Millones de soles la franja electoral terminaron en medios de comunicación de afiliados a los propios partidos
La franja electoral, financiada con recursos públicos, quedó bajo cuestionamiento luego de revelarse que parte de los fondos asignados a los partidos políticos terminó beneficiando a medios de comunicación vinculados a afiliados partidarios. La investigación expone que no existen restricciones legales que impidan a los partidos contratar a empresas de militantes para la difusión de su propaganda, situación que ha generado renuncias, críticas y el inicio de indagaciones fiscales.
¿Cómo se distribuyen los recursos de la franja electoral?
La franja electoral cuenta con un presupuesto aproximado de 80 millones de soles, que es distribuido entre los partidos políticos para la difusión de propaganda en medios de comunicación autorizados por la ONPE. Según la normativa vigente, cada organización política decide de manera directa en qué medios invierte el dinero que le corresponde, sin concursos públicos ni filtros adicionales.
De acuerdo con especialistas en temas electorales, este mecanismo permite que los partidos seleccionen medios con los que mantienen algún vínculo, generando posibles conflictos de interés.
¿Qué casos de afiliados beneficiados fueron identificados?
La investigación identificó al menos 10 afiliados partidarios cuyas empresas de medios fueron seleccionadas por sus propios partidos para recibir recursos de la franja electoral. Entre los casos expuestos figura Radio Kaliente de Chiclayo, cuya razón social es TELEJAC S.A.C., medio que fue escogido exclusivamente por Fuerza Popular.
Este partido destinará 30,800 soles a dicha emisora, cuya gerente, Tania Burgos Solano, y uno de sus socios se encuentran afiliados al partido. La pauta contempla 7 transmisiones diarias durante 22 días, entre el 11 de febrero y el 9 de abril.
¿Qué ocurre con otros partidos y medios regionales?
El partido Alianza para el Progreso destinó 12,600 soles a Innova Radio, medio fundado por Yulli Esmeri Merino Pinedo, afiliada al partido. Asimismo, Oriental TV de Ucayali recibirá 71 mil soles por parte del partido Progresemos, pese a que su propietaria, Mercedes Santa María, también es militante.
Otro caso expuesto es el del partido PRIN, que asignó 10,175 soles a La Única Radio y TV, cuyo titular es José Cabrera, afiliado a dicha organización política.
¿Qué papel cumple la ONPE en este proceso?
La ONPE confirmó que la normativa vigente no prohíbe que afiliados políticos participen como proveedores de la franja electoral. Según precisó el organismo, no existe restricción en la ley de contrataciones políticas ni en la ley de contrataciones del Estado que impida este tipo de vínculos.
Esto significa que los partidos pueden elegir libremente los medios que consideren convenientes dentro del catálogo aprobado, incluso si pertenecen a militantes de la misma agrupación.
¿Qué reacciones generó esta situación en los partidos?
Las revelaciones generaron crisis internas en algunas organizaciones. En el partido Primero la Gente, la candidata presidencial Marisol Pérez Tello calificó la situación como un “escándalo” y reconoció un conflicto de intereses, lo que derivó en la renuncia de Miguel del Castillo a su candidatura al Congreso.
En el partido País para Todos, el candidato presidencial Carlos Álvarez cuestionó que se destinen 642 mil soles a Nativa TV, un medio con baja audiencia, y anunció su intención de retirar a su partido de la franja electoral.
¿Existen investigaciones en curso?
El Ministerio Público informó que se iniciaron diligencias para evaluar una eventual comisión de delitos como peculado o colusión, al tratarse de fondos públicos destinados a un fin específico. La Fiscalía de la Nación señaló que, de confirmarse desvíos, existirían indicios razonables para una investigación penal.
¿Qué advierten los especialistas electorales?
Especialistas consultados señalaron que el uso de la franja electoral podría estar desnaturalizándose, al permitir que recursos públicos terminen beneficiando a afiliados partidarios. Advirtieron que la ley no prevé candados suficientes para evitar estos escenarios y plantearon la necesidad de reformas que garanticen mayor transparencia.