NOTA DE PRENSA
“El Gobierno de Kuczynski ha subestimado los conflictos sociales por minería”
*-El
19º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú analiza
los primeros meses del Gobierno de PPK en materia minera y social.
El
conflicto de Las Bambas, que se cobró la vida de una persona, supuso la
primera prueba de fuego para el Gobierno de Kuczynski, sin
embargo, “su actuación arroja serias dudas sobre su estrategia en materia de conflictividad social”,
sostiene el
19º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú,
presentado por las ONG CooperAcción, Fedepaz y Grufides.
“Ha
llegado el momento de discutir en serio y a fondo sobre qué tipo de
institucionalidad y políticas públicas necesitamos para hacer
frente a los conflictos sociales. No se puede seguir con la misma
institucionalidad precaria”, afirma José De Echave, director del
Observatorio de Conflictos Mineros. “El Gobierno de Kuczynski ha
subestimado los conflictos sociales por minería”, sostiene.
“Hasta
ahora la estrategia social carece de prevención y la respuesta es de
una elevada letalidad. Se hace necesario un sistema nacional
de conflictos sociales con carácter preventivo, con capacidad de
articulación multisectorial, con presencia en las regiones y un claro
enfoque de derechos humanos”, remarca De Echave.
No
obstante, el director del OCM resaltó como puntos positivos del manejo
gubernamental del conflicto Las Bambas el cumplimiento escrupuloso
de los plazos y la presentación de una propuesta de desarrollo social,
que prioriza 158 proyectos con un presupuesto de 2055 millones de soles.
Aunque, considera que dicho plan contiene importantes ausencias como
las demandas medioambientales y de derechos
humanos.
Este
plan ejemplifica la propuesta del Gobierno del “adelanto social”, que
consiste en dotar de una inyección económica a las zonas mineras.
El problema de este enfoque es que olvida y niega el carácter
multidimensional de los conflictos sociales en Perú donde se ponen en
juego diversas variables: expectativas, preocupaciones ambientales,
demandas sociales, económicas, y derechos culturales.
Contracción de la inversión minera
El escenario minero estará marcado en los próximos años por una contracción de la inversión minera.
De acuerdo al Marco Macroeconómico
Multianual Revisado 2017-2019, el PBI de este sector crecería un 7.4%
en el 2018, y apenas un 1.2% en 2019. Además, se consolida el deterioro
del aporte fiscal,
en 2016 se presenta una contracción del 30.4%. Sumado a ello, una
tendencia que resulta de especial preocupación es que las mineras
reciben más dinero del Estado del que pagan en impuestos.
El
escenario productivo minero que enfrentará Kuczynski no es nuevo: el
‘boom del cobre’, que comenzó en 2015, continuará impulsando
a este sector; un crecimiento que ha logrado que Perú se posicione como
segundo productor mundial de este metal, gracias a proyecto como:
Toromocho, Constancia, Cerro Verde y Las Bambas.
El informe también alerta sobre el imparable avance de la minería ilegal, siendo
Madre de Dios y Puno dos de sus principales bastiones.
Por
otro lado, se consolida la nueva geografía de la conflictividad social.
La región macrosur concentra la conflictividad social y la
inversión minera: Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco
registran más del 43% de los conflictos.
Otra de las tendencias observadas es la reducción del área concesionada a la minería. Luego de
alcanzar
un pico en el año 2013- más de 26 millones 800 mil hectáreas
concesionadas- en noviembre se registran 19’241,911 hectáreas.
Conflictos latentes
El informe OCM resalta
dos temas de fondo que ensombrecen la inversión minera en Perú. Uno
de ellos, los opacos convenios firmados entre la policía y la minería
que “permiten la mercenarización de las fuerzas de seguridad pública”,
según afirmó David Velazco, de Fedepaz. Y por
el otro, la criminalización de la protesta; en el caso de Las Bambas
hay hasta 250 personas denunciadas penalmente.
Por
su parte, la directora de Grufides, Mirtha Vásquez alertó de que Máxima
Acuña y su familia han vuelto a ser atacados durante los
dos últimos meses por la empresa minera Yanacocha. “Si algo le
ocurriera a Máxima, la responsabilidad no sólo sería de la empresa sino
del Estado que no ha hecho nada para velar por su seguridad”, declaró.
El
informe alerta de conflictos latentes repartidos en diversas regiones
como Cajamarca y Piura, tras el retorno -después de seis años
de retiro- del emblemático proyecto Río Blanco. Recientemente,
el Ministerio de Energía y Minas ha suscrito un convenio de promoción
con el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development que
invertiría alrededor de US$ 2,500 millones para
obtener, durante 20 años, una producción de 200 mil toneladas de cobre
fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.
Fuente:
Prensa y Comunicaciones:
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