El congresista Mesías Guevara, presidente de la Comisión Investigadora del caso Áncash (que investiga la red de corrupción que habría liderado el ex presidente regional César Álvarez), dio una conferencia de prensa donde anunció que ocho magistrados recibirán notificaciones para que brinden sus declaraciones respecto al tema. Además indicó que José Peláez Bardales, ex fiscal de la Nación, y Carlos Ramos Heredia, quién actualmente ocupa ese cargo, ahora se encuentran en calidad de investigados.
“Hay jueces que hemos creído conveniente pasarlos a calidad de investigados porque han obligado, a través de medidas cautelares, a la OCE, para que pueda aceptar cartas de fianza”, señaló.
Los jueces que pasarán a calidad de investigados son: el Cuarto Juzgado Civil de Chimbote a cargo de la juez, en el año 2010, Liliana Otero Salinas; el Juzgado Especializado de Pisco del año 2011 a cargo de Víctor Mendoza Napa; el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo del año 2011 a cargo de Julio Daniel Esquén Robles.
Además también están en el grupo el Cuarto Juzgado Civil de Trujillo del año 2011 a cargo de Antonio Escobedo Medina; el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo del año 2012 a cargo de Óscar Tenorio Torres; el Segundo Juzgado Mixto de Campo Verde de Ucayali a cargo de Wenceslao Portugal Cerruche; el Segundo Juzgado Mixto de Huaráz a cargo de Piedad Magdalena Talledo Guarderas; y el Quinto Juzgado Constitucional de Lima a cargo de Hugo Rodolfo Velázquez Zavaleta.
Además también están en el grupo el Cuarto Juzgado Civil de Trujillo del año 2011 a cargo de Antonio Escobedo Medina; el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo del año 2012 a cargo de Óscar Tenorio Torres; el Segundo Juzgado Mixto de Campo Verde de Ucayali a cargo de Wenceslao Portugal Cerruche; el Segundo Juzgado Mixto de Huaráz a cargo de Piedad Magdalena Talledo Guarderas; y el Quinto Juzgado Constitucional de Lima a cargo de Hugo Rodolfo Velázquez Zavaleta.
Otros miembros de la Comisión Áncash, como el congresista Juan Pari, explicaron que varios de estos jueces, como en el caso de Hugo Rodolfo Velázquez Zavaleta, ordenaron que la OCE inscriba a cooperativas para que puedan emitir cartas fianza en procesos de selección y contratos que se celebren con el Estado, algo que estaría fuera de su jurisdicción e iría en contra la ley. Por ello los jueces pasarán de calidad de testigos a investigados.
