Wilson Soto (Acción Popular) culpa a Eduardo Salhuana. Lady Camones (APP) dice que no pueden coordinar y Américo Gonza (PL) los llama “hipócritas”.
Pese a la crisis social y política que atraviesa el país, la mayoría de congresistas no da celeridad a los proyectos legislativos de gran importancia para la mayoría de los peruanos, entre ellos la aprobación por insistencia de la ley de detención preliminar sin flagrancia, la ley que fiscaliza los fondos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la propuesta que busca revelar los acuerdos con Odebrecht, entre otras iniciativas sobre seguridad ciudadana y otros temas urgentes.
Hace más de 15 días, cierta parte del Congreso dijo que no podía analizar estos temas porque estaban en receso, además de una semana de representación que tenían que cumplir como parte de su rol fiscalizador y del compromiso con sus regiones. Sin embargo, al ser consultados sobre la celeridad que darían a estos temas urgentes, solo atinaron a justificar la falta de iniciativa para priorizarlos.
Asimismo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), dijo que el pleno extraordinario que buscaría finiquitar los proyectos en agenda se postergaría hasta marzo, cuando recién la representación nacional vería si los aprueba o rechaza.
Mientras tanto, la población sigue sufriendo las consecuencias de la criminalidad al no existir leyes que detengan el avance de este cáncer social. En diálogo con EXPRESO, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) responsabilizó a Salhuana Cavides de no tener la voluntad de darle celeridad a la aprobación de tales propuestas legislativas, como la norma que restituye la detención preliminar sin flagrancia.
El legislador contó que tuvo una conversación con el titular del Parlamento, instándolo a que organice un pleno extraordinario. No obstante, la respuesta fue positiva de palabra, pero en la realidad aún no hay nada que concrete una sesión plenaria.
“Yo le he dicho muchas veces al presidente Salhuana; justamente en la mañana (de ayer) le dije que sería importante que convoque a una sesión de pleno extraordinaria para ver algunos temas que quedaron y votarlos ahí. Hay temas que han quedado también en la Comisión Permanente. No sé si el presidente Salhuana tenga esa voluntad de convocar el pleno extraordinario. Algunos parlamentarios estaban impulsando la recolección de firmas, pero lo dudo; creo que no hay voluntad política”, dijo Soto Palacios.
Asimismo, resaltó que su bancada apoyará con sus firmas la convocatoria a un pleno extraordinario, pero dudó que otros grupos parlamentarios apoyen esta sesión clave para aprobar las mencionadas propuestas legislativas. “Nosotros firmaríamos, pero faltan bastantes firmas. Si nosotros firmamos, igual no alcanza; falta voluntad política. Algunos errores que se han cometido se enmiendan”, recalcó.
En tanto, Lady Camones (APP) justificó la demora del Congreso en tratar tales iniciativas, indicando la existencia de una falta de coordinación entre sus colegas parlamentarios para la toma de decisiones trascendentales. Para la legisladora, el tiempo de receso legislativo y la semana de representación que tuvieron hace poco no permitió a la mayoría parlamentaria trabajar en los proyectos de ley de fortalecimiento de la APCI, los acuerdos secretos entre Odebrecht y el Estado peruano y la ley de detención preliminar.
“No nos hemos reunido como bancada, pero pienso que deberíamos adelantar un pleno. De repente no se trata de voluntad, sino de falta de coordinación. Lamentablemente, estamos ahorita en receso, muchos congresistas están fuera de sus regiones. Debemos afinar ese nivel de coordinación para que podamos adelantar la fecha de un pleno”, expresó la legisladora.
Por su parte, el legislador Américo Gonza ( Perú Libre) analizó que existe mucha “hipocresía” en algunos parlamentarios a la hora de apoyar o rechazar propuestas legislativas en favor de la población. Resaltó que la doble cara de sus colegas impide que exista una dirección positiva en tratar los asuntos de relevancia para los 33 millones de peruanos, específicamente en propuestas para erradicar la criminalidad transnacional.
Con respecto al proyecto de ley que fortalece la APCI para la fiscalización del uso de los fondos de las ONG, el congresista no descartó que existan presiones externas que impiden que tal propuesta legislativa prospere en el fuero legislativo. “Acá hay presión de afuera para que esto se paralice. Las ONG reciben financiamiento de USAID. Cuando antes decíamos eso, nos decían que estábamos locos; ahora el mismo gobierno norteamericano ha tenido que salir a transparentar esto. Aquí hay medios, algunos que se dicen ser autónomos, como La Encerrona, que se oponen a que se debata en el pleno esta ley que busca regular las ONG”, resaltó.
También dijo que la demora en la realización de un pleno extraordinario y la priorización de temas legislativos de trascendencia dependen únicamente de los integrantes de la Mesa Directiva: el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la primera vicepresidenta, Patricia Juárez (Fuerza Popular); el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre); y el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero (Avanza País). “No somos hipócritas como algunos políticos aquí, que para afuera dicen una cosa y para adentro quieren otra”, indicó.
Seguidamente, el congresista Jorge Zeballos Aponte (Renovación Popular) dijo que los proyectos de ley importantes tienen que ser revisados, pese a haber sido analizados varias veces en el Congreso. Esto al ser consultado sobre la ley de detención preliminar sin flagrancia y el pleno que no se concreta para su aprobación por insistencia.
“Lo de la detención preliminar tendrían que revisarlo inmediatamente. Todo lo que tiene que ver con el orden público tiene que ser revisado y, si es necesario, tiene que ser observado. Estamos en esa dirección (aprobar la ley de detención preliminar por insistencia)”, dijo Zeballos a EXPRESO.
Juegan en pared
Por su parte, el penalista Mario Amoretti aseguró que el Congreso y el Ejecutivo están de acuerdo en seguir dilatando algunas leyes, como la detención preliminar en caso de no flagrancia. “El Parlamento y el Gobierno están jugando en pared con la finalidad de que salgan bien librados los delincuentes más avezados de organizaciones criminales y algunos congresistas y funcionarios del Gobierno que, de una u otra forma, están comprometidos en graves hechos delictivos, como el caso del vocero de Palacio, Fredy Hinojosa, quien no pudo ser apresado cuando allanaron su vivienda por el caso de los alimentos en mal estado del programa social Qali Warma”, aclaró el experimentado abogado.
De otro lado, Amoretti señaló que le preocupa que las leyes vayan en contra de la ciudadanía. “Esto es solamente un juego. El Ejecutivo le hizo observaciones a la ley de detención preliminar, que en lugar de beneficiar a la sociedad, es todo lo contrario porque exonera su aplicación a casi 80 delitos, entre ellos la corrupción. Esta situación es muy preocupante por la forma en que tanto el Ejecutivo como el Legislativo vienen protegiendo a los delincuentes y dejan desprotegida a la sociedad”, agregó el penalista.
No hay que confundir
De otro lado, el excanciller Jorge del Castillo defendió al Legislativo y responsabilizó a ciertas agrupaciones políticas de tomar malas decisiones. “No hay que generalizar al Parlamento con algunas bancadas, son dos cosas distintas. Hay que saber distinguir porque si se habla del Congreso, se desacredita a una institución importante. Si tú hablas de las bancadas, es más preciso. Si dices: las bancadas tal y cual hacen tal cosa”, refirió.
El también excongresista aclaró más el panorama en favor del Parlamento. “En primer lugar, no todo lo que se dice es absolutamente cierto porque hay cambios que se han hecho y han sido favorables y otros no. Pero no se puede decir que todo lo que hace el Congreso está a favor de la delincuencia, ese es el mensaje caviar, y ese no es el mensaje de EXPRESO”, añadió.
De otro lado, Del Castillo espera que pronto se deroguen las leyes que disminuyen los actos delictivos que están golpeando a nuestra sociedad.
“En general, creo que ha habido un abuso de la detención preliminar. Hay que corregir un poco, y eso es lo que estamos esperando. Ya se aprobó a nivel de la Comisión de Justicia; ahora viene la votación, entiendo que en el pleno, aunque no sé cuándo habrá pleno, y solo queda esperar a que se inicie la legislatura en los primeros días de marzo para que se publique la autógrafa”, concluyó.
Acusan al Ejecutivo
La exprocuradora Katherine Ampuero culpó al Gobierno por el retraso de la ley de detención preliminar. “En el caso de la detención preliminar en casos de no flagrancia, lamentablemente el Ejecutivo ha dilatado que se publique la norma, observándola en lugar de publicar la autógrafa. Y ahora que se ha insistido en la Comisión de Justicia, estamos esperando que se inicie la legislatura en marzo o, de lo contrario, que se recaben las 87 firmas necesarias para solicitar un pleno extraordinario y que el Congreso apruebe la insistencia para que se publique la norma”, explicó la abogada.
Para Ampuero, no basta con emitir leyes, sino que, tras la detención, los órganos jurídicos deben aplicarlas con justicia. “El problema de combatir la criminalidad y la delincuencia no tiene que ver lógicamente con las leyes, porque las leyes ya existen, y muchas, y sobre todo las penas que en el Código Penal son muy altas. Por ejemplo, para extorsión, sicariato y crimen organizado, son penas de cadena perpetua. Entonces, acá es un tema de operadores de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, procuradores y la Policía) que no están funcionando”, agregó.
Ampuero además le recomendó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que ordene al procurador del Parlamento que investigue de una vez a la extrabajadora del Legislativo Isabel Cajo por haber presentado documentación falsa para ganar la plaza de trabajo. “Como en cualquier otra institución, aquí el que tiene que actuar de manera inmediata es el procurador del Congreso, para investigar si la señorita presentó o no documentos adulterados para quedarse con la plaza de trabajo. El procurador ya debe estar elaborando las denuncias correspondientes y, al final, remitirlas al Ministerio Público”, reveló.
Para finalizar, la abogada indicó que ahora es el momento para investigar a la extrabajadora Isabel Cajo. “Esperemos que en las próximas horas estén anunciando que están iniciando las investigaciones en defensa del poder Legislativo y en contra de esta extrabajadora del Parlamento, y que esto marque un antecedente para que ninguna otra persona se atreva siquiera a pretender ocupar un cargo presentando documentos falsos, no solo en el Congreso, sino en cualquier entidad del Estado”, sentenció Ampuero.
Pausa de legisladores
Un interregno parlamentario es el lapso entre la suspensión y el reinicio de las sesiones parlamentarias. Durante este periodo, se designan entidades especiales para supervisar las acciones gubernamentales, aprobar leyes y tomar decisiones urgentes.
Reuniones interminables
El Congreso de la República convocó a la unidad para enfrentar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Como lo anunció el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, hoy, el viernes 14 y el próximo martes 18 de febrero se desarrollarán reuniones de trabajo con entidades públicas y privadas con el propósito de analizar propuestas en materia de seguridad ciudadana.
Fuente: Expreso 11/2/25