Decenas de compradores pagaron cerca de tres millones de dólares por departamentos no entregados en Surco. La Fiscalía investiga el caso.
Familias que entregaron sus ahorros para adquirir una vivienda en el distrito de Surco enfrentan deudas, contratos incumplidos y denuncias penales. El proyecto conocido como Residencial Huaroc prometía un edificio de ocho pisos y tres sótanos, pero la construcción se detuvo en dos sótanos inconclusos.
Las investigaciones registran entre 22 y 27 departamentos vendidos, lo que representa una captación aproximada de 2.8 millones de dólares sin que las entregas se hayan concretado.
La empresa a cargo de la comercialización fue New Concept G&J. Los compradores identifican como promotor e impulsador del proyecto a Juan Luis Chong Campana, exvicegobernador regional de Lima que se encuentra prófugo y condenado a cinco años de prisión por cobro de sobornos. La administración de la firma está a cargo de Gierdza Ibarra Hinojosa, mientras que la gerencia general corresponde a Valeria Chong Távara, hija del exfuncionario.
Red de acuerdos financieros y deudas con propietarios del terreno en Surco
La estructura del negocio incluyó a la empresa Nueva Granada, propietaria del terreno original y vinculada a la familia Chiok. En los registros figuran Ricardo Chiok Chang, Leandro Chiok Chang y Vicente Chiok Sueng. Los documentos legales detallan una deuda reconocida a favor de la propietaria superior a los 8.5 millones de dólares mediante letras de cambio, además de una garantía de hipoteca inmobiliaria por 6.6 millones de dólares constituida en diciembre de 2023.
A pesar de las cargas financieras sobre el terreno, el proceso de venta de inmuebles continuó vigente. Acuerdos firmados en diciembre de 2023 establecieron que el 85 % de los ingresos del proyecto se destinaría al pago de obligaciones con acreedores y asociados.
En dicho convenio, también se reconoció a Juan Luis Chong Campana una participación del 40 % sobre las utilidades generadas por la empresa comercializadora.
Versiones encontradas ante la Fiscalía y constructores impagos
El conflicto abarca también a los proveedores de la obra. Al menos seis empresas constructoras reclaman pagos pendientes por los trabajos ejecutados en los dos sótanos. Frente a estas acusaciones, la gerencia de la empresa sostuvo ante el Ministerio Público que los fondos recopilados de las ventas fueron invertidos directamente en el avance físico y los materiales del terreno.
Los constructores contradicen esta versión y afirman que no recibieron el dinero por los servicios prestados. Debido a estas contradicciones, los agraviados inmobiliarios y su defensa legal solicitaron a la Fiscalía de la Nación realizar un careo entre las partes para determinar el destino de los fondos captados. Hasta el momento, la diligencia judicial no ha sido realizada.
Fuente: Willax, 21/08/25