Según la acusación, los sentenciados favorecieron con un beneficio económico indebido al productor musical Nilver Huarac, quien también recibió una sentencia.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao (Tercer Despacho), dirigida por el fiscal provincial Wils Anselmo Hugo Gonzales Morales, consiguió que se dicte condena contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao y el productor artístico Nilver Huarac debiado al manejo irregular de los fondos generados durante las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao.
De acuerdo con la acusación, presentada en el juicio oral por el fiscal adjunto provincial Julio Arturo Cupe González, los sentenciados habrían actuado en conjunto para defraudar al Estado a través de un mecanismo que permitió que el empresario musical Nilver Huarac se beneficiara con más de S/440 000 obtenidos por la venta de entradas de un evento financiado completamente con recursos públicos.
La investigación fiscal determinó que los exgerentes regionales María Ramos y Cristian Hernández, junto con el exjefe de Logística, Juan Solís, habrían omitido deliberadamente su obligación de regular el cobro de entradas en los contratos de organización. Esta situación permitió que el proveedor Nilver Huarac recaudara grandes sumas por la venta de boletos que nunca ingresaron a las cuentas del Gobierno Regional del Callao, pese a que la propia entidad difundía de manera oficial los precios de ingreso al evento.
Por los mencionados hechos, el Ministerio Público consiguió que se imponga una condena de seis años de prisión efectiva contra los exfuncionarios María Ramos, Cristian Hernández y Juan Solís, como autores del delito de colusión agravada. Asimismo, Nilver Huarac fue sentenciado a nueve años de prisión efectiva en calidad de cómplice primario del mismo delito.
Los sentenciados también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por periodos que van de seis a diez años y deberán pagar de manera solidaria al Estado una reparación civil de S/568 709. Este monto busca resarcir el perjuicio económico ocasionado por un proceso de contratación irregular que favoreció intereses particulares por encima del deber de proteger los recursos públicos.
La ejecución de la pena permanece en suspensión provisional hasta que el fallo sea confirmado en segunda instancia. En caso de incumplir las reglas de conducta impuestas —como no ausentarse de su lugar de residencia y presentarse mensualmente ante el juzgado para informar sobre sus actividades— la medida podría ser revocada.
Fuente: Correo, 10/03/26