*- Todo el aparato del Ejecutivo aprista, con los gobiernos regionales y municipales, trabajó con la organización de Orellana, dice el congresista José León.
El integrante de la comisión legislativa que investiga las irregularidades del gobierno de la región Áncash, José León, dijo que “hay clarísimas evidencias” de las vinculaciones del Apra con la presunta organización delictiva de Orellana, en coordinación con cuestionadas autoridades regionales y locales.
“Pese a estar impedido de revelar detalles, como miembro de la comisión legislativa que investiga el caso Áncash digo que hay clarísimas evidencias de que una organización en el aparato del gobierno aprista, con los gobiernos regionales y municipales, trabajó con la organización de Orellana”, detalló.
León informó que este nuevo escándalo sobre tráfico de cartas fianza en el programa Agua para Todos ha sido incorporado en las pesquisas que está realizando la comisión legislativa sobre la región Áncash.
“Las cartas fianzas eran papeles basura. Y luego se hacían del dinero de las partidas giradas y se iban con ese dinero, para dejar las obras en abandono”, remarcó.
El parlamentario estimó igualmente que es muy posible que esta investigación alcance a las altas esferas del poder del último gobierno aprista. “Alcanzarían también a funcionarios de los ministerios de Transportes, Educación, la Oinfes (Oficina de Infraestructura Educativa), y de todas las empresas que entregaban plata para obras”, detalló.
“De las primeras pesquisas realizadas hemos llegado al acuerdo de investigar primero a las autoridades regionales y ediles de Áncash, directamente vinculadas, para determinar quiénes operaron y de qué manera lo hicieron con esas partidas presupuestales”, apuntó.
“El modus operandi de Coopex, para defraudar al Estado consistía en ponerse de acuerdo con las autoridades regionales y municipales para fraguar, de la manera más mañosa, las cartas de fiel cumplimiento de garantía que tenían que presentar ante el Estado, por las obras que se les adjudicaban”, especificó.
El parlamentario ratificó en que estos avales o cartas fianza no estaban autorizadas por la SBS, habida cuenta que la cooperativa Coopex de Rodolfo Orellana no era una entidad crediticia, como lo señala la Ley de Contrataciones del Estado y que, ante cualquier contingencia, “se ha demostrado que eran papeles y cartas falsas”.
Fuente: Diario Uno.
Fuente: Diario Uno.