Mirtha Vásquez denunció constitucionalmente a Fernando Rospigliosi por presuntas presiones al Poder Judicial y solicitó diez años de inhabilitación.
La senadora de la bancada Ahora Nación, Mirtha Vásquez, presentó este jueves una denuncia constitucional formal contra el legislador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, solicitando su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez años.
El recurso, formalizado mediante un escrito de 29 páginas remitido a la mesa de partes del Congreso, acusa al representante fujimorista de presunta infracción a la Carta Magna por ejercer presiones indebidas y constantes sobre magistrados del Poder Judicial, en respuesta a resoluciones que rechazaron aplicar la controvertida norma sobre prescripción de delitos de lesa humanidad.
Los fundamentos de la acusación contra el legislador Fernando Rospigliosi
El expediente detalla con argumentación jurídica que la conducta del expresidente de la mesa directiva frente al sistema de justicia vulnera de forma directa los principios de equilibrio de poderes e independencia judicial consagrados en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Consultar derechos
Según el documento, los pronunciamientos del parlamentario sobrepasaron los límites de la crítica institucional, transformándose en presiones directas contra jueces que decidieron inaplicar el marco legal impulsado desde el Congreso.
En el recurso constitucional se recalca que el comportamiento del legislador durante los debates públicos y parlamentarios no puede escudarse en el fuero de fiscalización. La denunciante calificó el proceder del senador como un exceso evidente en sus atribuciones funcionales al señalar de manera enfática que incurrió en “amenazas públicas y reiteradas de barrer el sistema judicial”. Estas declaraciones, según la denuncia, buscan condicionar el criterio de los magistrados a través de la intimidación política.
Un reclamo respaldado por bancadas de oposición
La iniciativa parlamentaria sumó de inmediato el respaldo explícito de otros integrantes de la representación nacional durante su presentación formal. La acusación cuenta formalmente con las firmas de adhesión de Indira Huilca junto a la rúbrica del congresista Jaime Quito, quienes acompañaron el escrito ingresado ante las instancias legislativas.
Los parlamentarios firmantes solicitaron celeridad en el trámite reglamentario para determinar las responsabilidades políticas del caso y sentar un precedente firme frente a los intentos de intromisión en el Poder Judicial.Ver decretos
El camino del expediente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Tras haber sido elevado a la mesa de partes del Parlamento, la Mesa Directiva derivará el expediente a las instancias técnicas para calificar la admisibilidad formal del caso.
El expediente ingresado por la legisladora deberá evaluarse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales bajo el procedimiento de control parlamentario, donde se definirá si procede el inicio del antejuicio y juicio político correspondiente para someter la sanción de inhabilitación al voto de la representación nacional.
Fuente: Willax, 29/10/26