LA POBLACIÓN PIDE QUE SE ANULEN LOS PEAJES VERGONZOSOS
El clamor popular es que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, decida anular los contratos mafiosos que las administraciones de Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio, quienes dejaron como una pesada carga a la ciudadanía que hoy, se ven afectada con los acuerdos que la comuna capitalina suscribió con los peajes de Rutas de Lima concesionados Odebrecht y OAS.
Durante su exposición que se dio inicio a primeras horas de hoy, en una sesión reservada ante el Concejo Municipal, dirá todo lo que encontró su administración cuando asumió el pasado primero de enero del presente año.
Según, el regidor y presidente de la Comisión de Asuntos Legales, Edward Díaz (AP), los funcionarios emitirán un punto de vista respecto a lo expuesto, pero es importante tener en cuenta que existen varias posturas y espera se llegue a un consenso.
“Esperemos que podamos ponernos de acuerdo todos los partidos políticos que estamos dentro del Concejo para tomar la mejor salida que le convenga a Lima”, afirmó.
Cabe recordar, que el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, exigió hace menos de una semana la anulación del peaje ubicado en su distrito y denunció que dentro del contrato no se estipula ningún proyecto de impacto que los beneficie, ni tampoco a los vecinos de Santa Rosa, Ventanilla y Ancón, quienes son los que tienen que pagar S/5.50 a diario para poder salir de su distrito.
Los regidores están de acuerdo en dejar sin efecto los contratos, pero esperan que se dé una salida legal.
LURÍN PROTESTA
De otro lado, hoy el alcalde de Lurín, Jorge Marticorena, señaló que hoy su comuna realizarán una marcha en rechazo a los peajes abusivos y corredores complementarios. El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, también pidió la anulación de estos peajes.
Mientras tanto, Jorge Pinto integrante del colectivo “No más peajes abusivos”, expresó su confianza que el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Jorge Muñoz Wells, cumplirá su palabra y logrará la anulación de los peajes, cuyos contratos de concesión fueron adjudicados a OAS y Odebrecht como consecuencia de un presunto soborno millonario.
