El letrado se dirigió a Keiko Fujimori para solicitarle que no valide la proclamación de los resultados de las elecciones 2026.
El abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos sostuvo, en ‘Beto a Saber’, que el proceso electoral de 2026 atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes.
Según sus declaraciones, la proclamación de candidatos bajo las actuales condiciones constituye una vulneración directa a la voluntad popular.
El jurista calificó la situación como la consumación de un golpe de Estado en el Perú, señalando que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estarían incurriendo en delitos de prevaricato de persistir en la oficialización de los resultados.
“En este momento se está consumando un golpe de Estado“, advirtió el letrado.
Exhortación a Keiko Fujimori para no validar proclamación
En su intervención, el abogado hizo un llamado directo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Gonzalo Ortiz de Zevallos se dirigió a Keiko para solicitarle que no valide la proclamación de los resultados de las elecciones 2026.
El abogado argumentó que, de aceptar el desenlace de estos comicios, se estaría conduciendo al país hacia un escenario de ingobernabilidad y caos.
Subrayó que el sistema político perdería toda legitimidad si se ratifican candidaturas que no han sido elegidas de forma comprobada y legítima, advirtiendo que la falta de mayoría en el Congreso facilitaría procesos de vacancia en el corto plazo.
La postura de Ortiz de Zevallos se fundamenta en la interpretación de los artículos 176, 178 y 181 de la Constitución Política del Perú.
Según su análisis, el JNE omitió su responsabilidad de fiscalizar el proceso y garantizar que los resultados representen auténticamente la decisión de los votantes.
En este sentido, instó a las figuras políticas de oposición a no ser partícipes de lo que considera un acto jurídico inexistente y nulo de nulidad absoluta por carecer de competencia y jurisdicción.
Gonzalo Ortiz da sus fundamentos constitucionales
Para Gonzalo Ortiz de Zevallos, el acto de proclamar ganadores en un contexto de irregularidades logísticas y falta de material electoral en diversos centros de votación es un “acto jurídicamente imposible”.
El jurista explicó que, de acuerdo con el inciso quinto del artículo 178 de la Carta Magna, los organismos electorales solo tienen facultad para proclamar a quienes han sido legítimamente elegidos, requisito que, a su juicio, no se cumple en el presente proceso.
El abogado concluyó reiterando que la obligación del JNE es apreciar los hechos con arreglo a los principios generales del derecho.
Al no haberse garantizado la correcta instalación de mesas y la disponibilidad de material el pasado domingo, el proceso electoral quedaría descalificado.
Ortiz de Zevallos enfatizó que la soberanía nacional reside en la voluntad del pueblo y que cualquier intento de forzar una legitimidad administrativa por encima de las fallas operativas reportadas constituye un atentado contra el orden democrático.
Fuente: Willax Noticias, 30/04/26