empresa colombiana señalada es Orocom. Mediante Proinversión y Pronatel, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Orocom ganó licitaciones públicas especiales en 2018 para ofrecer internet y banda ancha en Tacna, Moquegua, Junín y Puno.
El Estado habría desembolsado más de 300 millones de dólares para este proyecto de interconexión. La empresa habría recibido 300 millones no reembolsables para llevar internet a las cuatro regiones.
Proyectos abandonados y falta de pago a proveedores
El caso involucra el abandono de los proyectos y la falta de pago a los proveedores nacionales. Las obras, que debieron durar cuatro meses, ahora no funcionan, y la empresa ha engañado a sus proveedores.
El empresario peruano Elvis, uno de los afectados, confió en esta empresa extranjera con contratos firmados, avalada por Pronatel y el MTC. En su caso, la deuda asciende a 280 mil soles.
Otro empresario, al que deben cerca de 400 mil soles, señala que los pagos nunca llegaron.
En total, son más de 20 empresarios peruanos en esta situación.
Víctor Gómez, que trabajó con su empresa Ascat Electric en conexiones eléctricas y nodos para la región Junín, es otro de los empresarios afectados. Al igual que muchos, se quedaron sin el pago por el servicio y los bienes proporcionados.
Empresa colombiana no responde
Los empresarios indicaron que, al darse cuenta de que la empresa colombiana no respondía, buscaron a los funcionarios de Pronatel. Pronatel, antes FITEL, es el fondo de inversión en telecomunicaciones que debe velar por el cumplimiento de los contratos, según consta en las cláusulas de los mismos.
Sin embargo, los empresarios no han obtenido una respuesta.
En el caso de las Pampas, la deuda supera los 4 millones de soles, incluso existiendo una sentencia a favor de la parte afectada, algo que se atribuye a funcionarios corruptos.
Los afectados mencionan que la situación les genera bastantes problemas y lo califican como un “elefante blanco“. Se sienten abandonados por Orocom. La empresa denunciada ha desconectado sus números, dificultando la comunicación.
Comunidades sin Internet y antenas de engaño
Las comunidades de las cuatro regiones tampoco se han beneficiado. En la comunidad Cucho Esqueña, en el distrito de Acora, provincia de Puno, una antena instalada hace cinco años prometía conectividad y banda ancha de internet para la escuela, la comisaría y la posta médica.
La empresa colombiana Orocom le alquiló a la comunidad un espacio para la instalación de la antena por un pago mensual que nunca se concretó. Los pobladores de la zona exigen el pago de alquiler.
Un contrato de alquiler se hizo por 10 años, con un pago anual de 500 soles mensuales. La antena instalada no ha beneficiado a la población y también es calificada como un “elefante blanco“.
En un colegio de la comunidad, los alumnos indicaron que nunca han tenido internet a pesar de la infraestructura instalada.
Las computadoras solo son utilizadas para Word, y tienen que trasladarse hasta Puno para conectarse con sus celulares. Este proyecto prometía beneficiar a las escuelas en comunicación, pero esto no se ha cumplido.
Afectados hacen un llamado a empresa colombiana
Los empresarios y las comunidades afectadas hacen un llamado a Orocom y Pronatel. Exponen la situación de corrupción que ha dejado a cientos de personas y empresas en pérdida y obligados a perseguir a los responsables.
Esta situación evidencia la necesidad de tomar medidas ante malas empresas extranjeras que llegan al Perú a vulnerar la confianza de los proveedores nacionales y las comunidades, obteniendo el aval del Estado.
Fuente: Willax, 2/12/25