Preocupa también que se hayan registrado como desaparecidas 58 mujeres adultas y 112 niñas y adolescentes.
Se presenta el reporte de igualdad y violencia de abril de 2020 “¿Qué pasó con ellas durante el aislamiento obligatorio?”.
La Defensoría del Pueblo alertó que, pese al confinamiento y las medidas de seguridad dictadas por el gobierno en la actual emergencia sanitaria por COVID-19, se han duplicado los casos de feminicidios a nivel nacional, registrándose un total de 10 víctimas en abril. Asimismo, siguen reportándose como desaparecidas mujeres, niñas y adolescentes.
Esta situación refleja el aumento de la vulnerabilidad de mujeres adultas y menores de edad, pues muchas conviven con su agresor. El Sistema de Justicia, por ende, debe redoblar sus esfuerzos para garantizar su protección, en su diversidad, y acelerar la atención de las denuncias.
Preocupa especialmente la región de Ayacucho, donde, en comparación al mes anterior en el que no hubo ningún caso, en abril, se produjo un triple feminicidio. Asimismo, Junín, Tacna y Callao pasaron de registrar cero casos en abril a 2, 1 y 1 respectivamente. Por su parte, Huánuco duplicó sus cifras (1 a 2).
Sumado a ello, se han registrado 6 muertes violentas de mujeres (2 en Lima, y 1 en Cusco, La Libertad, Junín y Huánuco, respectivamente) que aún no han sido esclarecidas ni tipificadas como feminicidio. Es imprescindible la celeridad en la investigación, pues la calificación del delito visibiliza la gravedad y naturaleza del hecho, y permite a las familias –víctimas indirectas- el acceso a justicia y reparación.
De otro lado, este mes, se han perpetrado 8 tentativas de feminicidios, 2 menos que en marzo. Esta cifra no necesariamente refleja que la violencia ejercida por los agresores haya disminuido, pues en su mayoría, el delito no se consuma por la intervención de terceros, como vecinos o familiares. Preocupa, asimismo, que Lima siga siendo la ciudad con más casos y que Junín, que no presentó ninguno el mes pasado, ahora registre 2 hechos de violencia de esta naturaleza.
No menos preocupante resulta que, en abril, se hayan reportado 58 mujeres adultas como desaparecidas y 112 niñas y adolescentes. De la suma total, Lima sigue concentrando la mayor cantidad de casos (93 de 170, es decir, 55%), seguida de Piura (9) y Callao (8).
Si bien la cifra de mujeres reportadas como desaparecidas ha disminuido respecto a marzo, esto podría explicarse por las limitaciones a la movilidad en espacios públicos -recuérdese que la persona desaparecida está fuera de su domicilio habitual-, la falta de priorización en la atención de este tipo de violencia de género, en un contexto de emergencia, así como los obstáculos para denunciar.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha resaltado los aspectos importantes del reciente Decreto Legislativo 1470 que atiende a esta problemática y recoge recomendaciones nuestras. Esta norma debe ser el punto de partida para intensificar las medidas de atención y protección de las mujeres e integrantes del grupo familiar. A pesar de ello, se han identificado también ciertas limitaciones que podrían corregirse.
Entre estas observaciones, es cuestionable que, en el caso del pedido del retiro del agresor como medida de protección, no se indique en qué supuestos “no sería posible”, lo que ocasiona que la víctima deba ser trasladada a una casa refugio. Al amparo de las cifras y la situación de emergencia, debe priorizarse la permanencia de la víctima en su domicilio, más aún si vive con sus hijos/as.
Asimismo, consideramos que la ejecución inmediata de medidas de protección también debe aplicarse en casos de riesgo moderado ocurridos antes de la emergencia, pues el D.L. 1470 solo considera hechos de riesgo severo acontecidos en la etapa previa. Además, el énfasis en el uso de la tecnología debe servir para reforzar los portales de búsqueda de las personas desaparecidas.
Es importante que, en el portal de menores desaparecidos, sean identificados los grupos de especial protección en razón del género, edad, pertenencia a un pueblo indígena o ser una persona con discapacidad. La Defensoría del Pueblo, acorde a su rol constitucional de garante y promotor de derechos fundamentales, seguirá vigilante frente al fenómeno de la violencia de género durante y después del estado de emergencia, en aras de proteger a la población más vulnerable, como son las mujeres, niñas y adolescentes.