El Gobierno busca prevenir actos de corrupción de autoridades electas que aún no asumen el cargo, al proponer que sean considerados funcionarios públicos pasibles de responsabilidad penal, afirmó la coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Susana Silva.
Al comentar el proyecto elaborado sobre la materia por el Poder Ejecutivo, explicó que esa iniciativa busca ajustar la normatividad penal peruana a los estándares internacionales y evitar la impunidad de quienes pretenden aprovecharse del cargo que están por desempeñar.
Citó como ejemplo lo ocurrido en el caso del exparlamentario Alberto Kouri, quien apareció en un vídeo recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos, antes de asumir el cargo por el que fue electo.
“La filmación corresponde a un momento en él que aún no era congresista, sino tan solo parlamentario electo. En su momento hubo problemas para condenarlo por esa razón, pero en base a la jurisprudencia se consideró que sí era funcionario público”, dijo .
Silva trajo también a colación el lapso que hay entre la elección de las autoridades ediles, regionales y parlamentarias, y su respectiva proclamación y juramentación en el cargo. En ambos casos transcurren en promedio de dos a tres meses, en los que, algunas malas autoridades, “pueden hacer barbaridad y media”.
La iniciativa para que las autoridades electas tengan responsabilidad penal desde el momento mismo de su proclamación, fue elaborada y consensuada unánimemente en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, antes de su aprobación en el Consejo de Ministros.
“Queremos blindar la normatividad que establece esa sanciones”, indicó al señalar que, una vez aprobadas por el Congreso, este tipo de medidas “fortalecerán la adecuación normativa penal del Perú a los estándares internacionales”.
El artículo 425 del Código Penal establece las características de los funcionarios públicos y en el proyecto en cuestión se plantea añadir a las figuras ya existentes a “las personas designadas o electas para desempeñarse en el Estado”.