Una resolución judicial cuestiona la titularidad del espacio público en Surco.
El panorama legal sobre la vivienda de la congresista María Acuña dio un giro inesperado tras la reciente resolución del Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo.
El magistrado Manuel Martín Céspedes Riguetti dictó una medida cautelar que anula la orden de demolición que pesaba sobre el inmueble ubicado en el condominio Los Álamos de Monterrico.
Sin embargo, esta decisión judicial llega cuatro meses después de que la Municipalidad de Surco ejecutara gran parte del derribo de la infraestructura.
La demolición, que se inició en octubre de 2025, se produjo tres meses después de que un reportaje periodístico hiciera pública la situación de la propiedad de María Acuña.
Durante aquel operativo municipal, la intervención del Ministerio Público logró paralizar parcialmente los trabajos, evitando que se destruyeran los balcones de la residencia.
Actualmente, diversas viviendas colindantes muestran carteles de procesos judiciales contra la comuna, denunciando presuntos abusos de autoridad en la zona de Surco.
Controversia por propiedad de María Acuña
El conflicto legal central se enfoca en determinar si el terreno intervenido constituye realmente un espacio público o propiedad privada.
La demanda fue presentada por la Inmobiliaria Alizos, empresa vinculada directamente a la legisladora María Acuña, contra la administración del alcalde Carlos Bruce.
La sentencia del juzgado señaló que no existe certeza sobre la naturaleza del área denominada “Parque 17“, donde se ubica la construcción.
Según el fallo, la Subgerencia de Logística de la entidad municipal admitió que el terreno no figura en el registro patrimonial de la propia municipalidad.
Asimismo, la resolución advirtió que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) comunicó que dicha área no aparece como aporte reglamentario a favor del Estado.
El juzgado determinó que la municipalidad sostiene su postura sin haber logrado registrar el terreno como parte de su patrimonio institucional.
Respuesta institucional
Ante este escenario jurídico, ”Contra Corriente‘ buscó el descargo del alcalde de Surco, pero el burgomaestre se encuentra fuera del país.
“Nosotros estamos plenamente seguros de que es espacio público, acá no hay ninguna controversia”, Raúl Ramos, subgerente de Fiscalización en Surco.
Y agregó: “No es necesario que figure inscrito en el registro municipal patrimonial, por ejemplo, ¿la Plaza de Armas de Surco está inscrito a nombre de la municipalidad? No ¿La Plaza de Armas de Lima está inscrito? No, porque no es necesario, tiene la defensa constitucional“.
Por su parte, la defensa legal de la inmobiliaria sostuvo que el acto administrativo de la comuna careció de sustento técnico registral antes de proceder al derribo.
Aunque la justicia anuló la acción municipal, el impacto estructural en la vivienda ya es un hecho consumado desde finales del año pasado.
La determinación final sobre si el terreno es un aporte estatal o propiedad de la inmobiliaria de María Acuña continúa bajo análisis en las instancias correspondientes
Hasta el momento, la parlamentaria no ha emitido declaraciones adicionales sobre el fallo que deja sin efecto una sanción ya ejecutada por la vía administrativa.
El caso se mantiene en el ámbito judicial para definir las responsabilidades por la afectación del predio y el uso del suelo en la jurisdicción.
Fuente: Willax Noticias, 30/1/26
