Según registros oficiales, Guerrero López se desempeñó como gerente de asesoría jurídica en la ONPE.
Nuevas revelaciones vinculan a Susana Guerrero López, esposa de Tomás Gálvez, con un funcionario clave dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que actualmente se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en los comicios generales de 2026.
Según registros oficiales, Guerrero López se desempeñó como gerente de asesoría jurídica en dicha institución, percibiendo una remuneración superior a los 10,000 soles mensuales mientras su cónyuge ejercía funciones como fiscal supremo.
Durante su permanencia en la ONPE, la esposa de Tomás Gálvez trabajó de manera cercana con Juan Antonio Phang Sánchez, personaje señalado como pieza fundamental en el cuestionado manejo logístico de la entidad en elecciones 2026.
Phang Sánchez es vinculado a presuntos beneficios otorgados a la empresa de transportes Galaga y fue mencionado en testimonios que advierten demoras injustificadas en la distribución de material electoral durante el proceso de 2026.
Vínculos de esposa de Tomás Gálvez
La relación laboral entre Guerrero López y Phang Sánchez se remonta a periodos donde también se investigaban tramas de corrupción como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto‘ y ‘Los Gánsteres de la Política‘.
En este contexto, se cuestionó la objetividad de las acciones del actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, debido a que tardó más de 11 días en solicitar la detención preliminar de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, pese a la urgencia de las investigaciones por presunto fraude.
El testimonio de José Samamé, exgerente de gestión electoral, refuerza la línea de investigación sobre Phang Sánchez, indicando que este último era el responsable directo de supervisar el traslado de las actas y materiales.
Esta conexión situó a la esposa de Tomás Gálvez en una posición administrativa estratégica dentro del organismo electoral en momentos críticos de la gestión institucional.
Investigación por tráfico de influencias
El exfiscal adjunto supremo, Martín Salas, señaló que estas relaciones interpersonales y laborales dentro del sistema de justicia y electoral deben ser examinadas bajo la figura de presunto tráfico de influencias.
Las críticas se centran en la posible utilización de cargos públicos para blindar a personajes políticos o entorpecer el avance de equipos especiales de investigación.
Se cuestiona si la cercanía laboral entre los funcionarios mencionados influyó en las decisiones fiscales tomadas durante el desarrollo de las elecciones generales 2026, periodo en el que se reportaron diversas anomalías en el sistema de votación y distribución de material a nivel nacional.
Fuente o Tomados de: Willax Noticias, 22/04/26