Ahora esas conquistas se están perdiendo. Millones de brasileños que habían ingresado a la clase media se hunden en la pobreza mientras el país sufre su segundo año de recesión.
Los problemas económicos de Brasil no solo se deben a la caída de los precios mundiales de las materias primas, como el petróleo y la soya; según algunos economistas también son consecuencia de políticas erróneas y enormes escándalos de corrupción. Muchos votantes culpan a Rousseff y su agrupación política, el Partido de los Trabajadores.
“Ahora todo es tan caro que apenas podemos darnos el lujo de comer”, dijo Juliana Santos, de 29 años, empleada de una empresa de transporte público en Brasilia. “El Partido de los Trabajadores prometió que iba a cambiar las cosas, pero las cosas cambiaron para peor”.
La amarga disputa entre la élite política ha ahogado en escándalos a un país que, al mismo tiempo, lucha por contener la propagación del virus de Zika y ultima preparaciones para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.
“Esta es la peor crisis de nuestra historia por su combinación de calamidad económica, política desacreditada y la violación de las normas éticas mínimas”, dijo a la prensa Boris Fausto, un historiador brasileño, para resumir el sombrío estado de ánimo del país.
Rousseff, de 68 años, es la segunda presidenta de Brasil que enfrenta un juicio político desde que se restableció la democracia, a mediados de la década de 1980, después de una larga dictadura. En 1992, Fernando Collor de Mello renunció antes de que el senado lo acusara por cargos de corrupción. Sin embargo, el expresidente logró darle un nuevo aire a su carrera política y ahora es senador. En el debate en el senado, criticó el proceso en su contra antes de votar en contra de Rousseff.
En comparación con el estridente debate sobre el destino de Rousseff que se llevó a cabo en la Cámara Baja del congreso el mes pasado –durante el cual los legisladores se escupieron, abuchearon y lanzaron confeti– el procedimiento en el senado fue más calmado.
Después de 20 horas de discursos, con frecuencia soporíferos, el procurador general de Brasil, José Eduardo Cardozo, tomó la palabra justo después del amanecer del jueves y le dijo a los legisladores que la historia se encargaría de juzgarlos si votaban a favor del juicio en contra de Rousseff por un delito que ella asegura que nunca cometió.
“Si este juicio político continúa, Brasil se convertirá en la república bananera más grande del mundo”, dijo, en tono emotivo.
Rousseff es una exguerrillera marxista y una economista con muchos años de experiencia en la burocracia nacional. Sin embargo, nunca había ocupado un cargo de elección popular hasta que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva la eligió para que fuese su sucesora (pues él no pudo presentarse como candidato para ejercer un tercer mandato consecutivo).
En 2010 ella ganó las elecciones con facilidad y durante su tiempo en el cargo le dio continuidad a los generosos programas de bienestar social que le habían granjeado a Da Silva la inquebrantable lealtad de los ciudadanos más pobres del país.
“Nuestros mayores logros fueron sacar a 36 millones de personas de la pobreza y elevar a otros 40 millones a la clase media”, dijo Da Silva en un correo electrónico. “Seguimos siendo un partido que se preocupa por los pobres y por la justicia social”.
Pero a medida que la economía entró en crisis y los escándalos sacudieron a la clase política, la popularidad de Rousseff se hundió, lo que aprovecharon sus adversarios en el congreso para buscar su suspensión.
La reciente deserción del Vicepresidente Temer selló su destino, pues le proporcionó a sus oponentes en la Cámara Baja un bloque fundamental de votos que necesitaban para seguir adelante con el juicio político.
Pero Temer puede ser aún menos popular que Rousseff, según una encuesta reciente que muestra que solo el 2 por ciento de los brasileños votarían por él. Y también se enfrenta a sus propios problemas legales: un tribunal electoral le ordenó este mes que pagara una multa por violar los límites de dinero de su campaña.
El fallo también podría significar que Temer estaría inhabilitado para aspirar a cargos electivos durante ocho años, y daría lugar a la increíble situación de que un político que no puede hacer campañas electorales esté al mando del país.
Solventar la economía, lo que puede requerir la adopción de medidas de austeridad impopulares, es solo uno de los desafíos que enfrenta Temer, de 75 años. Los críticos han expresado su preocupación porque algunos de sus asesores están siendo investigados, incluyendo a Romero Juca, un senador del estado de Roraima en el Amazonas, y Geddel Vieira Lima, exejecutivo de uno de los mayores bancos públicos de Brasil.
Temer ha insistido en que las investigaciones no le impedirán incluir a esos asesores como miembros de su gabinete. Muchos líderes empresariales y economistas han expresado sus esperanzas de que Temer consiga el apoyo del congreso para lograr cambios como la reducción de las pensiones federales, la privatización de empresas estatales y la modificación de las leyes laborales que, para algunos críticos, obstaculizan el crecimiento económico.
“Temer tiene 100 días para hacer frente a este desastre”, dijo Marcos Troyjo, un director de la BRICLab en la Universidad de Columbia, que se centra en el estudio de Brasil, Rusia, India y China.
A pesar de los cargos en su contra, Rousseff es de los pocos políticos de Brasil que no enfrenta acusaciones personales de enriquecimiento ilegal.
Eduardo Cunha, el poderoso expresidente de la Cámara Baja que inició el proceso de destitución, fue obligado por el Tribunal Supremo a renunciar la semana pasada para ser juzgado por cargos que lo acusan de haber recibido 40 millones de dólares en sobornos.
Su remplazo, Waldir Maranhão, es acusado de aceptar sobornos en el esquema de corrupción que rodea a la empresa estatal de petróleo, Petrobras. Y Renan Calheiros, el líder del senado, también está bajo investigación por el escándalo de Petrobras. Aparte de eso, también ha sido acusado de evasión de impuestos y de permitir que un grupo de presión pagara la manutención de una hija que tuvo en una relación extramatrimonial.
Aunque los líderes del partido de Rousseff están muy debilitados, están decididos a ser una piedra en el zapato del gobierno entrante, que muchos consideran ilegítimo. En declaraciones a los periodistas afuera de la cámara del senado, el senador Humberto Costa, líder de la bancada del Partido de los Trabajadores, dijo que no le quedó más remedio que practicar el obstruccionismo.
“Vamos a tratarlos con el mismo tipo de oposición que le imponen a nuestro gobierno”, dijo. “No hay otro camino para nosotros”.
Fuente: The New York Times