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FISCALÍA INDAGA NEXOS DE ODEBRECHT Y AUTORIDADES EN CONTRATOS DEL PROYECTO OLMOS DE LAMBAYEQUE

 


El Ministerio Público investiga un pago al consorcio Dragatec y la gestión de la presa Limón, clave para el abastecimiento de agua en el norte del Perú.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque investiga una presunta organización criminal en la gestión del Proyecto Olmos, donde funcionarios del gobierno regional son señalados por su relación con empresas vinculadas a Odebrecht, reveló ContraCorriente. 

El caso involucra contratos millonarios y posibles irregularidades en la administración de la presa Limón, infraestructura clave para el agro de la región. 

Funcionarios bajo investigación 

Las pesquisas se centran en el actual gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, y el ex presidente del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), Ranjirō Nakano. Ambos figuran como investigados por su presunta participación en una estructura dedicada a favorecer a empresas constructoras.

Según la información recabada, los contratos fueron dirigidos a Dragatec, consorcio que recibió el encargo de realizar el dragado de la presa Limón, parte fundamental del Proyecto Olmos. El monto adjudicado ascendió a aproximadamente 18 millones de dólares. Desde diciembre de 2025 hasta julio de 2026, el contrato estipulaba la ejecución de los trabajos de limpieza de sedimentos. Hasta la fecha, los informes oficiales indican que las tareas no han comenzado. 

La Contraloría identificó que, a pesar de la falta de avances, se otorgó un adelanto de 8 millones de soles a Dragatec. Dos consorcios adicionales cumplían con los requisitos mínimos, pero la adjudicación se realizó a favor de la mencionada empresa. El órgano de control estatal reportó posibles direccionamientos en el proceso de selección. Antecedentes del caso, según la Fiscalía El Proyecto Olmos resultó afectado por la acumulación de sedimentos en la presa, atribuida a la administración de Odebrecht. La infraestructura presenta un nivel de colmatación del 80%. Este hecho generó dificultades para las empresas agroindustriales de Lambayeque, que ahora dependen principalmente de pozos tubulares para el suministro de agua.

La investigación fiscal sostiene que la gestión previa de Odebrecht incumplió con los trabajos de mantenimiento, a pesar de recibir pagos regulares del Estado. Tras la salida de la constructora brasileña, el gobierno regional asumió la responsabilidad de las obras pendientes en la presa Limón. El contrato más reciente, otorgado a Dragatec, debía iniciar en diciembre de 2025. Hasta el momento, no se reportan avances concretos. 

Fuentes oficiales consultadas por ContraCorriente señalan que el adelanto entregado a Dragatec se realizó sin que la empresa haya puesto en operación el equipo comprometido. El saldo pendiente y la falta de ejecución han generado preocupación entre los usuarios del sistema de irrigación. 

Fiscalía Especializada mantiene en reserva la investigación sobre la presunta organización criminal que habría buscado extender el control de Odebrecht sobre el sistema de irrigación mediante la modificación contractual. Documentos oficiales relacionados con el financiamiento y los procedimientos administrativos del PEOT están bajo revisión. 

Abastecimiento con dificultades 

El abastecimiento de agua en la región enfrenta serias dificultades. La presa Limón es el principal reservorio para la actividad agroindustrial de Lambayeque. Representantes de gremios agroexportadores han solicitado información sobre el estado actual de los contratos y las acciones tomadas para garantizar el flujo hídrico. 

Las autoridades regionales, por su parte, deberán presentar la documentación completa que acredite la legalidad de los procedimientos seguidos en el Proyecto Olmos. La Contraloría y la Fiscalía continúan analizando los antecedentes de corrupción asociados a la gestión de obras públicas en la región. 

La situación del Proyecto Olmos continúa bajo observación. Se espera que las investigaciones determinen las responsabilidades administrativas y penales de los ex y actuales funcionarios, así como de las empresas involucradas en la administración y mantenimiento de la infraestructura hídrica, según detalló el programa.

Fuente: Willax Noticias, 26/02/26