Una cosa lleva a la otra. El rechazo a los políticos obedece en gran medida a la corrupción.
Esta prospera cuando existe impunidad, la que, a su vez, obedece a la venalidad de muchos jueces y fiscales. Que estos sean nombrados y no sean sancionados cuando incurren en una irregularidad es responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya actuación, buena o mala, honesta o deshonesta, depende de quiénes lo conforman.
En otras palabras, la suerte de nuestra política depende de manera importante de la composición del CNM.
Es inconcebible, entonces, que la reforma política, pregonada por tirios y troyanos, no contemple también, de modo crucial, una modificación constitucional para reestructurar el CNM. Actualmente, en virtud del sistema de elección de sus miembros, llegan a ese organismo personajes que terminan reuniéndose con magistrados que tienen que evaluar, que son enjuiciados por no pagar pensiones de alimentos, o que son arrestados por apoderarse de manera violenta de un inmueble, entre muchos otros. El resultado ha sido, a lo largo de todos estos años, una serie de decisiones cuestionables que han favorecido a jueces y fiscales protagonistas de graves casos de irregularidades y/o de corrupción. Ello no obstante la presencia de consejeros de actuación honorable, pero que, está visto, han sido una minoría. La decisión de suspender a Carlos Ramos, adoptada en medio de un escándalo de tales proporciones que era imposible pasar por alto, no cambia la situación.
El Congreso, en vez de acusar recibo de esa terrible realidad y de encararla, ha preferido irse por la tangente, prohibiendo la reelección de los ahora rebautizados “gobernadores regionales” y de los alcaldes, como supuesto gran aporte a la lucha contra la corrupción. Se finge así ignorar que si esta se ha enraizado en Áncash, Tumbes y otros lugares, ha sido gracias a la complicidad de jueces y fiscales, incluyendo a algunos del más alto nivel. La reelección no tiene nada que ver en ello.
El politólogo Carlos Meléndez señaló en una columna publicada hace varias semanas en El Comercio, que el Perú requería de un shock institucional. El domingo pasado, Felipe Ortiz de Zevallos, en el mismo diario, también se refirió a la necesidad de priorizar el reforzamiento de la institucionalidad y del Estado de derecho. Bueno, pues, parte importantísima del shock institucional debería ser que los que tienen en sus manos el nombramiento y sanción de jueces y fiscales constituyan una fuerza de élite, es decir, que sean personalidades irreprochables y que gocen de prestigio. Ello solo puede ser alcanzado mediante una alianza entre entidades de la sociedad civil y el Congreso, para reformar la Constitución, de tal manera que sean los parlamentarios los que designen a los miembros del CNM, bajo la vigilancia de las primeras y de la calle, de ser necesario, como se dio tras el episodio de la “repartija”. Por cierto, una disposición transitoria debería poner fin al mandato de los actuales consejeros y los que sean designados en los próximos meses, para lo cual tal vez sea necesario crear un nuevo organismo que reemplace al CNM.
Hay consenso en que no podemos seguir como estamos. Un país es inviable si no se instaura un grado de confianza razonable en su sistema de justicia. Actuemos entonces en consecuencia ya mismo.
Fuente: Francisco Belaunde Matossian.