La víctima señaló a la entonces abogada de Julián Pérez Mallqui, quien hoy lo acusa de violencia física y psicológica, de ofrecerle dinero para retirar denuncia.
El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, cuenta con una sentencia por atropellar a Vilma Palomino Vargas y su hija de 7 años.
El fallo judicial se conoció luego de que Pérez Mallqui sea denunciado por agresión física y psicológica contra su expareja.
Por este último caso, el congresista fue detenido en flagrancia por 48 horas en la comisaría PNP de San Miguel.
Sentencia contra diputado de Juntos por el Perú
El 9 de febrero de 2024, Vilma Palomino, en ese entonces de 38 años, y su hija de siete años fueron víctimas de Julián Pérez Mallqui cuando se dirigían a la loza deportiva de Pichari, provincia de La Convención, región Cusco.
Cuando caminaban en dirección al centro de entretenimiento, un carro subió “como coche de carrera” y las impactó en el acto. Vilma no recuerda más de lo sucedido, precisó la investigación de Perú 21.
La madre de familia y su menor fueron trasladadas al hospital de Kimbiri. Ella despertó, pero su hija estaba en coma.
Desde aquel día, ella y su familia viven un calvario. Su pequeña fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneano severo, politraumatismo y fractura de clavícula.
Mientras la menor luchaba por su vida, según el acta policial, Julián Pérez Mallqui intentó escapar de la justicia.
Según el acta policial, el chofer de la camioneta las llevó al centro de salud de Pichari.
Sin embargo, al ver presencia policial intentó huir, haciendo “maniobras temerarias”, pero personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo detuvo.
Al capturarlo se negó a pasar por dosaje etílico e identificarse, no obstante, luego de algunas acciones, fue identificado como Julián Pérez Mallqui, hoy diputado de Juntos por el Perú.
En medio de la diligencia, el sujeto presentó como abogada a su expareja que hoy lo denuncia por violencia psicológica y física.
El 14 de febrero de 2024, la menor salió del coma, pero fue trasladada a Lima, puesto que debía ser operada de emergencia.
Su padre asumió la responsabilidad y se mudó con la menor a la capital. Allí le diagnosticaron luxofractura de las vértebras dorsales D2 y D3. Iba a necesitar meses de terapia.
Julián Pérez Mallqui intentó comprar el silencio de sus víctimas
Entre febrero y marzo del mismo año, el diputado recibió prisión preventiva, siendo internado en el penal de Ayacucho.
Por ese tiempo, al padre de la menor afectada le llegó un mensaje. Era la abogada de Pérez Mallqui:
“La Fiscalía está pidiendo la custodia de la camioneta. Ese es un problema muy grande (…) Julián tendrá que contratar un abogado por los 7 meses que estará preso. Mañana por favor me avisa si podemos conversar“.
Ante la negativa por parte de los afectados, la mujer que hoy acusa a su defendido de agresión visitó a Vilma Palomino y le expresó:
“Quita la denuncia, por favor (…) estando adentro mi esposo no te va a dar nada, no tenemos nada. Estando libre te va a poder apoyar (…) ahorita no tenemos plata, pero sí te podemos dar 50 mil“.
Finalmente, Pérez Mallqui se acogió a la conclusión anticipada. Por su acción, de los nueve años con cuatro meses de cárcel efectiva que pidió el Ministerio Público, el Poder Judicial dispuso cuatro años, seis meses y veintiséis días de pena suspendida.
El 17 de enero de 2025, el juzgado también fijó una reparación civil de S/40 mil, pese a que la familia pidió S/350 mil.
Asimismo, lo absolvieron del segundo delito que enfrentaba, desobediencia y resistencia a la autoridad.
Al salir en libertad, el congresista visitó a la víctima para ofrecerle un puesto en la Municipalidad de Pichari a cambio de firmar un documento extrajudicial y así evitar procesos de apelación.
“Ya que no quieres, has apelado y no quieres hacer documentos extrajudiciales, yo no te voy a apoyar nada. A partir de ahora no me llames, no me busques, haz lo que quieras porque yo tengo abogados, yo me voy a defender“, respondió ante el rechazo de la propuesta.
Frente a la falta de pago de la reparación civil, una segunda sentencia elevó la reparación civil a S/80 mil y anuló la absolución por desobediciencia a la autoridad, ordenando que un nuevo juez revise el caso.
Debido a esta última decisión judicial, de acuerdo al informe de Perú 21, la familia mantiene esperanza de conseguir justicia.
Fuente: Willax, 3/08/26