El ex-fiscal de la Nación, José Peláez, habría cometido tres infracciones constitucionales que permitieron que la mafia de César Álvarez opere conimpunidad en Áncash. Y, además, aceptó haber recibido a Álvarez y al congresista Heriberto Benítez, en su oficina, por elallanamiento de “La Centralita”. Luego, expectoró a los cuatro fiscales que participaron de esa diligencia
Por Juan Carlos Chamorro
Y, ahora, ¿quién podrá salvarlo? Las tres infracciones constitucionales en los que habría incurrido el ex-fiscal de la Nación, José Peláez, que terminaron por favorecer a la mafia de César Álvarez, son infracción a la función pública, infracción a la autonomía del Ministerio Público e infracción al ejercicio de la acción penal pública.
El preinforme de la “comisión Áncash”, que presentamos y desarrollamos a continuación,habla también de la existencia de un“soporte legal” de la mafia de Álvarez.Ese llamado “soporte legal” estaba conformado, según las pesquisas, por jueces y fiscales quienes se encargaban de archivar las denuncias y los procesos judiciales en contra de Álvarez y su entorno.
Esta información reveladora forma parte del caso Nº 16, de los 20 casos que conforman el citado preinforme de la “comisión Áncash”, y que lleva el título de “Ministerio Público”.
Pero, vayamos paso a paso para entender cómo la comisión Áncash llegó a esta conclusión que sepultaría al magistrado de cuna aprista.
Las tres infracciones constitucionales de Peláez
I)La infracción a la función pública. Es la primera infracción constitucional que habría perpetrado el fiscal que, en el año 2013, se negó a investigar a Alan García por el “caso Narcoindultos”.
¿Qué fue lo que hizo? Realizótres sospechosas acciones que vulneraron el artículo 39 de la Constitución que señala: “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación”. Estas son:
1)Mantuvo, en su sector,a un alto índice de fiscales provisionales.-Este hecho le permitió a Peláez designara magistrados provisionales, nombrados a dedo, bajo el argumento de que eran cargos de su confianza. Y, además, esa figura le daba luz verde, a sí mismo, para cambiarlos.
En la provincia del Santa, en el tiempo que Peláez fue Fiscal de la Nación (2011 – 2013) y operó con impunidad la mafia de Álvarez, el 90 por ciento de los fiscales eran provisionales.
En todo ese período, Peláez no hizo un solo requerimiento al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la cobertura de las plazas vacantes de fiscales titulares en el Santa.
“Esta actuación funcional del investigado –indica el expediente- ocasionó inestabilidad en el desempeño funcional de los magistrados provisionales, al tiempo que, realmente, le permitió una tremenda injerencia en los actos de investigación de naturaleza exclusivamente jurisdiccional”.
Un hecho que demuestra esta injerencia cometida, es el famoso archivamiento del caso “La Centralita”, en el año 2011, donde el principal investigado, por delito de corrupción de funcionarios, era César Álvarez.
Aquella vez, Peláez expectoró de sus cargos a los fiscales anticorrupción del Santa, César Fernando Jiménez Rodríguez, Francisco Javier Estrada Rodríguez, Miguel Ángel Vilca Zavala y Cristian Enrique Aceijas Silva.
Los cuatro magistrados eran provisionales y no titulares. Por esa condición, los pudo mover de sus cargos.
2)Nombramiento de fiscales provisionales ligados a la red de corrupción. Aquí, existen dos casos que hunden, aparentemente, a Peláez.
a)El nombramiento de Magno Huaroma Vásquez (“el militante del partido”).El 25 de septiembre de 2012, el hoy fiscal supremolo designó en el cargo de Fiscal Adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa.
Y, once meses después de esa fecha, es decir el 23 de agosto de 2013, nombró al mismo abogado en el cargo de Fiscal Provincial Provisional de la Segunda Fiscalía Provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Casma.
Y, ¿quién era Huaroma? Era un conspicuo militante del Movimiento Regional Independiente “Cuenta Conmigo”, liderado por César Álvarez (la militancia se extiende desde el 22 de noviembre de 2010 hasta el 3 de septiembre de 2013, según el Jurado Nacional de Elecciones, JNE).
En ese tiempo, Álvarez tenía varias investigaciones en la Fiscalía.
“La condición de Huaroma afectaba su imparcialidad”, indica el informe.
b)El nombramiento de Hugo Alejandro Hernández Delgado (“el extrabajador de Álvarez”).El 3 de junio de 2011, lo colocó en el cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash.
Según las pesquisas, Hernández Delgado estaba vinculado a Álvarez pues había trabajado en el Gobierno Regional de Áncash, en el período de su gestión.
Como en el anterior caso, “este hecho también afectaba su imparcialidad” ya que tuvo que investigar varias veces al entonces presidente regional.
3. Nombramientos, designaciones, conclusiones y cambios de fiscales provisionales. De acuerdo a las investigaciones, Peláez Bardales habría realizado las acciones citadas “sin la debida motivación e informe favorable que justifique dicha decisión, denotando, con ello, un acto arbitrario y unilateral en desmedro de la investigación fiscal y jurisdiccional”.
Estas supuestas faltas del exfiscal de la Nación se confirman, a su vez, con estos cuatro hechos.
a)El nombramiento de Martín Pedro Garay Mercado (“el archivador”).
El 18 de julio de 2011, lo colocó en el cargo de Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Santa. Y, luego, lo designó en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa.
Garay Mercado, según las indagaciones, se encargaba de archivar las denuncias contra Álvarez, entre ellos “la Centralita”.
b) Destitución de cuatro fiscales que investigaban a Álvarez.
El 18 de julio de 2011, puso fin a los nombramientos y las designaciones de cuatro fiscales que investigaban al expresidente regional de Áncash, por los delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios y otros.
Los magistrados destituidos fueron César Fernando Jiménez Rodríguez, Francisco Javier Estrada Rodríguez, Miguel Ángel Vilca Zavala, Cristian Enrique Aceijas Silva.
Eranfiscales provinciales provisionales del Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en los Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa. Investigaron, entre otros casos, “La Centralita”.
c) Destitución de dos fiscales del “caso Centralita”.
Se trata de Yeni Vilcatoma de la Cruz y Juan Toledo Calero, quienes investigaban el “caso La Centralita” y otros.
Eran fiscales provinciales provisionales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa.
d)Destitución de la fiscal Nancy Tereza Moreno Rivera.
Trabajaba en el despacho de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal del Santa.
Ocurrió el 11 de diciembre de 2012.
II)Infracción a la autonomía del Ministerio Público (destituyó a cuatro fiscales del allanamiento a “La Centralita”).
El allanamiento a “la Centralita”, en Chimbote, se realizó el 13 de julio de 2011.
La investigación concluyó que, después de ese hecho,Peláez destituyó a los fiscales a cargo de esa diligencia: César Fernando Jiménez Rodríguez, Francisco Javier Estrada Rodríguez, Miguel Ángel Vilca Zavala y Cristian Enrique Aceijas Silva.
Pero, eso no es todo. Como para no creerlo, el ex-fiscal de la Nación aceptó, en su intervención en la “comisión Áncash”, que recibió, en su despacho, a César Álvarez y al congresista Heriberto Benítez (leer “El testimonio de Peláez).
Esa reunión fue después del allanamiento.
III)Infracción al ejercicio de la acción penal pública (no investigó a fondo, a Álvarez, por enriquecimiento ilícito).
Esta es la tercera y última infracción supuestamente realizada por el actual fiscal supremo José Peláez.
El entonces titular del Ministerio Público habría vulnerado el artículo 159, inciso 1, de la Constitución que señala: “Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”.
¿Qué fue lo que hizo? No investigó a fondo las dos denuncias, contra Álvarez, por enriquecimiento ilícito, que llegaron a su despacho (denuncia Nº 111-2008 y caso Nº039-2013).
Estas terminaron, para variar,en el archivo.
El preinforme ha resuelto, en este punto: “José Antonio Peláez Bardales habría emitido pronunciamiento sin haber recabado elementos de convicción relevantes para el ilícito penal materia de investigación, sin haber llevado adelante diligencias fundamentales, tales como el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil del investigado”.
“Tampoco habría contado –agrega el expediente- con el informe pericial contable que técnicamente pudiera haber determinado la existencia o no de un presunto desbalance patrimonial del investigado”.
Peláez se hundió a sí mismo
“Me reuní con César Álvarez en mi despacho”
Peláez se habría puesto la soga al cuello, en este caso, al aceptar que no sólo recibió a Álvarez y al congresista Benítez en su despacho de la Fiscalía, sino que hizo diligencias en el “caso La Centralita” a favor de ellos.
Transcribimos los indicios hallados por la comisión.
“José Antonio Peláez Bardales, a quien en su condición de Fiscal de la Nación solo le competía conocer asuntos estrictamente administrativos, se habría interesado en el resultado de la investigación jurisdiccional seguida contra César Álvarez Aguilar (carpeta fiscal Nº52-2011), la misma que se encontraba judicializada…Se reunió en su despacho con el mencionado (César) Álvarez Aguilar y el congresista Heriberto Benítez Rivas”, señala una parte del documento.
Y, ese hecho, fue admitido por el propio Peláez, en su intervención en la “comisión Áncash”.
Aquí, parte de lo que dijo: “Justamente a raíz de estos sucesos de ‘La Centralita’, el señor congresista Heriberto Benítez solicitó a través de Secretaría, si más no recuerdo, una entrevista conmigo y yo permití, digamos, concedí la entrevista, y llegó el señor Benítez acompañado del señor Álvarez. Y me expusieron la situación que se habría producido respecto del allanamiento de la Centralita…Fueron a explicar las irregularidades que se habían producido…”
“Entonces, yo le dije (no especifica exactamente a quién), que iba a revisar la documentación, que iba seguramente a esperar el informe que me iba a enviar el Presidente de la Junta de Fiscales”, añadió.
Después, “(Peláez) habría realizado varias llamadas por teléfono al presidente de la Junta de Fiscales del Santa, Hugo Dante Farro Murillo, exigiéndole que le envíe un informe sobre ese caso”.
Entonces, les dijo a Álvarez y Benítez, que iba a esperar ese informe.
Farro, posteriormente, le envió información sobre el caso con supuestas “graves irregularidades” cometidas por los cuatros fiscales.
Ese documento indicaba que la diligencia: “Se había extendido sobre otros ambientes del inmueble, sobre el que no existe autorización alguna y que esa acción fiscal habría afectado presuntamente los derechos fundamentales de las personas”.
Cinco días después del allanamiento, es decir, el 18 de julio de 2011, Peláez, con la resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1324-2011-MP-FN, puso fin a los nombramientos de los fiscales César Fernando Jiménez Rodríguez, Francisco Javier Estrada Rodríguez, Miguel Ángel Vilca Zavala y Cristian Enrique Aceijas Silva.
Ante los motivos anteriormente señalados, la “comisión Áncash” ha concluido: “Denota claramente la injerencia de José Antonio Peláez Bardales en los actos de investigación de naturaleza jurisdiccional transgrediendo con ello la autonomía interna de la que gozan los fiscales de investigación”.
Podría ser inhabilitado hasta por 10 años
Según el artículo 100 de la Constitución Política, el exfiscal de la Nación, José Peláez, podría ser destituido de su actual cargo (fiscal supremo) e inhabilitado de participar en una función pública, por un tiempo máximo de 10 años, en caso el pleno del Congreso lo encuentre culpable.
El preinforme de la “comisión Áncash” se encuentra, actualmente,en etapa de investigación.
Posee un plazo ampliatorio que concluirá en junio del próximo año.
Ese informe tendrá -después de su visto bueno en dicha comisión- que ser aprobado por el pleno del Congreso.
En caso eso ocurra, ese informe será remitido a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Y, entonces, allí se decidiría el futuro de Peláez.
Fuente: Diario 16.
