En la vía penal, el fiscal podría enfrentar una investigación por presunto desbalance patrimonial.
En el ámbito administrativo, la situación de Rafael Vela Barba, excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, dio un giro tras la reciente decisión de la Autoridad Nacional de Control.
El fiscal de lavado de activos fue suspendido de sus funciones por un periodo de nueve meses debido a dos infracciones detectadas en su ejercicio.
La primera falta fue por emitir opiniones sobre el proceso de Alejandro Toledo en una entrevista televisiva, adelantando criterio sobre la situación del exmandatario.
El segundo motivo de la sanción se fundamentó en haber brindado declaraciones a medios de comunicación sin contar con la autorización correspondiente del Ministerio Público.
A pesar de que el magistrado presentó su versión de los hechos en programas radiales, Rosa Bartra señaló un presunto proceso de victimización.
Actualmente, la permanencia de Rafael Vela en la institución estatal se encuentra bajo análisis, existiendo la posibilidad de una destitución definitiva de su cargo.
Cuestionamientos hacia Rafael Vela
Más allá de la suspensión administrativa, el rol de Rafael Vela en la firma del convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht genera controversia.
Críticos como la exprocuradora Katherine Ampuero calificó este pacto como perjudicial para los intereses del Estado peruano y la imagen del Ministerio Público.
El acuerdo permitió a la constructora, hoy denominada Novonor, continuar sus operaciones en territorio nacional a pesar de los casos de corrupción admitidos.
La reparación civil establecida asciendió a 514 millones de soles, cifra que contrasta con los más de 5 mil millones de dólares obtenidos en obras.
Bajo su nueva identidad corporativa, la compañía mantiene presencia en proyectos como Olmos y las concesiones de peajes en la ciudad de Lima.
Incluso, la empresa sigue percibiendo pagos relacionados con el proyecto del Gaseoducto Sur, el cual se encuentra actualmente paralizado por diversas irregularidades.
Investigaciones sobre patrimonio y movimientos migratorios
La Fiscalía también evalúa abrir nuevas líneas de indagación contra el magistrado por un posible desbalance patrimonial derivado de sus adquisiciones inmobiliarias.
Entre los bienes detectados figura una residencia valorada en medio millón de dólares en el distrito de La Molina, que incluiría una piscina no declarada.
Jaime Villanueva, exasesor que busca acogerse a la colaboración eficaz, ha brindado testimonios sobre las características de este inmueble de lujo.
Asimismo, se analizan los constantes viajes realizados hacia Miami, según los reportes oficiales del movimiento migratorio del fiscal suspendido.
En dicha ciudad estadounidense, familiares directos del funcionario poseerían propiedades cuyo valor comercial superaría los 400 mil dólares cada una.
Mientras se resuelven estas denuncias, la sede de la antigua constructora en Lima confirma que siguen operando bajo el nombre de un consorcio distinto.
Fuente: Willax Noticias, 12/03/26