Exigen a la Comisión de Justicia un debate democrático y laico sobre el proyecto de Ley de despenalización del aborto en caso de violación.
*- Las organizaciones promotoras, agrupadas en el colectivo Déjala Decidir, denuncian las difamaciones y calumnias vertidas contra éstas.
La próxima sesión para que la Comisión de Justicia del Congreso debata sobre la iniciativa ciudadana -respaldada por más de 64 mil personas-está programada para el 12 de mayo. Integrantes del colectivo Déjala Decidir denunciaron y rechazaron en una conferencia de prensa las difamaciones y calumnias vertidas contras las organizaciones que sustentan el proyecto de ley (03839/2014-IC). Asimismo, exigieron un debate “democrático, justo, imparcial y laico”.
Rossina Guerrero, directora de incidencia pública de PROMSEX, recordó que el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, trató de esquivar las propias reglas del Congreso. El día 16 de abril, fecha límite del plazo para su discusión (existe como máximo 120 días para que pueda ser debatida la iniciativa ciudadana) trató de archivar esta iniciativa sin invitar a las organizaciones a sustentarla. Alertó además de que Eguren abrió la posibilidad para participar en el debate a personas que, bajo la modalidad de “expertos”, pertenecen todas al ámbito religioso.
Hay que recordar que, de acuerdo al estudio de opinión realizado por IPSOS Perú en 2013, el 53% de la ciudadanía entrevistada opinó que sí se debería permitir el aborto en caso de violación. Además, en la mayoría de los países en donde se ha logrado la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no se penaliza el aborto, es el caso de países como Uruguay, España, Canadá o Estados Unidos. Países como Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador tampoco lo penalizan cuando se trata de un embarazo resultado de una violación. Sin embargo, en el Perú está penalizado, siendo además el país con mayor tasas de denuncias por violación sexual de toda América Latina. Se estima que se producen cada año 35.000 embarazos por violación, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007.
Por otro lado, rechazaron y denunciaron las difamaciones vertidas contra las organizaciones promotoras. En la anterior comisión celebrada el 28 de abril, la ponente Amparo Medina, Presidenta de la Red Pro-Vida y Familia de Ecuador, acusó a la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, a la ONG Católicas por el Derecho a Decidir y al Fondo de Población de las Naciones Unidas de impulsar el aborto en el continente latinoamericano y de tener fines de lucro para esta (supuesta) iniciativa. Además de cuestionar la financiación de las organizaciones, llegando a afirmar que Católicas por el Derecho a Decidir recibe fondos de la revista Playboy.
“Exigimos a la Comisión un debate imparcial en el marco de un Estado laico. Rechazamos las afirmaciones de estas personas, pertenecientes a grupos extremistas religiosos, que relativizan además el dolor de las mujeres violadas sexualmente, y que producto de ello han quedado embarazadas”, afirmó Gladys Vía, de Católicas por el Derecho a Decidir. “Creemos que las Iglesias están para que se viva la fe, y el Estado está para garantizar los derechos de todos, en especial de las mujeres”, declara Vía. Según datos del Ministerio de la Mujer, 29 de cada 100 muertes maternas en adolescentes están vinculadadas a un aborto inseguro. “Debemos decir alto a estas calumnias sin sustento, que tratan de deslegitimar a las organizaciones y a esta propuesta, y de generar temor entre la población”, afirm ropuestas, y a de flora trsitumnias sin sustento, que tratan de deslegitimar a las organizaciones y a esta propuestas, y de genó Liz Meléndez, directora de Flora Tristán.
Por su parte, María Ysabel Cedano, directora de Demus, calificó de “falsas” las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, afirmando que “fueron las ONG que piden ahora la despenalización del aborto por violación sexual, las que pidieron aprobar las AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria)”. Cedano explicó que rechazaron la campaña de esterilizaciones forzada llevada a cabo por el exmandatario Fujimori pues configuró un crimen de lesa humanidad. Asimismo, Cedano recordó a la congresista que el Estado peruano violó los derechos humanos de María Mamérita Mestanza, tal y como quedó reconocido en el Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La única política contra las maternidades voluntarias fueron las esterilizaciones forzadas y las violaciones que sucedieron en el conflicto armado interno”, especificó la directora de Demus.
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Magali Zevallos
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