Comisión culpa a César Álvarez de instalar mafia en Áncash
Investigación. Informe final de la comisión presidida por Mesías Guevara explica cómo, desde el gobierno regional, se armó una red delincuencial que manejó S/. 1,414 millones. También acuerda denunciar a ex fiscales de la Nación Peláez y Ramos.
Por 61 votos a favor, un voto en contra y una abstención, el Pleno del Congresoaprobó el informe final de la Comisión Áncash que concluye que en esa región operó una organización criminal, liderada por el ex presidente regional César Álvarez, quien actuó con grupos de corrupción amparados en la impunidad que les otorgaron cuestionados jueces y fiscales, llegando a manejar alrededor de S/. 1414 millones.
Por eso, el informe halla responsabilidad en Álvarez –hoy preso en forma preventiva–, ex consejeros regionales, ex funcionarios del gobierno regional, algunos alcaldes, sicarios, magistrados e incluso algunos empresarios que formaron parte del "sistema delincuencial" que operó en Áncash.
En ese sentido, la comisión presidida por Mesías Guevara (Acción Popular) recomienda investigar y sancionar a esa red delictiva y declarar en reorganización al Ministerio Público y el Poder Judicial en las jurisdicciones de Áncash y el Santa.
Asimismo recomienda a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que actúe para el inicio del antejuicio sobre los ex fiscales de la Nación José Antonio Peláez y Carlos Ramos, porque permitieron una serie de irregularidades en el Ministerio Público en Áncash.
Millonario despojo
Según el documento aprobado, no solo se despojó de millonarias sumas al gobierno regional de Áncash, mediante obras sobrevaloradas o no ejecutadas y licitaciones fraudulentas, sino también se montó un aparato de propaganda a favor de César Álvarez.
Ese aparato estaba conformado por los denominados "periodistas comandos" y por la empresa Ilios Producciones, de propiedad de Martín Belaunde Lossio, quien también purga prisión preventiva, que funcionaba en el local denominado La Centralita, donde también se planificaban las agresiones contra los críticos de Álvarez.
Pero no solo se ensalzaban las actividades públicas de Álvarez, sino también un grupo de sicarios se encargaban de amenazar e incluso asesinar a sus críticos.
El asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, y de otras siete personas, está relacionado con sus críticas y denuncias que realizaron respecto a las obras irregularmente ejecutadas a través del convenio suscrito entre el gobierno regional y la Organización de Estados Iberoamericanos.
El informe señala también que la red de corrupción incurrió además en lavado de activos, y en ese delito incluye a Martín Belaunde Lossio.
El informe destaca que hubo más de 3 mil empresas que ganaron licitaciones y siete de cada 10 de ellas se constituyeron durante las dos gestiones de Álvarez.
Muchas de esas empresas gozaron de millonarias exoneraciones y 87% de ellas fueron autorizadas por un funcionario regional que no contaba con autorización para hacerlo.
Ante todas estas anomalías, el informe recomienda, además, encargar a la Contraloría instalar una comisión auditora ad hoc para indagar sobre estas.
Informe de minoría pretendió anular toda la investigación realizada
- El informe en minoría, sustentado por Mariano Portugal, pretendió descalificar los argumentos del documento en mayoría indicando que la investigación era nula porque se habría violado el debido proceso de los investigados.
- Su informe solo tuvo el respaldo de Enrique Wong, ya que José León finalmente dijo que lo importante es que se investigue y sancione a los responsables.
- Según Portugal, los magistrados cuestionados actuaron de acuerdo a ley y no hay pruebas fehacientes de que incurrieron en irregularidades.
- Sin embargo, el congresista Vicente Zeballos le aclaró que una comisión investigadora no puede renunciar a sus prerrogativas, y que será el Ministerio Público el que determine si acata la recomendación de investigar.
Fuente:Liliana Rojas.
